Nunca antes se habían presentado tantos indígenas a unas elecciones en Brasil, 182 en total, 84 de los cuales mujeres, que aumentaron un 75% respecto a 2018. Una de ellas, Raquel Tremembé, incluso es candidata a la vicepresidencia con Vera Lúcia, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU). Si la votación del domingo será recordada sobre todo por la polarización del país dividido entre Jair Messias Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva, no se puede olvidar este nuevo bloque político que sus candidatos ya han apodado “bancada do cocar” en referencia a su tradicional tocado indígena.

De este grupo, al menos 40 candidatos son de la Amazonia Legal, nombre que recibe una región que incluye los nueve estados brasileños de la cuenca amazónica, aproximadamente la mitad de todo el territorio nacional. Un patrimonio amenazado por la deforestación y actividades delictivas como la minería y la pesca ilegales, el tráfico de madera y de drogas, que han aumentado exponencialmente en los últimos años. En particular, el “garimpo”, es decir la minería ilegal, especialmente de oro, se duplicó entre 2010 a 2021, pasando de 99 mil hectáreas a 196 mil según los datos de Mapbiomas, una red de ONGs, universidades y startups tecnológicas que monitorea el uso del suelo en Brasil. El “garimpo” se concentra especialmente en los estados de Pará y Mato Grosso, donde ha superado a la minería legal de tipo industrial. Por eso también los indígenas de Brasil han decidido actuar en primera persona, y el número récord de sus candidaturas de este año demuestra la urgencia de dar la pelea desde dentro de la política.

“Cuanto más amenazados nos sentimos, más necesitamos crear instrumentos de defensa”, dijo Keyla de Jesús, una de las líderes de la tribu Pataxó.

Sin embargo, esta estrategia para garantizar su supervivencia sigue siendo un reto difícil. De hecho, su mundo en Brasil ha vivido a menudo como si fuera paralelo al resto del país, separado por una lengua y una visión del derecho diferentes. Según los primeros y únicos datos disponibles, los del último censo realizado en 2010 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), los indios en Brasil son unos 900 mil, divididos en 305 grupos étnicos y hablan 274 lenguas.

“Para nosotros sigue siendo muy complicado entender la política no indígena y el concepto de afiliación política”, explica Keyla, “la mayoría de nuestras comunidades no tienen al portugués como lengua materna, por lo que resulta difícil explicar y traducir los conceptos clave de la representación política de Brasilia en nuestros distintos idiomas”.

Sin embargo, la movilización se ha convertido en una necesidad tal que, desafiando las tradiciones, incluso las mujeres participan en ella. Esto explica la apertura del liderazgo femenino en las comunidades indígenas. Uno de los símbolos de la lucha por la preservación de la Amazonia, el cacique, es decir el jefe del territorio indígena del Xingú, Raoni Metuktire, conocido en todo el mundo simplemente como Raoni, ha anunciado que su hija Kokonã ocupará su lugar. Una opción que rompe con la tradición pero que ofrece a la comunidad la esperanza de sobrevivir.

“Su nombre ya es importante, pero ha crecido aún más con esta decisión de sustituir a su padre”, dicen de Kokonã en su comunidad.

Ahora se espera que este empoderamiento femenino contribuya sobre todo a frenar la muerte en favor de la vida. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la minería ilegal, además de limitar el acceso de las comunidades indígenas a la pesca y la caza, las está literalmente matando. El informe de la CPT denuncia la muerte de hasta 101 indígenas yanomamis como consecuencia de las acciones de los “garimpeiros”. Por lo tanto, la “bancada do cocar” será decisiva para preservar sus derechos y frenar un proyecto de ley que amenaza con convertirse en un desastre, es decir el proyecto de ley 191/20, que pretende regular la explotación de los recursos minerales, hídricos y orgánicos en las reservas indígenas, pero que en realidad abriría la puerta a su desaparición. Además de dejar entrar a los inversores extranjeros, el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas estaría muy restringido, si se aprobara la ley.

“El estado de Roraima tiene tres trillones bajo tierra. El indígena tiene derecho a explotar esto de forma racional, por supuesto. Los indígenas no pueden seguir siendo pobres quedándose en tierras ricas”, había dicho Bolsonaro en 2019.

Esta declaración, junto con el proyecto de ley, desencadenó las protestas de las comunidades indígenas, que apelan al artículo 231 de la Constitución brasileña, según el cual el gobierno debe proteger sus territorios. La esperanza ahora es que las urnas les den la oportunidad de defenderse.