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Enrique Vives, el empresario que atropelló a siete jóvenes en Santa Marta

En medio de la audiencia de imputación de cargos, que fue aplazada y será retomada en la mañana de este viernes 17 de septiembre, el investigado relató su versión de los hechos a la juez que está frente al caso

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Durante la audiencia de imputación de cargos que se adelantó este jueves 16 de septiembre en contra de Enrique Vives Caballero, el empresario que es investigado por atropellar a un grupo de siete jóvenes en Gaira, Santa Marta, de los que seis fallecieron, la jueza primera penal municipal con función de garantías, Olmis Cotes, parafraseó el relato que Vives le entregó sobre los hechos, desde la Clínica Psiquiátrica Fusam, donde se encuentra internado.

“Iba por el carril izquierdo de la vía que es doble calzada y me sale un grupo de muchachos que no vi”, leyó Cotes.

De acuerdo con lo leído por la togada, tras el accidente, Vives se bajó del auto para ayudar a una de las víctimas, pero, según el relato del investigado “habitantes del sector le dieron puños”.

Por otro lado, además de conocerse la versión de Vives, la jueza entregó los resultados de la valoración Médica que le realizó Medicina Legal al investigado, en el cual se estableció que Vives puede permanecer recluido y acudir a los controles médicos en el centro privado en el que sea convocado.

Cabe indicar que durante la audiencia la juez Cotes señaló que Vives fue cuestionado sobre su infancia, su época de estudios y sus últimos años a los que, de acuerdo con el documento, Vives Caballero manifestó problemas psicológicos y estados de ansiedad. Sin embargo, la togada dejó en claro que ello no le impide ir a un centro de reclusión, pues puede asistir a terapias particulares, así lo conoció Semana.

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El examinado puede recibir tratamiento, es decir, que estando en reclusión formal asista a los controles programados en cualquier centro particular para psiquiatría (…) El examinado tiene una retractación adaptativa de tipo ansiosa, que para el momento actual y no se constituye en algo grave o incompatible para la vida de reclusión normal”informó la togada, de acuerdo con lo reportado por el mismo medio.

La diligencia de imputación de cargos contra Vives Caballero continuó su curso y según contó el mismo medio, debido a que el dictamen no pudo enviarse por internet, la audiencia fue aplazada y continuará de manera virtual a las 9:00 de la mañana de este viernes 17 de septiembre.

LOS HECHOS

Sobre las 2:00 de la mañana del pasado lunes 13 de septiembre, Enrique Vives Caballero, quien se desplazaba en su vehículo a alta velocidad y en estado de embriaguez por el sector de Gaira, en la ciudad de Santa Marta, arrolló a siete jóvenes que se movilizaban en la zona, de los que cinco perdieron la vida de manera inmediata debido al impacto.

“El conductor cometió una imprudencia al conducir en estado de embriaguez, grado dos, confirmado y además en exceso de velocidad”, informó el comandante seccional de la Policía de Tránsito y Transporte de Santa Marta, el capitán Wilson Mendoza.

Las víctimas, quienes estaban reunidos por la celebración de cumpleaños número 13 del único joven que sobrevivió, fueron identificadas como: Camila Romero, Leonor Romero, Juan Diego Álzate, Camila Martínez y Laura Valentina de Lima, quienes fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que Rafaela Pertuz Zaneite, murió en una clínica de Santa Marta.

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Sobre Bryan de Jesús Añez Faneite, el joven de 13 años que sobrevivió al accidente, en las últimas horas se conoció que, luego de tres días de permanecer en delicado estado de salud en la Clínica Cehoca, en Santa Marta, despertó.

Cabe señalar que, tras el accidente, el menor sufrió un trauma craneal, de tórax abdominal, en su pelvis y en sus extremidades inferiores.

Abrió los ojos y abrazó a su papá (…) Movió sus extremidades y le retiraron los aparatos tecnológicos que tenía para poder respirar”, dio a conocer al diario El País de Cali, Carlos Arturo Diazgranados, de la Fundación Demos Transformando Vidas, organización encargada de la atención en salud y jurídica del menor de edad.

Respecto al caso, los familiares de las víctimas exigen justicia pues señalan que el proceso está siendo dilato por la defensa de Vives Caballero, al aludir que se encontraba en un estado de shock postraumático, por lo que inicialmente fue llevado a un centro médico para ser atendido, y en las últimas horas fue trasladado a una clínica psiquiátrica, pese a que la juez negó la solicitud.

Le pido justicia a la jueza que tiene el proceso, porque lo está dilatando con el abogado que tiene (Enrique Vives). ¿Qué quieren? ¿Dejarlo libre? Yo le pido a la jueza que le caiga todo el peso de la ley y justicia”, expresó el padre de una de las víctimas, en diálogo con la FM Radio.

Por ahora, luego de que la togada indicara que Vives Caballero es apto para la imputación de cargos, la audiencia continuará este viernes 17 de septiembre a las 9:00 de la mañana.

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Protestas en Los Ángeles: El pueblo rechaza redadas a inmigrantes

Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad.

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Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad. La tensión comenzó el pasado 9 de junio, cuando el gobierno federal decidió implementar una serie de redadas sorpresa en comunidades con alta concentración de inmigrantes, llevando así al arresto de más de 100 personas en los primeros operativos.

Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decidió llevar el asunto a los tribunales para bloquear el despliegue de tropas, considerando que era ilegal e inconstitucional y que vulneraba tanto los derechos de los inmigrantes como la autonomía del estado de California.

A lo largo de la semana, grupos de ciudadanos, comunidades latinas y asociaciones de defensa de los derechos humanos marcharon en varias zonas de Los Ángeles para expresar en forma pacífica pero contundente el rechazo de lo que consideran una persecución injustificada hacia los más vulnerables.

La mayoría de las protestas se han mantenido en forma pacífica, pero en determinados puntos se produjeron enfrentamientos aislados, detenciones y el uso de gas pimienta para dispersar multitudes. La opinión pública en el estado continúa muy dividida en torno a la gestión de esta crisis.

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Niña mexicana recibe permiso humanitario en EE.UU. para seguir tratamiento médico

La menor fue diagnosticada con síndrome de intestino corto, una afección que impide la absorción adecuada de nutrientes

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Una niña de cuatro años nacida en México, diagnosticada con síndrome de intestino corto, podrá permanecer legalmente en Estados Unidos por un año adicional, tras la intervención de autoridades migratorias estadounidenses.

La menor, identificada como S.G.V., había sido notificada en abril de 2025 de la revocación de su permiso humanitario, una medida que también afectó a su madre, Deysi Vargas. Ambas ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023 por razones médicas.

El caso fue reportado por distintos medios, luego de que la familia alertara que una posible deportación interrumpiría el tratamiento especializado que mantiene con vida a la menor. La condición médica, según médicos tratantes, requiere 14 horas diarias de nutrición intravenosa y no puede ser replicada en México debido a la falta de infraestructura hospitalaria y personal especializado para la atención ambulatoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó oficialmente el 3 de junio que la familia había recibido una extensión del permiso humanitario por un año, hasta el 1 de junio de 2026. La decisión llegó después de una campaña pública de respaldo, incluyendo una carta firmada por 38 legisladores del Congreso de EE.UU. y gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano.

¿Por qué fue revocado el permiso humanitario de la niña mexicana?

Según NBC News, la familia recibió una notificación oficial en abril de 2025 informando que su permiso humanitario había sido cancelado antes de la fecha de vencimiento original, junto con la autorización para trabajar. El documento advertía que, si no abandonaban voluntariamente el país, serían sujetos a procesos legales y posibles acciones penales, multas civiles y deportación.

La revocación fue parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a revertir programas migratorios implementados durante el gobierno de Joe Biden. Los Angeles Times reportó que miles de personas en situación similar recibieron comunicados con el mismo contenido, incluyendo instrucciones para utilizar la aplicación migratoria CBP Home, un sistema promovido para la auto expulsión voluntaria.

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