Por medio de un comunicado, un grupo de abogados de varias partes del mundo presentaron una denuncia a la Corte Penal Internacional (CPI) contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela; en dicha misiva, acusan al mandatario de varios crímenes de lesa humanidad en el vecino país. En el texto, piden a la comunidad internacional intervenir de inmediato para detener las violaciones de derechos humanos que, según el documento, son sistemáticas y dirigidas por el régimen chavista.

La carta denuncia cómo, sistemáticamente, el régimen venezolano efectuaba torturas, arrestos arbitrarios y hasta ejecuciones extrajudiciales, las cuales estarían siendo cometidas por la fuerza pública ligada al gobierno de Maduro, así como a otros colectivos armados asociados a la dictadura. “Estas violaciones no son incidentes aislados, sino más bien reflejan un patrón amplio y deliberado de represión”, dice el texto.

Los juristas señalan al régimen directamente al asegurar que “los responsables de estos crímenes ocupan altos cargos en el gobierno, lo que indica una política de Estado dirigida a la represión de la disidencia”, y que entre las víctimas de los crímenes cometidos por la dictadura hay tanto mujeres, discapacitados, personas mayores, indígenas y otros grupos vulnerables, según dice el texto.

Sobre el fraude electoral cometido por la dictadura el pasado 28 de julio, y denunciado por la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González, los expertos ponen sobre la mesa al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad encargada de publicar los resultados de los comicios y que legitimaron a Maduro como ganador, y al que tachan como “instrumentalizado para legitimar procesos fraudulentos y mantener el control político en Venezuela”.

“Los venezolanos se enfrentan a una política de Estado criminal, claramente anunciada por el propio Nicolás Maduro en sus últimos discursos sobre la amenaza de un ‘baño de sangre’ si no era reconocido como el ganador de las elecciones”, dice el documento acerca del acelerado aumento de la represión y persecución a miembros de la oposición y manifestantes civiles por parte de las fuerzas armadas venezolanas y grupos paramilitares.

En medio de este contexto de violencia y represión, los firmantes de la denuncia solicitan a la Corte Penal Internacional que emita de forma inmediata órdenes de arresto contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en los cuales señalan a Nicolás Maduro y a los allegados del régimen, como Diosdado Cabello o el jefe de las fuerzas armadas, Vladimir Padrino.

Este fin de semana se registraron multitudinarias protestas en Venezuela, varios países de América Latina y Europa en los que se reclama por el fraude electoral que le dio el triunfo a Nicolás Maduro. Mientras tanto, la ONG Foro Penal ha informado este sábado que contabilizó 1.503 arrestos “verificados e identificados”, desde el 29 de julio, día siguiente a las elecciones presidenciales de Venezuela en las que la oposición denuncia un supuesto fraude por el que ha sido proclamado presidente electo Nicolás Maduro.

Entre los detenidos hay 129 adolescentes, entre los 12 y 17 años, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres, según la clasificación del organismo, que destaca que el balance incluye las detenciones registradas en el marco de la “represión de protestas en contexto postelectoral” desde el 29 de julio hasta las 10.00 horas del 18 de agosto.