Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Gustavo Petro, habría dado la orden expresa de no realizar una intervención militar para liberar a los policías secuestrados durante la toma campesina a Los Pozos, en zona rural de San Vicente del Caguán.

Así lo dio a conocer el jefe de Estado a través de su canal habitual de comunicaciones, Twitter: “La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las Fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás”.

De acuerdo con el mandatario, las muertes de dos miembros de la Guardia Campesina y el subteniente Arley Monroy sucedieron durante el enfrentamiento temprano entre miembros de la Policía y los manifestantes, por lo que, no era una opción intervenir de nuevo con la fuerza para liberar a los 79 agentes detenidos.

“Fue en el primer momento de la asonada contra la empresa Emerald donde murieron tanto los campesinos como el subintendente Monroy. Solo después con la llegada del gobierno se logró la liberación de todo el personal retenido y la negociación pacífica”.

Al término de su pronunciamiento, el presidente culpó al anterior Gobierno por no cumplir los acuerdos a los que se había llegado con los habitantes de la zona, entre los cuales estaba la pavimentación de 42 kilómetros de vía.

“La situación de indignación del campesinado que se congregó allí proveniente del Guaviare, la Macarena, Putumayo y el Caquetá, se debe a que sienten que incumplieron acuerdos firmados por el gobierno Duque en Altamira y por el incumplimiento de sanciones impuestas a la empresa”.

La confesión de Petro llega después de que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, defendiera la no intervención de las fuerzas militares, durante las 31 horas en las que estuvieron secuestrados los agentes de la Policía Metropolitana de Neiva, varios de los cuales denuncian haber sido tratados como trofeos de guerra.

En medio de una rueda de prensa, Velázquez reprochó a quienes solicitaban apoyo desde Bogotá, sin conocer “la magnitud de lo que significaba la presencia de miles de campesinos. Cualquier acción hubiera provocado más tragedia, más muertes. Lamentamos las dos muertes, no se le puede reclamar al Ejército por no intervenir, porque la única opción era disparar”.

Según comentó “el Ejército sabía que podía generarse algo mucho más grave si ellos intervenían, porque están preparados es para usar las armas”, a diferencia de de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (anterior ESMAD) cuyo protocolo inicia con el dialogo.

De ahí que realizara una solicitud a las entidades de control que suponen que, en los hechos de San Vicente, hubo negligencia por parte del Estado:

“Pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad esto que ha ocurrido y concluyan si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubieran podido producir”.

Antes de que el presidente se pronunciara el jefe de la cartera aseguró que se había contactado directamente con el comandante encargado de mantener el orden en la zona y que fue él quien le dio la orden de no actuar, una solicitud que, de por sí, ya habrían puesto sobre la mesa algunos elementos del ejército en el Caguán: “¿Si se hubieran usado las armas cómo hubiese sido esa batalla campal?”.

Sin embargo, tanto la versión del presidente como la del ministro suscitaron una oleada de críticas, de quienes, desde el Gobierno y la población civil, cuestionaron de qué lado estaban: ¿los militares secuestrados o sus captores?