Mundo
En un 42 % se incrementaron los crímenes en contra de defensores de Derechos Humanos
De acuerdo con cifras de las ONG Somos Defensores, en 2022 hubo 197 homicidios más de estas personas en el país de Colombia.
Una de las razones que provocó el descontento social en Colombia durante los últimos dos años del gobierno del expresidente Iván Duque y que desembocó en el paro nacional fue la poca efectividad para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos, y aunque con el cambio de mandatario se esperaba que este flagelo parara, lo cierto es que con la administración de Gustavo Petro, que ha mostrado intención de frenar el exterminio de estas personas, la grave situación humanitaria permanece igual.
De acuerdo con el informe anual de la organización Somos Defensores, en 2022 hubo un incremento del 42 % en los homicidios de estas personas que trabajan por los mínimos humanitarios de quienes habitan en el territorio nacional, con 197 crímenes más con respecto al 2021.
Esta cifra, que es similar a la reportada por otros organismos como la Defensoría del Pueblo (215) o Indepaz (189), “casi iguala la cifra del 2020 cuando se registraron 199 asesinatos, el número más alto de personas defensoras asesinadas en un año confirmado por nuestro sistema de información”, destacaron en la ONG.
“Para el Programa Somos Defensores sigue siendo de suma preocupación la persistencia de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales y en especial el incremento de un 42 % de los asesinatos en el 2022 en relación con el 2021″, afirmó Lourdes Castro, coordinadora de la organización.
En 2022 se confirmó “una tendencia de persistencia de la violencia selectiva en el país”, ya que además de los asesinatos se produjeron “840 agresiones de diferente tipo que muestran la diversidad de hechos violentos a los que se enfrentan los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos”.
“Se reconoce que todas las formas de violencia son graves y generan afectaciones a las vidas de quienes defienden los derechos”, afirma el informe, que pone especialmente su preocupación en los asesinatos.
“Que este tipo de casos siga incrementándose preocupa porque decenas de personas siguen siendo asesinadas cada año y los procesos sociales de los que hacían parte se ven seriamente afectados sin que existan medidas efectivas para frenar esta situación”, se extrae del documento.
Año de transición
El año pasado fue un año de transición o “cambio de partitura” como lo denomina el informe, donde el Gobierno del uribista Iván Duque, cuyo partido se opuso al acuerdo de paz con las FARC, dio paso al primer presidente de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, lo que no ha supuesto, como resaltan, una bajada en la muerte de defensores.
Somos Defensores aseguró que Duque dejó un legado que “no pudo ser peor” con el “crecimiento y expansión de las estructuras armadas al margen de la ley durante su gobierno”, por lo que cuando Petro cogió la batuta lo hizo con “un panorama de reconfiguración de las dinámicas de conflicto armado con una geometría variable territorial compleja”.
El Gobierno de Petro tomó este panorama “a ritmo de jazz”, recuerda Somos Defensores, como una forma de mostrar los “giros inesperados y desafíos que implica explorar con todas las estructuras armadas al margen de la ley posibilidades para que dejen de serlo, con miras a desescalar el conflicto y así disminuir en lo inmediato las agresiones que sufren las comunidades”.
“Nos encontramos así en un interludio en el que la melodía es diferente a la que sonaba en años anteriores, más calmada, más esperanzadora”, asegura el informe, pero eso no quita que, como recogen las palabras de Hernando Toro, fiscal encargado de la Unidad Especial de Investigación (UEI), 2022 “fue el más cruel para los líderes sociales en cuanto a cantidad de asesinatos”.
Castro reconoció “la voluntad política del actual Gobierno para hacer frente a la situación”, con políticas como el plan de emergencia para la protección para personas defensoras, liderazgos sociales y firmantes de paz.
Estas políticas, según Somos Defensores, no se han trasladado a los órganos de control e investigación. La Fiscalía, por ejemplo, no avanza lo suficiente en la investigación de los asesinatos y otros órganos, como la Procuraduría “continúan en deuda con la situación”.
Pero consideró necesaria una evaluación conjunta entre organizaciones y el Gobierno del “impacto real de su implementación para hacer los ajustes y cambios que se estimen pertinentes” en el marco de la paz total.
Mundo
México ha entregado a EEUU a 55 líderes de cárteles de droga en operaciones secretas durante el 2025
El operativo incluyó sigilo extremo, drones de vigilancia y sustitución de personal penitenciario. Las autoridades temían fugas, atentados y motines de último minuto
En una de las operaciones conjuntas más ambiciosas entre México y EstadosUnidos, 55 líderes de cárteles mexicanos fueron entregados este año a la justicia estadounidense en dos misiones bajo estrictas medidas de seguridad. La acción, resultado de una presión diplomática ejercida principalmente por la administración de Donald Trump, representa un golpe a las estructuras criminales y un giro en la cooperación bilateral frente al tráfico de drogas.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), los reos trasladados representan las cúpulas de organizaciones como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Entre los extraditados figuran nombres emblemáticos como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y prófugo de la justicia estadounidense por décadas.
Durante sus estancias en prisiones de México, estos reclusos contaban con redes de corrupción que les permitían acceso a armas, drogas, mujeres y dispositivostelefónicos. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, desde sus celdas coordinaban el envío de toneladas de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de ordenar homicidios y secuestros.
El proceso de extradición se mantuvo en completo sigilo ante el temor de fugas, motines y posibles atentados contra los propios capos, quienes representaban riesgos de filtración de información sensible. “Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México”, señaló Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La transferencia de los líderes criminales requirió la movilización de 2.000 efectivos de fuerzas especiales mexicanas. “Fue una misión que no podía fallar. Cualquier filtración habría encendido alarmas y disparado la violencia”, aseguró un alto funcionario mexicano al WSJ.
El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. “Welcome to America!”, exclamó Maltz al recibir al primer grupo de extraditados. Los raslados se ejecutaron en dos bloques: la primera hace nueve meses y la segunda en agosto. Los prisioneros desembarcaron en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C..
Entre los extraditados sobresalen los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, organización responsable de una oleada de violencia. Conforme a fuentes oficiales mexicanas, los Treviño controlaban desde prisión una red de más de 600 internos y han sido vinculados al asesinato de 18 custodios penitenciarios.
Mundo
Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos y se esconde en múltiples lugares ante el temor de un ataque de Estados Unidos
El dictador chavista ha cambiado su rutina, teléfonos y lugares de descanso, y ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado de manera significativa su seguridad personal, incluyendo el cambio de lugar donde duerme, y ha recurrido a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país.
Así lo confirman varias personas cercanas al gobierno venezolano. Describen un clima de tensión y preocupación dentro del entorno íntimo del mandatario, aunque aseguran que Maduro considera que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave en sus 12 años de gobierno.
Para protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de fuerzas especiales, Maduro ha cambiado repetidamente de lugar para dormir y de teléfono celular, según dichas fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que la administración de Trump afirma que traficaban drogas desde Venezuela.
Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, indicó una de las fuentes.
Sin embargo, en público, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington, mostrándose relajado y despreocupado, haciéndose presente en actos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.
Las siete personas cercanas al gobierno entrevistadas para este artículo pidieron el anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, responsable de las consultas de medios, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el artículo.
La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un “cártel narcoterrorista” que inunda a Estados Unidos de drogas, una narrativa que, según muchos funcionarios actuales y anteriores en Washington, busca en última instancia un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado esas amenazas con menciones a una posible solución diplomática. Él y Maduro conversaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.
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