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Crímenes contra la Humanidad en Venezuela: la fiscal espera anunciar una decisión “en días”
Fatou Bensouda espera anunciar si abre o no una investigación contra el dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del régimen
La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, espera anunciar si abre o no una investigación contra la dictadura de Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resuelva una solicitud del país caribeño, algo que confía en que suceda “en cuestión de días”.
“El asunto está ahora a la espera de los jueces y no hay mucho más que pueda decir, al menos en esta etapa”, dijo Bensouda, que confía en poder hacer pública su decisión sobre el país caribeño “antes de que finalice” su mandato, es decir, antes del 15 de junio.
El examen preliminar de la Fiscalía de la CPI, abierto a Venezuela en febrero de 2018, estudia supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017. Las pesquisas de la Fiscalía de La Haya “han avanzado significativamente”, aseguró la jurista.
Su inminente decisión tiene, en principio, dos posibles salidas: clausurar el expediente o convertir el actual examen preliminar en una investigación por crímenes de lesa humanidad. No obstante, jerarcas venezolanos entregaron el mes pasado una solicitud de control judicial ante los magistrados de la CPI en la que se quejaron de trato “discriminatorio” y “desigual” respecto al que reciben otros países que también se encuentran bajo examen preliminar, según el fiscal general del régimen, Tarek Saab.
Bensouda dijo que no podía “ignorar” la reclamación de Caracas y ha presentado una respuesta incluyendo “ejemplos y estadísticas del compromiso que hemos tenido con Venezuela durante todo este tiempo”.
“Sobre la afirmación de que mi oficina no se ha relacionado con Venezuela, de que no ha sido transparente o no ha dado información, puedo decir categóricamente que es incorrecta”, aseveró la fiscal jefa de La Haya.
Aunque Caracas anunció públicamente la solicitud de control judicial, la entrega de la documentación se ha tramitado de forma confidencial, por lo que se desconoce en qué fecha se pronunciarán los jueces.
Crímenes de lesa humanidad
Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen “fundamentos razonables para creer” que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.
En los últimos meses, su oficina ha estudiado si la Justicia de ese país ha llevado a cabo indagaciones genuinas sobre esos abusos, una circunstancia que evitaría la competencia de la CPI. Si la fiscal jefa de La Haya diera el visto bueno a la investigación, esta arrancaría directamente y no necesitaría de la aprobación de los jueces debido a que seis países -Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá- remitieron la situación venezolana al tribunal en 2018.
Caracas ha invitado a la Fiscalía de la CPI a visitar Venezuela, pero asegura que no ha recibido respuesta. El Gobierno lo considera un agravio comparativo respecto a Colombia, país al que delegaciones de La Haya han acudido en varias ocasiones por el examen preliminar que tiene abierto este país.
“Por el momento no nos parece sumamente relevante ir a Venezuela para completar nuestra evaluación de la situación y el examen preliminar”, respondió Bensouda, que será relevada por el británico Karim Khan para los próximos nueve años.
Por otro lado, la Fiscalía de la CPI tiene abierto un segundo examen preliminar, impulsado el año pasado por la dictadura de Nicolás Maduro, en el que se acusa a Estados Unidos de crímenes de lesa humanidad por las sanciones económicas impuestas a Venezuela.
Bensouda explicó que los dos expedientes sobre el país caribeño se han tramitado hasta el momento por separado, pero que esto “podría cambiar” en un futuro porque ambos “parecen superponerse, al menos tanto en términos geográficos como temporales”.
(Con información de la agencia EFE).-
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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.
Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.
En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.
Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.
En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.
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Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa
El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios
El buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.
En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.
Según los videos y fotografías tomadas desde la costa, el buque se desplomó de proa luego de encallar y no pudo recuperar su capacidad de flotación ni liberarse por sus propios medios. La embarcación quedó varada cerca de la playa, con el agua cubriendo parte importante del casco.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensani el Comando Estratégico Operacional de la FANB han emitido un comunicado sobre el episodio ni sobre la situación de la tripulación.
El Capana T-61 es uno de los cuatro buques de desembarco clase Capana-Alligator, encargados originalmente a astilleros de Corea del Sur en 1982 y en servicio desde 1984. Con un desplazamiento de 4.070 toneladas, 104,8 metros de eslora y una capacidad operativa para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados, estos buques están equipados para mover tropas y material en grandes volúmenes.
Su dotación regular es de 130 tripulantes, aunque en esta operación se estima que llevaba más de 300 personas entre militares y personal de apoyo, según reportes extraoficiales.
Entre 2020 y 2023, el ARV Capana fue sometido a una revisión de media vida en los astilleros nacionales DIANCA, culminando en abril de 2023. El proceso incluyó la modernización de sistemas de armamento, motores, compartimientos, comunicaciones, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otras áreas críticas.
“El barco fue actualizado y puesto nuevamente en servicio tras una amplia modernización que costó varios años”, informó un reporte oficial sobre las tareas de mantenimiento.
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