Una llamada de auxilio de varias colombianas atrapadas en México por una red de trata de personas ha llevado a la captura de uno de los proxenetas más buscados a nivel mundial. Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, un cubano-mexicano, fue detenido en Medellín, donde vivía en una lujosa mansión en el exclusivo sector de El Poblado.

Fernández Viamonte, conocido por su alta relevancia criminal en América, estaba solicitado por el gobierno mexicano por su implicación en la trata de personas. Según las investigaciones, el criminal, que se había establecido en Colombia desde 2019, se presentaba como un empresario de gastrobares en el parque Yas de Medellín, donde poseía cuatro establecimientos.

El modus operandi de Fernández Viamonte consistía en captar mujeres bajo falsas promesas de empleo en México. A través de redes sociales y de sus negocios en Colombia, ofrecía trabajos en bares de Yucatán, prometiendo salarios de entre 3,000 y 5,000 dólares semanales. Sin embargo, al llegar a México, las condiciones cambiaban drásticamente. Las mujeres eran transportadas a Mérida, Yucatán, donde eran recibidas por Soledad Alejandri Peña, conocida como «la capitana», y llevadas a casas de seguridad.

Una vez allí, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias y documentos, y se les obligaba a firmar contratos de deuda que equivalían a 178,000 pesos mexicanos (aproximadamente 40 millones de pesos colombianos). Se les imponían multas severas y golpes, lo que hacía que el endeudamiento fuera prácticamente imposible de saldar. Las mujeres eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas y a posar en catálogos de redes sociales.

Fernández Viamonte, quien llevaba una vida de lujos en Medellín con dos camionetas de alta gama y un patrimonio superior a 8,000 millones de pesos, fue rastreado gracias a su ostentosa vida y sus visitas diarias al gimnasio, donde también intentaba captar víctimas.

La investigación en torno a esta red de trata ha llevado a la instalación de una unidad especializada de Interpol en Medellín. Las autoridades han encontrado indicios de corrupción dentro de las autoridades migratorias en México, complicando aún más la lucha contra este delito.