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Florida multará a los comercios que exijan a sus clientes que estén vacunados
El próximo 16 de septiembre entra en vigor la ley estatal que permite imponer hasta 5 mil dólares en multas a los comercios o empresas que exijan a sus clientes estar vacunados contra el COVID 19 para atenderlos
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene una cruzada contra los llamados pasaportes sanitarios o pruebas de vacunación. En el estado de Florida, por orden del gobernador, ni los gobiernos locales ni los negocios particulares pueden exigir al público o a los clientes que estén vacunados contra el COVID-19 para permitirles acceso o servicios.
A comienzos de año, tras casi diez meses de pandemia, la legislatura estatal aprobó la ley SB 2006 que le prohíbe a los gobiernos, comercios y escuelas exigir pruebas de vacunación. En mayo pasado, el gobernador DeSantis firmó la ley que entrará en vigor el próximo 16 de septiembre.
Basado en esta ley, el departamento de salud de la Florida podrá emitir multas a quienes estén pidiendo pruebas de vacunación. Desde este departamento ya se ha confirmado que las multas serán de 5 mil dólares (lo máximo que autoriza la ley), por cada individuo y cada violación a la ley que se compruebe. Es decir, si un comercio indica que para ingresar en su predio un cliente debe demostrar que está vacunado, entonces se le cobrarán 5 mil dólares por cliente, no 5 mil dólares en total.
Quienes reciban estas multas tendrán la posibilidad de ir a corte y apelar el caso, en un sistema idéntico a lo que ocurre con las infracciones de tránsito. Si el juez ratifica la multa, el infractor tendrá 30 días para pagarla.
La ley deja abierta la posibilidad de que las empresas le exijan estar vacunados, y demostrarlo, a sus empleados. El gobernador tampoco está de acuerdo con esto, alegando que estas medidas van en contra de las libertades individuales. Desde el otro lado de la disputa, alegan que los comercios y empresas privadas tienen derecho a decidir cómo manejar su negocio, bajo el concepto de la libertad de mercado.
El caso de las escuelas es aún más complicado. Las vacunas están disponibles para mayores de 12 años, aunque entre los 12 y los 15 años menos de la mitad de la población se ha inoculado. En Florida, las escuelas no pueden exigirles a los alumnos estar vacunados contra el COVID-19, aunque desde hace décadas las escuelas públicas de la Florida exigen calendario de vacunación completo para permitirle a un niño acceder a clases.
En este momento Florida es el estado número 19 de la nación en el ranking de vacunación. Según el propio gobierno estatal, el 68% de la población elegible para recibir la vacuna tiene hasta ahora al menos una dosis puesta. Está claro que desde hace meses no hay mayores restricciones para ser inoculado en Florida, por lo que quienes no se han vacunado no lo han hecho por una decisión personal.
El caso más resonado en esta disputa es el de las compañías de cruceros. La empresa Norwegian Cruise Lines demandó a la Florida por no permitirles pedir prueba de vacunación a sus pasajeros y en primera instancia ganó. DeSantis ha apelando el fallo pero, por ahora, los cruceros pueden pedir prueba de vacunación a quienes se suben a uno de sus barcos desde un puerto de Florida -que a su vez es el principal centro de operaciones para esta industria-.
La empresa organizadora de conciertos, Live Nation, por el momento mantiene su política de pedir prueba de vacunación o examen de COVID negativo a quienes se acerquen a uno de sus eventos. Si el departamento de salud empieza a imponer estar multas, una empresa como Live Nation que en cada evento tienen unas cinco mil personas, se enfrenta a pagar millones de dólares en penalidad.
Por el momento, todo parece indicar que a partir del 16 empezarán a llegar las multas, aunque como todo en tiempos de COVID puede llegar a cambiar de un minuto a otro.
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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.
Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.
En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.
Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.
En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.
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Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa
El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios
El buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.
En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.
Según los videos y fotografías tomadas desde la costa, el buque se desplomó de proa luego de encallar y no pudo recuperar su capacidad de flotación ni liberarse por sus propios medios. La embarcación quedó varada cerca de la playa, con el agua cubriendo parte importante del casco.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensani el Comando Estratégico Operacional de la FANB han emitido un comunicado sobre el episodio ni sobre la situación de la tripulación.
El Capana T-61 es uno de los cuatro buques de desembarco clase Capana-Alligator, encargados originalmente a astilleros de Corea del Sur en 1982 y en servicio desde 1984. Con un desplazamiento de 4.070 toneladas, 104,8 metros de eslora y una capacidad operativa para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados, estos buques están equipados para mover tropas y material en grandes volúmenes.
Su dotación regular es de 130 tripulantes, aunque en esta operación se estima que llevaba más de 300 personas entre militares y personal de apoyo, según reportes extraoficiales.
Entre 2020 y 2023, el ARV Capana fue sometido a una revisión de media vida en los astilleros nacionales DIANCA, culminando en abril de 2023. El proceso incluyó la modernización de sistemas de armamento, motores, compartimientos, comunicaciones, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otras áreas críticas.
“El barco fue actualizado y puesto nuevamente en servicio tras una amplia modernización que costó varios años”, informó un reporte oficial sobre las tareas de mantenimiento.
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