En las Naciones Unidas, el embajador boliviano respalda la invasión de Ucrania por las tropas rusas y el gobierno de Luis Arce permite que cientos de empresas chinas exploten oro en los ríos de la región amazónica.

Aparte de las simpatías ideológicas, el gobierno boliviano tiene con esos dos países fuertes deudas que le obligan a hacer siempre nuevas concesiones.

Bolivia tiene que pagar a Rusia 84,4 millones de dólares este año, 105,5 el próximo y 380,7 millones en 2024. Son deudas que tienen que ver con el proyecto ruso de habilitar el Centro de Medicina Nuclear y el Centro de Investigación y Desarrollo de Energía Nuclear en la ciudad de El Alto.

Con China, las cifras tienden a trepar mucho, pues el gobierno boliviano espera recibir un crédito por 7.500 millones de dólares, lo que convertiría al país dragón chino en el primer acreedor bilateral de Bolivia. Por el momento, la deuda es de 1.311,9 millones.

Empresas chinas son privilegiadas en los contratos para provisión de equipos y construcción de carreteras y ferrocarriles, aunque en la mayoría de estos últimos casos los contratos fueron incumplidos por los chinos.

La empresa china CAMC ha logrado suscribir muchos contratos, casi todos ellos incumplidos, pero no recibió ninguna sanción debido a que la señorita que la representa ante el gobierno boliviano fue amante de Evo Morales.

Las relaciones con los rusos son igualmente sórdidas. The Economist Intelligence Unit informó a principios de año que un funcionario del gobierno ruso le pidió al gobierno boliviano, al día siguiente del acuerdo para la provisión de vacunas contra el Covid, que Rusia tenga acceso a los territorios bolivianos con yacimientos de tierras raras. Y luego, el gobierno de Putin pidió al gobierno de Arce que acepte la participación de una empresa rusa en la explotación del litio.

Los detalles de estas relaciones con Rusia, incluido el precio de la vacuna Sputnik V, no pueden ser conocidos porque están protegidos por una “cláusula de confidencialidad”, según dijo el presidente Arce.

En cambio, la presencia de empresas chinas en los ríos amazónicos es desembozada. Son una plaga que opera en sociedad con “cooperativas” mineras que cobran por la cobertura y porque, en esa sociedad, pagan muy pocos impuestos.

Están destruyendo la naturaleza por el mercurio que usan para reducir el oro, pero el gobierno de Arce ha decidido dejar hacer a pesar de que los pueblos originarios protestan por el daño que sufren.

Todo esto ha sido aludido ahora por Laura Richardson, jefa del comando Sur de Estados Unidos, durante la Conferencia Sudamericana de Defensa que se realizó en Quito. Ella dijo textualmente: “Actores como la República Popular China también están causando daño en nuestra región”. Y añadió: “Estudios independientes de las organizaciones latinoamericanas han concluido que muchos de los megaproyectos financiados por la China están causando erosión en los ríos, contaminando el agua, destruyendo el terreno fértil y desestabilizando delicados ecosistemas”.

Mientras tanto, respecto de Rusia, las publicaciones The Hill y Covert Foreign Money dijeron que el gobierno de Putin envió sus mejores asesores a Evo Morales en 2019 para que pueda participar en las elecciones de ese año a pesar de haber sido vetado por un referéndum y, además, ganarlas con fraude.

Una tan estrecha y oscura relación del gobierno boliviano con Rusia y China no se había dado antes. Si se hiciera un plebiscito, los bolivianos la rechazarían. Todas las encuestas muestran que los bolivianos condenan los crímenes del ejército ruso en Ucrania y repudian el comportamiento mafioso de las empresas chinas que operan en Bolivia.

Pero sobre todo los bolivianos aborrecen todo lo que hacen las dictaduras de la región. Las redes sociales están repletas de mensajes contra Nicolás Maduro, Daniel Ortega y el ahijado de los Castro en Cuba.

El fraude electoral del que se beneficia el MAS permite que Bolivia actúe en alianza con las peores autocracias del mundo. El fraude de 2019 fue detallado por un informe de la OEA, pero sus elementos no han sido eliminados todavía del sistema electoral.