Un policía nacional dominicano agredido por tres agentes de migración de su propio país. Un bebé que cuelga por fuera del camión de deportaciones sujetado por la madre, encerrada en el interior, rumbo a la frontera entre República Dominicana y Haití. Un militar que golpea en la cara a un joven tirado en el suelo. Cuatro hombres —dos de ellos vestidos de civiles— que arrastran por el suelo a un chico que chilla y se agarra adolorido el estómago. La política migratoria dominicana lleva años dejando imágenes difíciles de mirar.

Pero el equipo de Evidence Lab, de Amnistía Internacional ha querido no solo visionarlas, sino analizar una docena de videos enviados por ciudadanos y organizaciones de derechos humanos. En un ejercicio de verificación, el organismo ha demostrado que estas conductas no entran en un “margen de error”, como ha defendido varias veces presidente Luis Abinader. “Hemos podido documentar abusos cometidos durante los operativos migratorios y hemos llamado a las autoridades a cumplir con sus obligaciones constitucionales”, explica por teléfono Johanna Cilano, investigadora regional para la organización internacional. “Es urgente que las autoridades dominicanas detengan estas expulsiones colectivas y respeten los derechos humanos. Abinader tiene la oportunidad de rectificar”.

Sin embargo, parece que, lejos de repensar la política migratoria de su país, al presidente le trae mayor rédito político este discurso antimigratorio que lo llevó a un segundo mandato el 16 de agosto, con más del 57,45% de los votos. Aunque lleva apenas 54 kilómetros (y no se ha avanzado en su construcción desde 2022), prometió un muro que dividirá ambos países, al más puro estilo trumpista y señaló a los organismos internacionales que denunciaban la violación de derechos humanos, por querer inmiscuirse en “asuntos nacionales”. “No pararemos las deportaciones a Haití ni autorizaremos campos de refugiados”, advirtió a la BBC un mes antes de las elecciones. El fin de semana de los comicios, de hecho, en Dajabón, el punto fronterizo más transitado, se triplicaron las redadas. Y durante su primer mandato, el propio Abinader se congratuló de haber “multiplicado por diez los operativos”.

Desde 2022 República Dominicana se convirtió en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamamiento en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) a los estados para detener los retornos forzados a Haití, un país que afronta una de las peores crisis políticas y de seguridad del mundo. Sin embargo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas. De ellas, más de 20.000 son adolescentes, niñas y niños. Durante 2024, la cifra ronda las 98.594 personas, entre ellas, más de 5.000 menores de edad. El 85% de estos números se produjeron en República Dominicana.

“Las personas migrantes y las personas en necesidad de protección internacional no deben ser sometidas a medidas punitivas, como la detención”, zanja Cilano. “La situación de irregularidad migratoria no constituye un delito. Aplicar, de manera generalizada, medidas de restricción de la libertad por la situación de irregularidad en el país genera detenciones arbitrarias y supera el interés legítimo del Gobierno del presidente Abinader por gestionar la migración”.

La violencia y el uso excesivo de la fuerza son una constante en los testimonios de las víctimas contactadas por el organismo. EL PAÍS ha podido recabar más de 15 testimonios sobre experiencias traumáticas como tocamientos, extorsión, agresiones y hacinamiento en los centros de detención, así como un claro perfilamiento racial. “República Dominicana instauró un apartheid”, explicó en mayo a este medio Roudy Joseph, portavoz del colectivo HaitianosRD. “Existe una obsesión por excluir a todo el que es haitiano o lo parece”. En el marco de este ejercicio de verificación de videos grabados entre julio de 2023 y julio de 2024, la organización recibió también una denuncia de violencia sexual a una niña de 14 años.

“Esto pone en riesgo efectivamente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo aquellas personas que son beneficiarias de la ley 169-14″, recalca Cilano. La doctora en Historia y estudios regionales hace referencia a una enmienda que surgió tras la sentencia 168-13 de 2013, uno de los episodios más oscuros de la política migratoria del país, un fallo que sentaba jurisprudencia para desnacionalizar a los dominicanos de ascendencia haitiana desde 1929.

Esa sentencia anuló los documentos de unas 90.000 personas de la primera generación (y afectó a más de 133.000 incluyendo a los hijos y nietos de estos) que de la noche a la mañana quedaron desamparadas; una cifra moderada a ojos de las organizaciones de derechos humanos. La norma también cerraba la puerta a cualquier posibilidad de pedir la nacionalidad por vías legales y unas 130.000 personas quedaron en situación de apatridia. La ley 169-14 quiso enmendar la oleada de críticas que recibió esta medida. Sin embargo, una década después son muchos los ciudadanos que siguen sin papeles.

A los camiones de deportación los llaman camionas (por la forma en la que lo pronuncian los migrantes) o cárceles sobre ruedas. Cualquier vecino de zona fronteriza reconoce rápidamente los barrotes que los recubren y son espectadores cotidianos de los deditos de los niños agarrados a las barras y de los gritos de quienes no consiguieron llegar al otro lado. En uno de los vídeos, una mujer estalla de ira y les grita a los agentes: “¡Saquen a esos niños de esa jaula, por el amor de Dios!”. Al lado, otro vecino del barrio bastante más cómodo con la escena, le responde que se tranquilice, que no se van a morir. “No es que no se mueran. Es que están violando los derechos humanos”, espeta indignada.

“Tienen dificultades para respirar”

Nadie sube con ganas a los camiones de deportación. Mucho menos para ser devuelto a un país en el que prácticamente la mitad de la población pasa hambre. Pero, según el comunicado de Amnistía, las personas son habitualmente golpeadas y subidas de manera forzosa y “hasta tienen dificultades para respirar” del hacinamiento de estos buses que cargan hasta 90 personas en un vehículo con capacidad para 40. “Son dejadas ahí con altas temperaturas, durante horas, antes de ser trasladadas al centro de interdicción, sin acceso a agua, servicios sanitarios o alimentación, poniendo en grave riesgo su integridad”, narra el escrito publicado este miércoles. Una vez dentro de los centros, la situación no mejora. Continúa el hacinamiento, no hay acceso a agua ni alimentación y se les restringe hablar con familiares o abogados.

Además, la organización recibió información de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual por parte de autoridades, incluyendo tocamientos, comentarios sobre sus cuerpos y “exigencia de favores sexuales a cambio de la liberación”. Según testimonios recabados, algunas mujeres haitianas embarazadas, residentes en bateyes (barrios pobres habitados normalmente por migrantes) o que requieren cuidados posnatales no buscan atención médica por miedo a la detención y deportación.

Asimismo, también han sido notificados de la entrega de niñas, niños y adolescentes por parte del Consejo Nacional para Niñez y Adolescencia (Conani) a las autoridades haitianas sin que exista un protocolo para dicha entrega, ni mecanismos que garanticen el principio de interés superior del niño. “Es imperativo la investigación y sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos y otros abusos, así como la adopción de medidas concretas para eliminar y prevenir la violencia racista y la discriminación racial en los operativos migratorios, con especial atención a aquellas que afectan a la niñez y a las personas gestantes”, zanja Cilano.