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Miles de turistas abarrotan playas mexicanas: ocupación hotelera hasta el 60% a pesar del COVID-19

La Secretaría de Salud había solicitado evitar aglomeraciones de personas para prevenir una tercer ola de coronavirus en México

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Este domingo 4 de abril terminó el fin de semana largo por motivo de la Semana Santa en México, un periodo vacacional que suele convocar miles de mexicanos en las principales playas del país; sin embargo, por la presencia del COVID-19, la sugerencia de la Secretaría de Salud (SSa) fue evitar las aglomeraciones para evitar una tercera oleada de casos.

A pesar de que esto pudiera generar una nueva crisis por el nuevo coronavirus, miles de mexicanos decidieron acudir a playas, balnearios y centros turísticos de diversos puntos de la república, elevando los números de ocupación hotelera por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias.

En la mayoría de los estados de la república el semáforo epidemiológico, instrumento de medición que determina el factor de riesgo infeccioso, indica color amarillo y naranja, lo cual quiere decir que las actividades sociales no deben de ser reanudadas como antes de la pandemia, sino que deben de estar bajo estrictos métodos de control; no obstante, los bañistas hicieron presencia en las playas del país.

De acuerdo con la página del gobierno federal, el indicador naranja refiere que “además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido”.

Por su cuenta, el color amarillo indica que “todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19”.

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Estas consideraciones contrastan con lo referido por la Secretaría de Turismo del estado de Guerrero, ya que indica que en Acapulco, la ocupación de la zona tradicional está al 45.3%; mientras que en la diamante llegó al 38.7%; y, finalmente, en la zona dorada al 51.4 por ciento.

Por su cuenta, en el estado de Quintana Roo la ocupación hotelera de Cancún llegó al 63.2%, mientras que en la zona de la Riviera Maya se posicionó en el 38.7%, en Cozumel se llegó al 53.2% y en la Gran Costa Maya se alcanzó el 29.8 por ciento.

Cabe recordar que el sector turístico fue uno de los más afectados con la llegada de la pandemia, pues por disposición oficial entró en vigor la Jornada Nacional de Sana Distancia, misma que promovía las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia restrictiva para actividades sociales no esenciales e incentivaba el distanciamiento social.

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De tal modo que a partir de Marzo del año pasado, resultaba casi imposible acudir a cualquier centro turístico en cualquiera de sus vertientes. Fue por esto que el sector hotelero, restaurantero y de entretenimiento sufrieron grandes pérdidas de recursos.

Por lo que reiniciar operaciones en esta semana resultó crucial para diversos empresarios que operaban en números rojos desde agosto del 2020 derivado de la baja afluencia turística tanto nacional como internacional. Ahora, con el periodo de reactivación se espera que estas industrias puedan recuperarse del embate económico que trajo consigo el SARS-CoV-2; no obstante, continúa latente la amenaza de un nuevo repunte por los miles de vacacionistas. En todo caso, estos números comenzarán a manifestarse dentro de unas semanas, que es el periodo de incubación asintomática del COVID-19.

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Trump visita centro migrante rodeado de caimanes: “Solo hay vuelo de ida”

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Durante una visita oficial el 1 de julio, el presidente Donald Trump recorrió un nuevo centro de detención de migrantes en Ochopee, Florida, apodado informalmente “Alcatraz de los caimanes”.

La instalación, ubicada en una zona remota de los Everglades y rodeada de fauna salvaje como caimanes, fue presentada como un símbolo de su política migratoria más estricta.

El centro, construido sobre una antigua pista de aterrizaje, tiene capacidad para hasta 5.000 detenidos y está diseñado para facilitar deportaciones rápidas. Trump, acompañado por el gobernador Ron DeSantis y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, defendió el lugar como una solución “eficiente y segura”, mientras bromeaba sobre los caimanes como “guardias naturales” que disuadirían intentos de fuga.

La frase que más resonó fue: “La única salida es un vuelo de ida”, en referencia al aislamiento del centro y su función como punto de deportación directa. Sin embargo, la visita generó fuertes críticas de activistas, comunidades indígenas y defensores del medio ambiente, quienes denunciaron el impacto ecológico y el mensaje “cruel” que representa esta instalación.

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Trump busca retirar la nacionalidad a migrantes con delitos civiles

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La administración de Donald Trump ha lanzado una nueva ofensiva migratoria al proponer la revocación de la ciudadanía estadounidense a migrantes naturalizados que hayan cometido delitos civiles.

Según un memorando del Departamento de Justicia fechado el 11 de junio, se insta a los fiscales a priorizar los procesos de desnaturalización en casos que incluyan delitos como fraude financiero, tráfico de personas, delitos sexuales, pertenencia a cárteles de droga o incluso violaciones a programas como Medicaid y Medicare.

Lo más polémico es que estos procedimientos se llevarían a cabo por la vía civil, lo que significa que los acusados no tendrían derecho a un abogado, a diferencia de los procesos penales. Además, el documento otorga amplia discrecionalidad a los fiscales para decidir qué casos procesar, lo que ha generado preocupación entre expertos legales por el riesgo de arbitrariedad y violaciones a los derechos fundamentales.

La medida ha sido comparada con prácticas de la era McCarthy, cuando se utilizó la desnaturalización como herramienta política. Aunque la desnaturalización no es nueva, también se aplicó durante el gobierno de Obama en casos de fraude migratorio. Esta nueva directiva amplía su alcance y la convierte en una de las cinco prioridades del Departamento de Justicia bajo la actual administración.

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