En el 2014 la pequeña ciudad de Flint, en el frío estado de Michigan, estuvo en boca de todo el mundo. Las autoridades de esa ciudad, intentando reducir costos, aprobaron que se suministrara agua de un río altamente contaminado. Como consecuencia, miles de residentes enfermaron y se generó una de las peores crisis sanitarias de las que haya memoria en el país.

Desde el 2016 ha habido una demanda colectiva contra las autoridades de la ciudad que actuaron de manera negligente. Hoy, un juez aprobó un acuerdo entre las partes mediante el cual se repartirán 626 millones de dólares entre 90 mil residentes que fueron víctimas del mal desempeño de sus políticos.

La demanda alega que al menos 8 mil niños resultaron permanentemente afectados por el envenenamiento con plomo y más de 30 mil viviendas quedaron inservibles después de que sus caños se corrompieran al punto de hacer la vivienda insegura.

“Aunque se trata de una victoria significativa para Flint, aún nos queda mucho camino por recorrer para evitar que los estadounidenses sean sistemáticamente envenenados en sus hogares, sus escuelas y lugares de trabajo”, aseguró a través de un comunicado enviado a los medios de prensa Corey Stern, abogado de la demanda colectiva.

Básicamente el dinero se distribuirá entre todos los residentes de la ciudad en 2014. Quienes puedan demostrar que enfermaron, quienes eran niños, quienes tenían negocios allí, y todos aquellos que pagaron el servicio de agua en Flint en aquel entonces.

Doce personas murieron cuando en 2014 las autoridades de la ciudad decidieron que el río Flint sea la fuente de agua, y no trataron esa agua para purificarla. Los vecinos se empezaron a quejar del mal color, del olor y del mal gusto del agua. Pero con el correr de los días las personas empezaron a enfermar.

La enfermedad fue denominada como síndrome de los legionarios, y de un día para el otro unos 100.000 residentes descubrieron que no tenían acceso a agua potable.

“Este acuerdo representa una gran victoria por varios motivos. Entrega una compensación comprensiva para quienes califiquen y sirve de ejemplo”, declaraba en un comunicado la jueza Judith Levy tras anunciarse el acuerdo.

La mayor parte del dinero lo pondrá el estado de Michigan, acusado de hacer la vista gorda frente al problema durante años.

Este acuerdo es por la demanda civil. La demanda penal fue desestimada el año pasado debido a que faltaba evidencia en el caso.

Además del agua contaminada del río, la situación empeoró cuando las empresas privadas que trabajaban con la ciudad recomendaron duplicar la dosis de cloruro férrico, un producto altamente ácido que empeoró la corrosión de las cañerías, filtrando plomo.

La empresa privada deberá hacerse cargo de parte de la compensación económica, pero como la demanda establece que el entonces gobernador de Michigan, Rick Snyder, y otros altos funcionarios, tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, la mayor parte de la responsabilidad recae sobre el estado.

La principal comunidad afectada en Flint fue la afro-americana. La causa se convirtió en una de las más apoyadas por las organizaciones de derechos humanos en todo el país.

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