En Lima, Perú, 1,7 millones de personas viven sin acceso al agua potable. Por supuesto, el problema en esa ciudad situada en medio de un desierto es histórico, pero sigue creciendo. Por eso quienes no tienen acceso a la red, casi el 15% de la población, deben comprar el agua a camiones tanque, aunque no siempre es potable. A eso se suma que en invierno se embarran los caminos a los cerros, donde se concentran los asentamientos más pobres, y pasan semanas sin que puedan subir.

Mareli Ismuris, vecina de un asentamiento en Villa María del Triunfo, al sur de Lima, explica que en esos días debe bajar donde amigos conectados a la red para cargar sus bidones de siete litros y luego subir el cerro de regreso. Pasó así parte de la pandemia, justamente en una de las ciudades con más contagios en el mundo. “Fue muy complicado porque también teníamos a los niños en la casa y por eso se gastaba más agua”. En ese asentamiento viven 150 familias que reciben ayuda de un municipio cercano que envía camiones dos veces a la semana. Cada familia llena estanques de alrededor de 300 litros. “Cuidamos mucho el agua. Debemos bañarnos con no más de un cubo por persona”, explica.

En Venezuela, la escasez de agua potable incluso ha redefinido el léxico. Le dicen “la hora loca” al momento del día en que llega el suministro, pues toda la familia se vuelca a recogerla y usarla.

La falta de agua pasó a ser la principal preocupación en una sociedad en que los problemas no sobran. Incluso algunos apuntan a que es una de las mayores causas de la emigración, porque se puede aguantar mucho, pero no se puede vivir sin agua. “El servicio de agua potable genera la mayor sensibilidad en las encuestas que hemos podido realizar. Es el que causa mayor molestia y deterioro en la calidad de vida”, José María de Viana, ingeniero, profeso r universitario y expresidente de Hidrocapital, empresa estatal encargada de este servicio en Caracas.

De Viana apunta justamente al deterioro de las empresas y la infraestructura como causa del grave desabastecimiento, que incluso ha dejado meses sin agua potable a barrios enteros. “Tenemos una infraestructura maravillosa, pero en condiciones lamentables. Trabaja tan solo a un 40% de su capacidad y hay una pérdida de capital humano, de profesionales que están contribuyendo en otros países pero que ya no lo pueden hacer en Venezuela”, dice.

Y no solo llega poca agua por las tuberías, sino con serias dudas sobre su su calidad. “La gente sabe que no es potable, por su turbiedad, olor y material en suspensión”, asegura el exejecutivo. Para De Viana, “el día que los venezolanos reciban agua limpia y continua en sus grifos, ese día renovaremos la esperanza de que el país va a cambiar para bien”.

La escasez de agua en Latinoamérica no solo afecta asentamientos periféricos o zonas rurales áridas, sino que se ha extendido a centros urbanos y regiones que nadie se hubiera imaginado hace un par de décadas. Una escasez hídrica que no solo proviene de la sequía, sino también de mala gestión del recurso, infraestructura sin mantenimiento, contaminación o porque la propiedad del agua está en manos privadas.

Chile ofrece un ejemplo extremo. En ese país la ley permitió que, principalmente durante la dictadura, particulares adquirieran derechos de agua de manera gratuita y a perpetuidad, lo que muchos consideran absurdo.

Estos derechos incluso en medio de la escasez, se venden a precios millonarios. Mineras y empresas agrícolas son algunos de los principales compradores. La comuna de Petorca, en la región de Valparaíso, sufre por partida doble. Por un lado, las críticas apuntan a las grandes plantaciones de palta (aguacate) de exportación, que al poseer los derechos de agua tienen en la práctica prioridad de consumo. María Catalina Espinoza, presidenta de la Unión de Agua Potable y vecina de Quebrada de Castro, junto a la cuenca seca del río Petorca, lo explica: “Estamos rodeados de cerros verdes de paltos, pero nosotros estamos secos. Agua hay, pero la tienen los empresarios”.

Por el otro, en la zona hay una megasequía histórica que ya cumple su undécimo año. Ariel Muñoz, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador del cambio climático, coincide con los habitantes de Petorca. Señala que no existe una planificación que privilegie el consumo humano y el manejo medioambientalmente sostenible. Un asunto urgente tomando en cuenta que actualmente el 70% de los chilenos vive en territorio con escasez hídrica. Las esperanzas están puestas en el proceso constituyente en curso. “Actualmente estamos atados de manos por el Código Sanitario. El agua hay que volver a repartirla, aunque no le gustará a muchos. Hay expectativa en lo que se hará en la nueva Constitución”, concluye Muñoz.

Al otro costado de Los Andes, en Mendoza, Argentina, el investigador Mariano Morales, líder del equipo que realizó el primer atlas de sequías de Sudamérica, recalca la larga duración de este fenómeno: “Nuestra reconstrucción del clima del pasado nos muestra que no ha tenido precedentes durante los últimos 620 años”.

Mendoza, emplazada en un ambiente semiárido, recibe desde la cordillera aguas que forman un oasis utilizado desde hace siglos para fines agrícolas. Pero con la sequía actual la disponibilidad de agua es cada vez menor —30% menos que el caudal histórico según el Departamento General de Irrigación—, mientras que la población va en aumento y la provincia ya tiene 1,8 millones de habitantes. Morales explica que se debe monitorear, legislar, controlar y gestionar, para garantizar el agua potable a la población y mantener los ecosistemas. “Nos queda margen, pero la pregunta es ¿hasta cuándo?”, advierte.

Y en esta crisis del agua con poco margen de acción, las megaciudades latinoamericanas están entre las más sedientas. La ONU ubica a Ciudad de México y Sao Paulo entre las 10 principales urbes del mundo en las que peligra su abastecimiento.

En el caso de Ciudad de México, uno de cada 5 de sus 21 millones de habitantes tienen solo horas de agua del grifo. La pérdida de agua debido a problemas en el sistema de tuberías se estima en 40%. Ciudad de México podría quedarse sin el recurso en 2030 según la organización.

Pero para Nathalie Seguin, coordinadora general de Freshwater Action Network Mexico (FANMex), el problema tiene varios componentes, pero sobre todo un modelo insostenible que trae agua desde cientos de kilómetros, impactando a las comunidades de donde se extrae y además privilegiando “a los grupos de mayor poder adquisitivo”. A su vez algunos, como las mineras, utilizan grandes volúmenes de agua a cambio de pagar montos, para Seguin, “irrisorios”. No es que haya menos agua, sino que hay menos disponible para los ciudadanos, explica. Esto por la contaminación y también por “la distribución y priorización a los que se lucran con el agua”.

En el caso de Sao Paulo, una larga sequía ha obligado a racionamientos y a distribuir el agua en camiones en algunas zonas. En 2014 ya hubo protestas en esa urbe por los cortes en el suministro.

Prácticamente no hay país latinoamericano que no viva su propia crisis hídrica, no importa si es un gigante territorial o una pequeña nación atravesada por cientos de ríos. En esta categoría está El Salvador, donde el acceso al agua se está volviendo cada vez más inestable. Según el investigador Andrés McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana, en los últimos 25 años los ríos más importantes del país han perdido un 30% de caudal en los casos más leves y un 70% en los más graves. “Los acuíferos más importantes disminuyen a un ritmo de un metro por año y el 80% de las aguas están contaminadas”

Entre los factores de este estrés hídrico, McKinley enumera la alta densidad poblacional, el uso intensivo del recurso, el cambio climático y principalmente la sobreexplotación de las empresas. “La falta de agua fue uno de los temas que predominó en las últimas marchas en El Salvador”, agrega el académico.

No cabe duda: la crisis del agua ya se convirtió en un nuevo factor de inestabilidad para un continente rico en agua, pero cada vez más sediento.

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