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Presidente Duque niega muerte de civiles a manos de la Fuerza Pública

El mandatario señaló que el Ejército ha sido claro en la información sobre el operativo que dejó 11 bajas en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo.

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Presidente Duque

A pesar que la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de civiles en el ataque militar realizado el pasado 28 de marzo en Puerto Leguizamo (Putumayo), el presidente de la República, Iván Duque, afirmó en la tarde de este viernes 31 de marzo, que “el Ejército actuó con todos los protocolos militares”.

Entre las víctimas reportadas por la entidad, se encontrarían el presidente de la Junta de Acción Comunal, Divier Hernández Rojas, su esposa, un adolescente de 16 años y el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Sobre este operativo, el presidente Iván Duque, aseveró que la información ha sido clara en recalcar que las personas abatidas se encontraban armadas. “El Ejército ha venido explicando punto a punto, primero la planeación de la operación y segundo ya ha salido la evidencia del personal armado, de la droga, están las incautaciones y fuera de eso tenemos algunos de nuestros hombres heridos”, señaló.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que las Fuerzas Miliares responderán todos los requerimientos que realicen los organismos de control como es el caso puntual de la Procuraduría General de la Nación, al insistir en que “no debe quedar ningún manto de duda sobre el accionar de las autoridades”, dijo el mandatario que está a menos de seis meses de entregar el poder.

Las palabras del mandatario irían en contravía de lo dicho por la entidad del Ministerio Público, donde se confirmarían las denuncias de las organizaciones indígenas y sociales, “Es importante tener claridad que se ha actuado con todos los protocolos de la fuerza y por supuesto, bajo ese entendido, se tienen que hacer todos los actos urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación y también se tendrá que hacer toda la claridad que se requiera por parte cualquier organismo de control”, dijo Iván Duque.

El mismo día de las declaraciones del mandatario, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le envío una carta al comandante de las fuerza militares, Luis Fernando Navarro, que dice: “Las personas dadas de baja en esta operación serían una mujer, un presidente de junta de acción comunal, un menor de edad, un gobernador de un resguardo indígena y otras dos personas, así como cadáveres desaparecidos. Esta información resulta altamente contradictoria con la información oficial presentada por el Ejército y el Ministerio de Defensa Nacional a la opinión pública” indica la carta.

“Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra la población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual es imperativo que desde el comando central de las fuerzas militares se sirva aclarar lo acontecido en el operativo realizado el pasado 28 de marzo”, explicó la Procuraduría en la carta enviada a las Fuerzas Militares.

Por último, en sus declaraciones a la prensa, el presidente volvió a defender al Ejército Nacional y dejó otro anuncio: “El otro mensaje de fondo, es que la evidencia que se ha entregado también muestra claramente que los delincuentes que se encontraban allí, el armamento que tenían y algo que nos duele también algunos de nuestros hombres claves fueron heridos en ese intercambio de disparos”, reafirmó.

Desde el día del anunció oficial, el Ejército de Colombia ha sostenido que “la operación militar desarrollada fue legal, legítima y cumplía con todos los protocolos y lineamientos estipulados en la doctrina militar para el desarrollo de acciones ofensivas contra estructuras criminales, salvaguardando los derechos humanos y acatando las disposiciones del derecho internacional humanitario”.

El ministro de Defensa, Diego Molano, ha señalado que en el sitio donde ocurrieron los hechos “no se encontraban inocentes campesinos, sino integrantes de las disidencias de las Farc”.

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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.  

Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia

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El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.

En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.

 

Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.

En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.

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Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa

El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios

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El buque de desembarco Capana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.

En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.

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