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El Salvador autorizó la extensión del estado de excepción y el país cumplirá un año bajo el régimen solicitado por Bukele
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche de este martes la decimoprimera ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El gobierno salvadoreño solicitó la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales, que se aprobó originalmente en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la petición, sin un estudio o discusión previa, con 67 votos de los 84 diputados.
“El país ya cambió, no vamos a dar un paso atrás, y es por los resultados exitosos que se están teniendo en la calle, en donde vamos a sacar a todos los pandilleros”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
La medida suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
“Transformar un país en el que no había justicia, es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente los tres órganos de Estado, liderados por nuestro presidente”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de ampliación.
De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y 1,7 millones de dólares en efectivo.
Villatoro adelantó que “esta medida terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.
La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, se mostró en contra de ampliar la media y señaló que mantendrá su postura “mientras no hay un plan integral” y “respeto de las personas inocentes”.
Pidió que haya una “liberación pronta de inocentes y mecanismos que garanticen el debido proceso para que la Justicia llegue a las víctimas, no solo para sumar números”.
Ortiz recordó que existen propuestas, como el presentado por las madres de desaparecidos, para “dar respuestas” a las víctimas y que estas no se han abordado en el Congreso.
“Es muy fácil estar prorrogando el régimen de excepción cada mes, pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos del crimen organizado”, subrayó.
Criticó que “no hay una solución que se vea en el corto plazo”.
El régimen de excepción se aprobó horas después que el presidente Bukele asegurara, en un mensaje en Twitter, que el país “ha llegado a 300 días sin homicidios”, sin brindar estadísticas.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.
Human Rights Watch (HRW) sugirió al gobierno de Bukele a finales de 2022 “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. La respuesta del presidente fue un tajante “no”.
Recientemente, el gobierno inauguró en el sureste del país, en las afueras del poblado de Tecoluca, una megacárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT).
(Con información de EFE y AFP)
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México ha entregado a EEUU a 55 líderes de cárteles de droga en operaciones secretas durante el 2025
El operativo incluyó sigilo extremo, drones de vigilancia y sustitución de personal penitenciario. Las autoridades temían fugas, atentados y motines de último minuto
En una de las operaciones conjuntas más ambiciosas entre México y EstadosUnidos, 55 líderes de cárteles mexicanos fueron entregados este año a la justicia estadounidense en dos misiones bajo estrictas medidas de seguridad. La acción, resultado de una presión diplomática ejercida principalmente por la administración de Donald Trump, representa un golpe a las estructuras criminales y un giro en la cooperación bilateral frente al tráfico de drogas.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), los reos trasladados representan las cúpulas de organizaciones como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Entre los extraditados figuran nombres emblemáticos como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y prófugo de la justicia estadounidense por décadas.
Durante sus estancias en prisiones de México, estos reclusos contaban con redes de corrupción que les permitían acceso a armas, drogas, mujeres y dispositivostelefónicos. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, desde sus celdas coordinaban el envío de toneladas de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de ordenar homicidios y secuestros.
El proceso de extradición se mantuvo en completo sigilo ante el temor de fugas, motines y posibles atentados contra los propios capos, quienes representaban riesgos de filtración de información sensible. “Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México”, señaló Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La transferencia de los líderes criminales requirió la movilización de 2.000 efectivos de fuerzas especiales mexicanas. “Fue una misión que no podía fallar. Cualquier filtración habría encendido alarmas y disparado la violencia”, aseguró un alto funcionario mexicano al WSJ.
El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. “Welcome to America!”, exclamó Maltz al recibir al primer grupo de extraditados. Los raslados se ejecutaron en dos bloques: la primera hace nueve meses y la segunda en agosto. Los prisioneros desembarcaron en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C..
Entre los extraditados sobresalen los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, organización responsable de una oleada de violencia. Conforme a fuentes oficiales mexicanas, los Treviño controlaban desde prisión una red de más de 600 internos y han sido vinculados al asesinato de 18 custodios penitenciarios.
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Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos y se esconde en múltiples lugares ante el temor de un ataque de Estados Unidos
El dictador chavista ha cambiado su rutina, teléfonos y lugares de descanso, y ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado de manera significativa su seguridad personal, incluyendo el cambio de lugar donde duerme, y ha recurrido a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país.
Así lo confirman varias personas cercanas al gobierno venezolano. Describen un clima de tensión y preocupación dentro del entorno íntimo del mandatario, aunque aseguran que Maduro considera que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave en sus 12 años de gobierno.
Para protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de fuerzas especiales, Maduro ha cambiado repetidamente de lugar para dormir y de teléfono celular, según dichas fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que la administración de Trump afirma que traficaban drogas desde Venezuela.
Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, indicó una de las fuentes.
Sin embargo, en público, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington, mostrándose relajado y despreocupado, haciéndose presente en actos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.
Las siete personas cercanas al gobierno entrevistadas para este artículo pidieron el anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, responsable de las consultas de medios, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el artículo.
La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un “cártel narcoterrorista” que inunda a Estados Unidos de drogas, una narrativa que, según muchos funcionarios actuales y anteriores en Washington, busca en última instancia un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado esas amenazas con menciones a una posible solución diplomática. Él y Maduro conversaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.
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