La jueza Marialba Villareal dictó régimen de presentación a 30 de los imputados, mientras los otros tres deberán presentar fiadores para ser liberados, según la denuncia de una ONG que defiende los derechos de la comunidad gay en el país caribeño

Un Tribunal de la ciudad venezolana de Valencia (al centro del país) acusó a 33 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ por los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica” tras su presunta participación en una orgía dentro de un local nocturno de dicha localidad.

De acuerdo con la denuncia del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+ la jueza Marialba Villareal dictó régimen de presentación a 30 de los imputados, mientras los otros tres deberán presentar fiadores para ser liberados.

“No hay fundamento suficiente para que la Fiscalía genere este proceso de imputación, ni para que los tribunales acepten esta solicitud por parte de la Fiscalía”, aseveró Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, quien detalló que el delito de ultraje al pudor se establece cuando se trata de un acto público, lo que no ocurrió en este caso.

El activista detalló que, pese a la liberación bajo régimen de presentación de la mayoría de las personas, durante la audiencia de presentación el tribunal admitió “toda la solicitud de la Fiscalía”, y las 33 personas fueron imputadas por los delitos de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”.

Más temprano, defensores de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se congregaron este miércoles en la sede del Palacio de Justicia de la ciudad de Valencia para protestar contra el arresto de estas 33 personas durante un allanamiento a un recinto frecuentado por la comunidad LGBTIQ+

“No se sabe a ciencia cierta qué fue lo que motivó el allanamiento, lo que sí se sabe es que no hubo una orden (judicial) para realizar el allanamiento ni una orden de detención”, expresó Velásquez a la agencia de noticias The Associated Press

Los manifestantes portaban banderas del arcoíris y letreros en los que se podía leer: “No más discriminación”.

Versiones de prensa indican que las detenciones se produjeron el pasado fin de semana en un local ubicado en el sector Los Sauces de Valencia, a unos 150 kilómetros al oeste de Caracas, donde los vecinos denunciaron que decenas de personas participaban en una orgía.

A pesar de que el país caribeño fue uno de los primeros países del mundo en establecer el matrimonio civil, en enero de 1873, la legalización de la unión de dos personas del mismo sexo ha sido pospuesta durante años.

En la Asamblea Nacional (Parlamento), que ha estado bajo control del régimen chavista durante 17 de los últimos 23 años, continúa archivado desde hace largo tiempo un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil que permitiría el matrimonio igualitario, entre otros temas de protección legal o reconocimiento de la comunidad LGTBIQ.

Ni siquiera se han producido avances luego de que, en octubre de 2020, la dictadura de Nicolás Maduro manifestara que la Asamblea Nacional, dominada por sus partidarios luego de cinco años de control opositor, debía tener en su agenda: “el matrimonio LGTB”.

“Nos preocupa que la inexistencia de políticas de protección y leyes de protección den paso o sean un caldo de cultivo hacia un proceso de criminalización de las personas LGTBIQ, que se pueda estar realizando a partir de la detención arbitraria de estas personas”, agregó Velásquez.

Indicó que durante la acción policial “se incautaron objetos personales y se realizó una minuta que luego fue difundida en redes sociales, exponiendo los nombres y fotografías” de los detenidos.

Por años activistas han exigido más derechos para la comunidad LGTBIQ en Venezuela.

“Exigimos que se investigue el origen de la denuncia y se procese a quienes activaron el aparato del Estado por prejuicio y discriminación basada en orientación sexual”, solicitó la ONG.

Agregó que, tras la detención de estas personas, “varios grupos familiares han informado que están siendo extorsionados por funcionarios”, por lo que pidió a la Fiscalía investigar estas denuncias y “velar por el debido proceso de los ciudadanos detenidos”.

El observatorio recordó que “ser LGBTIQ+ no es un delito”, y pidió a la sociedad civil “alzar la voz y solidarizarse con los afectados”, pues este hecho podría derivar en otras vulneraciones a los derechos humanos.

Esta organización, creada en 2022 para documentar la discriminación que sufre el colectivo en el país, contabilizó 97 agresiones a personas LGBTI el año pasado, según un informe difundido en abril.

Remarcó entonces que persiste “el no reconocimiento ni respeto a identidades de género”, así como el despido de sus trabajos a personas por ser abiertamente LGBTI y la “privación de medios económicos”.

(Con información de The Associated Press y EFE)