Marta Ruano viajó el 5 de febrero al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, en el centro de El Salvador, a dejar comida y artículos de higiene personal, como lo hace cada mes desde mayo de 2022, cuando la policía salvadoreña metió presos a dos de sus hijos, a quienes acusó de asociaciones ilícitas en el marco del régimen de excepción en que el gobierno de Nayib Bukele mantiene al país desde marzo del año pasado. En uno de los muros del penal, Marta se encontró con una mala noticia: a partir de aquel día, los familiares de los presos en esa cárcel están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos ahí, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o a vestimenta.

“Son malas noticias, ahora no nos recibirán paquetes, hay que comprarlo en el penal”, contó Marta (se ha cambiado el nombre de esta fuente a petición suya por razones de seguridad). “Es mucho dinero, ya no sé si voy a poder llevar”.

A partir de diciembre de 2022, los familiares de los presos en Zacatecoluca entregan USD 170 directamente en el penal. Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan USD 35 por alimentación, USD 15 por artículos de higiene, USD 30 por vestimenta, USD 20 por limpieza de área y USD 70 por misceláneos.

Consultó con otras tres jefas de familia, con organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a lo que ocurre en las prisiones salvadoreñas, con abogados defensores y con comités de familiares de presos; en total, representantes, voceros y miembros de una cincuentena de familias de prisioneros. Todas las fuentes consultadas coincidieron en que la Dirección General de Centros Penales de El Salvador (DGCP) empezó desde finales del año pasado a hacer los cobros obligatorios de USD 170 por en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca y en al menos otras dos prisiones, en Apanteos y en Izalco. “Lo que nos han dicho es que la idea que tienen es que sea en todas las cárceles”, dijo Marta, una de las madres.

Intentó contactar con las autoridades carcelarias para conocer sus planes sobre los cobros a los reos pero no hubo respuesta. Por ahora, además del sistema de paquetes obligatorios, funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares de los reos depositan sumas de entre USD 5 y USD 150 al mes; ese pago da al preso derecho de tener un número de identificación que él utiliza para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales artículos de primera necesidad o pequeños lujos, como una Coca Cola. “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale USD 2.50 ahí las venden a USD 10″, explicó la pariente de un reo.

También es posible aún, en algunas cárceles, que los familiares lleven sus propios paquetes. “Antes de estos cobros como el de Zacatecoluca, los familiares compraban los paquetes por su cuenta, en supermercados, en tiendas, en donde les saliera más cómodo. Y también en tiendas que hay en las afueras de los centros penales”, dijo a Infobae Ivania Cruz, vocera del Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFEPPA), que representa a 36 personas detenidas.

Marta Ruano, la madre que tiene un hijo en el penal de Zacatecoluca y a quien le dijeron que ahí ya es obligatorio pagar los USD 170, teme que eso se extienda a todas las cárceles del país, en una de las cuales está otro de sus hijos. Lo mismo ocurre con Gladys, otra madre que conversó con Infobae y quien tiene a cuatro de sus hijos presos. “Va a llegar el día en que tengamos que pagar eso y así ya no voy a poder”, dijo Gladys.

Es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley. No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad.

De cualquier forma, y con cualquiera de los formatos de cobro, la venta de artículos de primera necesidad a los reos de El Salvador parece un negocio redondo. Desde marzo hasta ahora, el sistema carcelario ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año. Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos USD 17 millones al mes.

Los negocios de Osiris Luna, el carcelero sancionado por pactar con pandillas

El funcionario que controla las cárceles de El Salvador se llama Osiris Luna Meza. Su nombre aparece en varias investigaciones criminales salvadoreñas y estadounidenses por sospechas de que se ha enriquecido con el dinero de los presos, de que fue el enviado especial de Nayib Bukele para negociar con las pandillas y que creó, en el sistema de tiendas en las prisiones, una red de plazas fantasmas para cobrar salarios de funcionarios que no existen.

A Luna Meza y su madre, Alma Yanira Meza Olivares, la Fiscalía General de El Salvador (FGR) los investigó en 2020 y 2021 como parte de un expediente criminal al que los fiscales, por su volumen y la cantidad de funcionarios y personas cercanas al presidente Nayib Bukele involucradas, denominaron Caso Catedral.

Catedral es un expediente que reúne cuatro grandes casos: la negociación con las pandillas, la corrupción en el sistema de tiendas carcelarias y el uso electoral que hizo el gobierno de Bukele de insumos destinados a atender la pandemia por Covid-19. En los tres está involucrado Luna Meza.

Los fiscales del Caso Catedral fueron desterrados de la FGR cuando, en mayo de 2021, los diputados afines a Bukele impusieron a Rodolfo Delgado como fiscal general. Delgado enterró todas las investigaciones de Catedral, pero algunas fueron retomadas por agentes estadounidenses que formaron una fuerza de tarea en Centroamérica a la que bautizaron Vulcano.

Con base en aquellos expedientes, el Departamento del Tesoro en Washington designó a Luna y a su madre como miembros de una “red de corrupción vinculada al crimen transnacional”. Ambos, dijo el Tesoro en un comunicado que publicó en diciembre de 2021, “desarrollaron un esquema para desviar millones de dólares del sistema de tiendas de las prisiones. Y también crearon plazas fantasmas, dentro del sistema carcelario, en el que supuestos empleados recibían pagos mensuales y luego “la mayor parte de ese dinero retornaba a Luna y a Meza”.

En diciembre de 2021, agentes estadounidenses ligados a Vulcano dijeron a la agencia Reuters que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tenía preparadas acusaciones penales contra Luna y contra Carlos Marroquín, un funcionario de la casa presidencial de Bukele, porque ambos habían negociado, “nombre del presidente”, con los liderazgos de las pandillas MS13 y Barrio 18.

El rol de aquellas negociaciones en el régimen de excepción en que vive El Salvador en la actualidad no es menor. El pacto permitió a Bukele mantener la tendencia a la baja en las cifras de homicidios que había heredado de gobiernos anteriores y profundizarla. En marzo de 2022, sin embargo, la tregua se rompió por razones aún no esclarecidas y las pandillas respondieron con una matanza que se prolongó por 72 horas y dejó 87 personas muertas.

Con el pacto roto, y agobiado en aquel entonces por múltiples cuestionamientos por su política económica basada en la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, Bukele decretó un régimen de excepción en todo el país y declaró la guerra a las pandillas. El régimen, que limita garantías constitucionales e impuso cuotas de capturas a la policía, se ha extendido durante 11 meses y ha llenado las cárceles salvadoreñas con 64,000 reos nuevos.

El papel de Osiris Luna, el carcelero en jefe de Bukele, ha sido esencial, tanto en la implementación del pacto como en la administración de las cárceles durante el régimen de excepción. En 2020 y 2021, mientras afianzaba el pacto, Luna y su madre perfeccionaban la red de cobros en el sistema de tiendas institucionales de las cárceles de acuerdo con las investigaciones de fiscales salvadoreños y estadounidenses.

Un resumen de las investigaciones a Luna Meza, del que Infobae tiene copia, establece que el funcionario y su madre desviaron al menos USD 8.1 millones de las tiendas carcelarias, y que crearon al menos 10 plazas fantasmas de las que, en un año, cobraron USD 278,353.48. La FGR investigó a Luna Meza por delitos de peculado y actos arbitrarios como autor directo.

Cuando el fiscal general Delgado asumió el despacho, aupado por Bukele, todas esas investigaciones quedaron archivadas. El negocio en las tiendas penitenciarias continúo y hoy el cobro fijo de USD 170 por reo está por convertirse en obligatorio, según los familiares y representantes de reos a los que consultó Infobae para esta nota. Si eso ocurre, el sistema de insumos para presos que maneja Osiris Luna Meza podría llegar a mover hasta USD 204 millones al año en caso de que todos los presos ingresados en las cárceles salvadoreñas pague por un paquete al mes.

El negocio, además, parece asegurado en el corto plazo. El 14 de febrero pasado, el gabinete de seguridad de Bukele, del que Osiris Luna Meza forma parte, pidió al congreso salvadoreño la 11ª prórroga del régimen de excepción, que permite a la policía, también controlada por el presidente, alimentar las cárceles con personas arrestadas muchas veces sin pruebas y bajo vagas acusaciones de asociaciones ilícitas, según han denunciado múltiples organismos internacionales y salvadoreños de derechos humanos.

El próximo 27 de marzo, el régimen de excepción en El Salvador cumplirá un año. Bukele y sus funcionarios han dicho que la limitación de garantías constitucionales durará el tiempo que sea necesario. Así, los presos seguirán llegando y, con ellos, las cuotas que sus familiares ingresan a un sistema que nadie más que el carcelero en jefe de Nayib Bukele controla.