Estados Unidos implementará una nueva tarifa de USD 250 para la mayoría de solicitantes de visas no inmigrantes, como parte de la ley One Big Beautiful Bill Act, aprobada en julio de 2025. Esta medida, conocida como Visa Integrity Fee, busca reforzar el control migratorio y reducir la inmigración no autorizada.

 ¿A quiénes afecta?

Ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visas (VWP).

Entre ellos: México, Colombia, Brasil, India, China, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Filipinas, Pakistán, y casi todos los países de África y Medio Oriente.

Aplica a visas de:

Turismo (B-2)

Negocios (B-1)

Estudios (F-1)

Trabajo temporal (H-1B)

Intercambio cultural (J-1)

¿Cuándo entra en vigor?

A partir del año fiscal 2026 (octubre de 2025).

El monto se ajustará anualmente por inflación y podría aumentar en el futuro.

¿Es reembolsable?

Solo si el solicitante cumple estrictamente con los términos de su visa:

• No exceder el tiempo de estadía.
• No trabajar sin autorización.
• Salir del país dentro del plazo legal.
•  

Sin embargo, no existe aún un mecanismo claro para solicitar el reembolso, lo que convierte la tarifa en no recuperable en la mayoría de los casos.

 Impacto económico

Una familia de cuatro personas que viaje por turismo deberá pagar USD 1.000 adicionales, sin contar otros gastos consulares.

Los trabajadores temporales también enfrentarán este cargo, además de tarifas ya existentes como la solicitud (USD 780) y la antifraude (USD 500).

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció un endurecimiento de sus políticas migratorias, confirmando que arrestará a cualquier persona que se encuentre en el país sin documentos, incluso si no tiene antecedentes penales.

El jefe interino de ICE, Todd Lyons, explicó que aunque la prioridad sigue siendo detener a personas con crímenes graves, ahora se ha ampliado el espectro de acción para incluir a inmigrantes sin historial delictivo. Esto incluye los llamados arrestos colaterales, es decir, personas que no eran el objetivo principal de una operación pero que fueron encontradas sin estatus legal durante redadas en comunidades, lugares de trabajo o tribunales.

Desde enero de 2025, ICE ha deportado a 150.000 personas, de las cuales 70.000 tenían condenas, muchas por infracciones menores como tráfico o migración. Además, se retomaron las redadas laborales suspendidas por la administración anterior, con operativos en plantas de carne, hipódromos y granjas de cannabis, donde se detuvieron a cientos de personas, incluidos menores de edad.

Lyons también anunció que ICE perseguirá a los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, argumentando que estas prácticas pueden facilitar explotación laboral y tráfico de personas. El objetivo del gobierno es alcanzar un millón de deportaciones en un año, respaldado por una inyección presupuestaria multimillonaria aprobada por el Congreso.

Este giro ha generado preocupación entre organizaciones proinmigrantes, comunidades latinas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto emocional, legal y económico de estas medidas.