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México: hubo acuerdo entre entre EEUU y líderes del Cártel de Sinaloa para recientes arrestos

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El gobierno mexicano dijo el martes que hubo un acuerdo entre Estados Unidos y algún miembro del Cártel de Sinaloa para la entrega de, al menos, Joaquín Guzmán López, hijo del exlíder de la organización encarcelado en Estados Unidos, detenido el pasado 25 de julio al llegar en un avión privado a Texas junto con el histórico capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada.

“Esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia diaria matutina sin aclarar quienes eran “estas personas”.

“El mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación cuando menos con uno de los personajes, con Joaquín Guzmán López”, agregó dejando abierta la posibilidad de que Zambada también se hubiera entregado o hubiera podido negociar.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, añadió que algunas de las personas que negociaron estaban presas y otras en libertad, y confirmó que una de las personas que negoció era Joaquín Guzmán López y otra, su hermano Ovidio, detenido y extraditado a Estados Unidos el año pasado.

Según Rodríguez, Ovidio Guzmán López obtuvo recientemente un cambio en su medida cautelar pero sigue bajo custodia estadounidense lo que, a su juicio, podría indicar que está actuando como testigo protegido.

Al ser consultada el martes si “El Chapo” podría haber participado en la negociación, Rodríguez no contestó.

Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del capo que forman la facción del cártel conocida como “Los Chapitos”, había barajado en varias ocasiones la posibilidad de entregarse a las autoridades estadounidenses, según las datos recibidos por México después de los arrestos.

Washington no ha ofrecido información pública oficial sobre la detención de los dos narcotraficantes que ya han sido presentados ante las cortes de ese país —Zambada en El Paso; Guzmán López en Chicago— acusados de varios cargos vinculados al tráfico de droga. Ambos se han declarado inocentes.

Sin embargo, México ha ido divulgando la información que le llega de las autoridades del país vecino aunque intentando no tensar las ya complicadas relaciones entre ambos países en materia de seguridad .

Las versiones sobre los arrestos de Zambada y Guzmán López se han multiplicado en las últimas semanas mientras el gobierno mexicano insiste en saber cómo subieron los dos acusados al avión privado que los llevó a Texas.

Funcionarios estadounidenses conocedores del caso han hablado con diversos medios siempre de forma anónima por no estar autorizados a comentar el tema.

AP reportó que Zambada fue engañado para subir a la aeronave y un abogado de “El Mayo” denunció ante la prensa que su cliente había sido secuestrado y metido en el avión. El presidente aseguró que la fiscalía ya investiga si hubo tal secuestro.

Otros medios de comunicación han publicado que fue el hijo de “El Chapo” quien engañó a Zambada o han apuntado a que un político sinaloense recientemente asesinado —según las autoridades por un intento de robo— podría haber estado involucrado en la trampa contra “El Mayo”. También hay versiones que apuntan a que el narcotraficante, de 76 años, que estaba enfermo y apareció en sus primeras audiencias en silla de ruedas, optó por entregarse.

El propio presidente mexicano no descartó de que pudiera haber tenido lugar una operación encubierta estadounidense en territorio mexicano aunque, reconoció, que no tienen pruebas de ello.

Como ha ocurrido durante otros juicios, el proceso abierto contra “El Mayo”, uno de los narcotraficantes mexicanos más influyentes y con mayor poder de corrupción, abre la posibilidad de que surja información sobre sus contactos con autoridades.

En este sentido, López Obrador dijo que ayudará que se sepa quién le protegía “y también los acuerdos con las agencias de Estados Unidos”. En el caso de su gobierno, se mostró confiado. “Nosotros hemos pintado la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad; no hay vínculos, no hay relaciones de complicidad con nadie”.

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Latinos

Migrantes reciben órdenes de deportación en ausencia tras perder audiencias judiciales

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Miles de migrantes estarían enfrentando consecuencias legales después de no presentarse a sus audiencias en tribunales de inmigración. En algunos casos, las personas aseguran que nunca recibieron correctamente los avisos con la fecha y el lugar de la audiencia.

Un estudio ha identificado situaciones en las que los inmigrantes recibieron posteriormente órdenes de deportación en ausencia y multas que pueden alcanzar hasta los 5,000 dólares.

El problema se relaciona, en parte, con fallas en el sistema de notificaciones postales y con cambios en las fechas o lugares de las audiencias. Para muchos inmigrantes, una notificación que no llega a tiempo puede tener consecuencias extremadamente graves.

Abogados de inmigración recomiendan que las personas con casos pendientes mantengan actualizada su dirección ante las autoridades, revisen constantemente el estado de sus procesos y consulten con un profesional especializado ante cualquier duda.

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Latinos

Nuevas advertencias a los bancos podrían dificultar el acceso al crédito para personas sin documentos

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Nuevas guías emitidas por reguladores financieros estadounidenses advierten a las instituciones bancarias sobre los riesgos asociados con la concesión de préstamos a personas que no cuentan con documentación migratoria regular.

Aunque las directrices no necesariamente prohíben que los bancos otorguen créditos a inmigrantes indocumentados, sí podrían generar mayor cautela por parte de las instituciones financieras al evaluar solicitudes de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos bancarios.

Para muchos inmigrantes, el acceso al sistema financiero formal ya representa un desafío. La posibilidad de enfrentar mayores restricciones podría obligar a más personas a depender del dinero en efectivo, una situación que puede dificultar la compra de viviendas, vehículos y otros bienes importantes.

Organizaciones comunitarias advierten que limitar el acceso al crédito podría aumentar la dependencia de alternativas financieras más costosas y, en algunos casos, de prestamistas informales.

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