Un fallo determinó que el estado de Paraná ahora tiene derecho a una parte de los ingresos generados por el turismo, lo que incluye un porcentaje de la recaudación bruta de la taquilla del parque

Una reciente decisión judicial ha generado un intenso debate sobre el futuro de las Cataratas del Iguazú, una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Según informó un fallo del Tribunal Regional Federal de Brasil, un área de 1.085 hectáreas del Parque Nacional del Iguazú (del lado de Brasil), equivalente a más de 1.500 campos de fútbol, ha sido transferida del control federal al estado brasileño de Paraná. Este cambio no solo afecta la administración del territorio, sino también los ingresos derivados de la explotación turística de este emblemático destino. La medida, emitida el pasado 5 de febrero, ha sido recibida con reacciones divididas y promete desencadenar una prolongada batalla legal.

De acuerdo con el fallo, el estado de Paraná (Brasil) ahora tiene derecho a una parte de los ingresos generados por el turismo en las Cataratas, lo que incluye un porcentaje de la recaudación bruta de la taquilla del parque. Sin embargo, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), que actualmente gestiona el parque a través de la concesionaria Urbia Cataratas SA, ha anunciado que apelará la decisión. Según el ICMBio, la medida se basa en una interpretación errónea y prioriza intereses económicos por encima de la conservación ambiental.

El origen de esta disputa se remonta a 2018, cuando el gobierno brasileño presentó una acción judicial para anular un registro realizado por el estado de Paraná en el registro civil de Foz do Iguaçu, en el que este último reclamaba la propiedad del área en cuestión. Según el gobierno federal, el territorio era considerado tierra desocupada, lo que lo clasificaba como propiedad de la Unión. Sin embargo, el estado de Paraná argumentó que el área había sido adquirida en 1919, tras ser comprada a un particular llamado Jesús Val, quien había recibido la concesión del terreno por parte del Ministerio de Guerra en 1910.

El juez Luiz Antonio Bonat, relator del caso en el TRF-4, respaldó la posición de Paraná al considerar que el área no era tierra desocupada, ya que había sido transferida al dominio privado antes de ser adquirida por el estado. Esta interpretación fue apoyada por los jueces João Pedro Gebran Neto y Gisele Lemke, quienes también participaron en la votación. Según el fiscal Júlio da Costa Aveiro, esta decisión representa una “gran victoria” para Paraná.

El impacto económico de esta decisión ha sido destacado por el diputado estadual Luiz Fernando Guerra, quien celebró el fallo como un logro significativo para la población de Paraná. Guerra subrayó que los ingresos generados por el parque podrían ser reinvertidos en el estado, beneficiando la economía local, fomentando la creación de empleo y fortaleciendo los esfuerzos de conservación ambiental. “Nada más justo que invertir parte de esos recursos en el estado donde están las Cataratas del Iguazú”, afirmó el parlamentario.

Sin embargo, desde el punto de vista ambiental, la decisión ha generado preocupación. En un comunicado oficial, el Parque Nacional del Iguazú señaló que la medida podría ser apelada y revisada, un proceso que recaería en el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República, el ICMBio y el Ministerio de Medio Ambiente. Según el comunicado, los ingresos que actualmente se destinan al ICMBio, equivalentes al 7% de la recaudación bruta del parque, serían redirigidos al estado de Paraná, lo que podría alterar los recursos disponibles para la conservación de la biodiversidad en la región.

La Abogacía General de la Unión (AGU) ha argumentado que la Constitución de 1988 establece que las tierras desocupadas esenciales para la defensa de las fronteras pertenecen a la Unión. Esto incluye una franja de hasta 150 kilómetros (93 millas) de ancho a lo largo de las fronteras terrestres, conocida como franja fronteriza, que se considera fundamental para la seguridad nacional. En este contexto, la AGU sostiene que el área en disputa debería permanecer bajo control federal.

Por otro lado, el fallo del TRF-4 se basa en la interpretación de que el terreno ya no puede considerarse desocupado, dado su historial de concesión y posterior transferencia al dominio privado. Este argumento ha sido clave para justificar la transferencia de la titularidad al estado de Paraná.Turistas en las Cataratas del Iguazú. Jonas Papier – Motivarte

Un futuro incierto para las Cataratas del Iguazú

La decisión judicial ha puesto en el centro del debate no solo la titularidad del territorio, sino también el modelo de gestión de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Brasil. Mientras el estado de Paraná celebra la posibilidad de reinvertir los ingresos en su economía local, las autoridades federales y los defensores del medio ambiente advierten sobre los riesgos que esta medida podría representar para la conservación de las Cataratas del Iguazú y su entorno natural.

Con la apelación del ICMBio en curso, el futuro de las Cataratas del Iguazú sigue siendo incierto. Lo que está claro es que esta disputa legal podría sentar un precedente significativo en la administración de áreas protegidas en Brasil, enfrentando intereses económicos, ambientales y políticos en un delicado equilibrio.