A pesar que la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de civiles en el ataque militar realizado el pasado 28 de marzo en Puerto Leguizamo (Putumayo), el presidente de la República, Iván Duque, afirmó en la tarde de este viernes 31 de marzo, que “el Ejército actuó con todos los protocolos militares”.

Entre las víctimas reportadas por la entidad, se encontrarían el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Sobre este operativo, el presidente Iván Duque, aseveró que la información ha sido clara en recalcar que las personas abatidas se encontraban armadas. “El Ejército ha venido explicando punto a punto, primero la planeación de la operación y segundo ya ha salido la evidencia del personal armado, de la droga, están las incautaciones y fuera de eso tenemos algunos de nuestros hombres heridos”, señaló.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que las Fuerzas Miliares responderán todos los requerimientos que realicen los organismos de control como es el caso puntual de la Procuraduría General de la Nación, al insistir en que “no debe quedar ningún manto de duda sobre el accionar de las autoridades”, dijo el mandatario que está a menos de seis meses de entregar el poder.

Las palabras del mandatario irían en contravía de lo dicho por la entidad del Ministerio Público, donde se confirmarían las denuncias de las organizaciones indígenas y sociales, “Es importante tener claridad que se ha actuado con todos los protocolos de la fuerza y por supuesto, bajo ese entendido, se tienen que hacer todos los actos urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación y también se tendrá que hacer toda la claridad que se requiera por parte cualquier organismo de control”, dijo Iván Duque.

El mismo día de las declaraciones del mandatario, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le envío una carta al comandante de las fuerza militares, Luis Fernando Navarro, que dice: “Las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos. Esta información resulta altamente contradictoria con la información oficial presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional a la opinión pública” indica la carta.

“Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra la población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual es imperativo que desde el comando central de las fuerzas militares se sirva aclarar lo acontecido en el operativo realizado el pasado 28 de marzo”, explicó la Procuraduría en la carta enviada a las Fuerzas Militares.

Por último, en sus declaraciones a la prensa, el presidente volvió a defender al Ejército Nacional y dejó otro anuncio: “El otro mensaje de fondo, es que la evidencia que se ha entregado también muestra claramente que los delincuentes que se encontraban allí, el armamento que tenían y algo que nos duele también algunos de nuestros hombres claves fueron heridos en ese intercambio de disparos”, reafirmó.

Desde el día del anunció oficial, el Ejército de Colombia ha sostenido que “la operación militar desarrollada fue legal, legítima y cumplía con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas contra estructuras criminales, salvaguardando los derechos humanos y acatando las disposiciones del derecho internacional humanitario”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, ha señalado que en el sitio donde ocurrieron los hechos “no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias de las Farc”.

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