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Advierten que la libertad de prensa en El Salvador se encuentra en un “estado crítico”
Periodistas del país centroamericano denunciaron casos de “espionaje ilegal” por parte del gobierno de Nayib Bukele.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) señaló este miércoles que la libertad de prensa en el país se encuentra en “estado crítico” y reportó que este año ha registrado al menos 125 agresiones contra periodistas.
La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, dijo a la agencia EFE que el año 2022 ha significado para la prensa salvadoreña un “punto crítico” a raíz de los casos de “espionaje ilegal” con el software Pegasus, la salida del país de 11 periodistas y reformas penales “antiprensa”.
“En este año, lo más grave es que el Estado salvadoreño es el que agrede a la prensa”, subrayó Cárcamo, y recordó una serie de reformas legales, entre las que se encuentran una que castigaría hasta con 15 años de prisión la publicación de temas relacionados con las pandillas.
Afirmó que estas enmiendas legales “hacen más difícil el trabajo periodístico” y que son “graves”, porque han llevado a varios de sus colegas a salir de El Salvador preventivamente.
Agregó que existe un “silencio cómplice” de la Fiscalía General en los casos de infección con el programa de espionaje a una treintena de periodistas y el robo de cuentas de servicios de mensajería instantánea.
También lamentó que se da un “abuso de las fuerzas de seguridad” y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha mostrado “inoperante”.
“El gremio no tiene instancias donde pueda acudir”, sostuvo, y señaló que los periodistas “no tienen confianza” en las instancias estatales.
Relató que la Asociación ha recogido casos de “retenciones arbitrarias” en las que “los militares tienden a ser más agresivos en el trato con la prensa”. Dijo también que policías y militares “tienen disputas” entre ellos a la hora de intervenir a periodistas.
DATOS DE AGRESIONES
El Centro de Monitoreo de la APES registró, al menos hasta el 15 de diciembre, un total de 125 agresiones. Los casos con mayor número son los ataques digitales (24) y restricción al ejercicio periodístico (23).
Los “principales agresores” identificados son funcionarios (24), desconocidos (20) y agentes de las fuerzas de seguridad (19).
Los afectados se dividen en 66 hombres, 50 mujeres, 14 medios de comunicación, 9 casos colectivos y 6 veces la misma APES. Son 11 los periodistas que han salido del país, se trata de 8 hombres y 3 mujeres.
La APES destacó en un comunicado que “si bien en El Salvador no hay periodistas encarcelados o muertos, el Gobierno salvadoreño, con la ayuda de otros órganos del Estado, ha propiciado un clima de impunidad legal, abuso policial y militar”.
A este contexto agregó “reformas legales antiprensa, amenazas financieras hacia medios de comunicación, así como una narrativa permanente de estigmatización de la prensa no alineada al oficialismo”.
“La APES hace un enérgico llamado al Estado salvadoreño, que las denuncias recopiladas colocan como el principal vulnerador de la libertad de expresión y prensa, a cesar estas medidas de represión contra el periodismo y medios independientes”, concluyó.
Con información de EFE
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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.
Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.
En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.
Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.
En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.
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Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa
El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios
El buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.
En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.
Según los videos y fotografías tomadas desde la costa, el buque se desplomó de proa luego de encallar y no pudo recuperar su capacidad de flotación ni liberarse por sus propios medios. La embarcación quedó varada cerca de la playa, con el agua cubriendo parte importante del casco.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensani el Comando Estratégico Operacional de la FANB han emitido un comunicado sobre el episodio ni sobre la situación de la tripulación.
El Capana T-61 es uno de los cuatro buques de desembarco clase Capana-Alligator, encargados originalmente a astilleros de Corea del Sur en 1982 y en servicio desde 1984. Con un desplazamiento de 4.070 toneladas, 104,8 metros de eslora y una capacidad operativa para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados, estos buques están equipados para mover tropas y material en grandes volúmenes.
Su dotación regular es de 130 tripulantes, aunque en esta operación se estima que llevaba más de 300 personas entre militares y personal de apoyo, según reportes extraoficiales.
Entre 2020 y 2023, el ARV Capana fue sometido a una revisión de media vida en los astilleros nacionales DIANCA, culminando en abril de 2023. El proceso incluyó la modernización de sistemas de armamento, motores, compartimientos, comunicaciones, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otras áreas críticas.
“El barco fue actualizado y puesto nuevamente en servicio tras una amplia modernización que costó varios años”, informó un reporte oficial sobre las tareas de mantenimiento.
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