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Persecución en Cuba: la dictadura detuvo a familiares de presos de las protestas del 11J

Las fuerzas de seguridad del régimen de Miguel Díaz-Canel evitaron que las personas se dirigieran a la sede de la embajada de Estados Unidos, con motivo de la visita a la isla de la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.

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El colectivo cubano Justicia 11J denunció este miércoles la detención de seis familiares de personas detenidas por manifestarse el 11 de julio de 2021, en las mayores movilizaciones contra la dictadura castrista en décadas en la isla.

Las detenciones se efectuaron –según esta organización– “para impedir su presencia” en la embajada de Estados Unidos en Cuba, en donde se encuentra una delegación del Departamento de Estado de visita en la isla.

Tres de los familiares ya han sido liberados y dos más no han podido abandonar sus casas por tener un cerco policial afuera de sus hogares, de acuerdo con la ONG.

El medio independiente El Toque agregó que los hechos ocurrieron este miércoles y que los involucrados intentaron ir a la sede de la embajada “con motivo de la visita” de la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.

La norteamericana encabezó la delegación que celebró este martes en La Habana una ronda de conversaciones sobre migración irregular con representantes del régimen cubano, encabezados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio.

Los juicios -arbitrarios e irregulares- en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese mismo año.

Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas de carácter ejemplarizante.

Los medios extranjeros, en tanto, no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó sin éxito poder asistir a los procesos.

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El Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz del 11J.

Según la ONG Cubalex y Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.

Desde julio de este año se han registrado protestas en todo el país, sobre entre septiembre y octubre por los prolongados y frecuentes apagones y la gestión de los efectos del huracán Ian en el sistema eléctrico nacional.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), con sede en Miami (EEUU), contabilizó 589 protestas en octubre, cinco más que las que registró en julio de 2021.

La Fiscalía General de Cuba advirtió a inicios del mes pasado de que está investigando las recientes protestas y que los hechos delictivos “recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda”.

Por su parte, seis manifestantes del 11J fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión por “atentado, desacato y desórdenes públicos” mientras que una más fue sancionada con cuatro años de “trabajo correccional sin internamiento”. En conjunto, los sancionados acumulan 52 años, con una pena de cárcel menor de 7 años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, está fechada el 23 de septiembre y no es firme.

Con información de EFE

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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.  

Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia

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El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.

En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.

 

Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.

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Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

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El buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.

En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.

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