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Florida multará a los comercios que exijan a sus clientes que estén vacunados

El próximo 16 de septiembre entra en vigor la ley estatal que permite imponer hasta 5 mil dólares en multas a los comercios o empresas que exijan a sus clientes estar vacunados contra el COVID 19 para atenderlos

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El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene una cruzada contra los llamados pasaportes sanitarios o pruebas de vacunación. En el estado de Florida, por orden del gobernador, ni los gobiernos locales ni los negocios particulares pueden exigir al público o a los clientes que estén vacunados contra el COVID-19 para permitirles acceso o servicios.

A comienzos de año, tras casi diez meses de pandemia, la legislatura estatal aprobó la ley SB 2006 que le prohíbe a los gobiernos, comercios y escuelas exigir pruebas de vacunación. En mayo pasado, el gobernador DeSantis firmó la ley que entrará en vigor el próximo 16 de septiembre.

Basado en esta ley, el departamento de salud de la Florida podrá emitir multas a quienes estén pidiendo pruebas de vacunación. Desde este departamento ya se ha confirmado que las multas serán de 5 mil dólares (lo máximo que autoriza la ley), por cada individuo y cada violación a la ley que se compruebe. Es decir, si un comercio indica que para ingresar en su predio un cliente debe demostrar que está vacunado, entonces se le cobrarán 5 mil dólares por cliente, no 5 mil dólares en total.

Quienes reciban estas multas tendrán la posibilidad de ir a corte y apelar el caso, en un sistema idéntico a lo que ocurre con las infracciones de tránsito. Si el juez ratifica la multa, el infractor tendrá 30 días para pagarla.

La ley deja abierta la posibilidad de que las empresas le exijan estar vacunados, y demostrarlo, a sus empleados. El gobernador tampoco está de acuerdo con esto, alegando que estas medidas van en contra de las libertades individuales. Desde el otro lado de la disputa, alegan que los comercios y empresas privadas tienen derecho a decidir cómo manejar su negocio, bajo el concepto de la libertad de mercado.

vacuna

El caso de las escuelas es aún más complicado. Las vacunas están disponibles para mayores de 12 años, aunque entre los 12 y los 15 años menos de la mitad de la población se ha inoculado. En Florida, las escuelas no pueden exigirles a los alumnos estar vacunados contra el COVID-19, aunque desde hace décadas las escuelas públicas de la Florida exigen calendario de vacunación completo para permitirle a un niño acceder a clases.

En este momento Florida es el estado número 19 de la nación en el ranking de vacunación. Según el propio gobierno estatal, el 68% de la población elegible para recibir la vacuna tiene hasta ahora al menos una dosis puesta. Está claro que desde hace meses no hay mayores restricciones para ser inoculado en Florida, por lo que quienes no se han vacunado no lo han hecho por una decisión personal.

El caso más resonado en esta disputa es el de las compañías de cruceros. La empresa Norwegian Cruise Lines demandó a la Florida por no permitirles pedir prueba de vacunación a sus pasajeros y en primera instancia ganó. DeSantis ha apelando el fallo pero, por ahora, los cruceros pueden pedir prueba de vacunación a quienes se suben a uno de sus barcos desde un puerto de Florida -que a su vez es el principal centro de operaciones para esta industria-.

La empresa organizadora de conciertos, Live Nation, por el momento mantiene su política de pedir prueba de vacunación o examen de COVID negativo a quienes se acerquen a uno de sus eventos. Si el departamento de salud empieza a imponer estar multas, una empresa como Live Nation que en cada evento tienen unas cinco mil personas, se enfrenta a pagar millones de dólares en penalidad.

Por el momento, todo parece indicar que a partir del 16 empezarán a llegar las multas, aunque como todo en tiempos de COVID puede llegar a cambiar de un minuto a otro.

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Protestas en Los Ángeles: El pueblo rechaza redadas a inmigrantes

Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad.

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Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad. La tensión comenzó el pasado 9 de junio, cuando el gobierno federal decidió implementar una serie de redadas sorpresa en comunidades con alta concentración de inmigrantes, llevando así al arresto de más de 100 personas en los primeros operativos.

Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decidió llevar el asunto a los tribunales para bloquear el despliegue de tropas, considerando que era ilegal e inconstitucional y que vulneraba tanto los derechos de los inmigrantes como la autonomía del estado de California.

A lo largo de la semana, grupos de ciudadanos, comunidades latinas y asociaciones de defensa de los derechos humanos marcharon en varias zonas de Los Ángeles para expresar en forma pacífica pero contundente el rechazo de lo que consideran una persecución injustificada hacia los más vulnerables.

La mayoría de las protestas se han mantenido en forma pacífica, pero en determinados puntos se produjeron enfrentamientos aislados, detenciones y el uso de gas pimienta para dispersar multitudes. La opinión pública en el estado continúa muy dividida en torno a la gestión de esta crisis.

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Niña mexicana recibe permiso humanitario en EE.UU. para seguir tratamiento médico

La menor fue diagnosticada con síndrome de intestino corto, una afección que impide la absorción adecuada de nutrientes

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Una niña de cuatro años nacida en México, diagnosticada con síndrome de intestino corto, podrá permanecer legalmente en Estados Unidos por un año adicional, tras la intervención de autoridades migratorias estadounidenses.

La menor, identificada como S.G.V., había sido notificada en abril de 2025 de la revocación de su permiso humanitario, una medida que también afectó a su madre, Deysi Vargas. Ambas ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023 por razones médicas.

El caso fue reportado por distintos medios, luego de que la familia alertara que una posible deportación interrumpiría el tratamiento especializado que mantiene con vida a la menor. La condición médica, según médicos tratantes, requiere 14 horas diarias de nutrición intravenosa y no puede ser replicada en México debido a la falta de infraestructura hospitalaria y personal especializado para la atención ambulatoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó oficialmente el 3 de junio que la familia había recibido una extensión del permiso humanitario por un año, hasta el 1 de junio de 2026. La decisión llegó después de una campaña pública de respaldo, incluyendo una carta firmada por 38 legisladores del Congreso de EE.UU. y gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano.

¿Por qué fue revocado el permiso humanitario de la niña mexicana?

Según NBC News, la familia recibió una notificación oficial en abril de 2025 informando que su permiso humanitario había sido cancelado antes de la fecha de vencimiento original, junto con la autorización para trabajar. El documento advertía que, si no abandonaban voluntariamente el país, serían sujetos a procesos legales y posibles acciones penales, multas civiles y deportación.

La revocación fue parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a revertir programas migratorios implementados durante el gobierno de Joe Biden. Los Angeles Times reportó que miles de personas en situación similar recibieron comunicados con el mismo contenido, incluyendo instrucciones para utilizar la aplicación migratoria CBP Home, un sistema promovido para la auto expulsión voluntaria.

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