Los votantes de Kansas (Estados Unidos) votaron este martes en un referéndum abrumadoramente a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado, en una derrota para los conservadores que buscaban restringirlo.

Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90 % del voto escrutado, más del 60 % de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto.

“Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números de récord para rechazar los esfuerzos extremistas para enmendar la Constitución estatal para quitar a la mujer el derecho a elegir”, indicó en un comunicado el presidente estadounidense, Joe Biden.

“Esta votación deja claro lo que ya sabemos: que la mayoría de estadounidenses están de acuerdo con que las mujeres deben tener acceso al aborto y deben tener el derecho a tomar sus propias decisiones de salud”, añadió el mandatario.

El de Kansas fue el primer referéndum que un estado estadounidense celebra después del fallo del Supremo que anuló la sentencia “Roe contra Wade”, que eliminó el derecho federal al aborto y otorgó a los estados la facultad de legislar sobre el tema.

La consulta, que se celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado este martes, podría haber abierto la puerta a que el Gobierno estatal legislara para restringir el derecho al aborto, que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas.

Se trató de un referéndum especialmente relevante porque podría haber sentado un precedente para otros estados.

Pese a tener una gobernadora demócrata, Laura Kelly, el central estado de Kansas tiene una gran tradición republicana y este partido controla las oficinas del fiscal general, del secretario de estado y ambas cámaras de la legislatura estatal.

Además, en las elecciones presidenciales también dominan los republicanos y Donald Trump fue el candidato a la presidencia favorito en las dos últimas elecciones, con el 56 % de los votos.

El referéndum de este martes había sido duramente criticado por las organizaciones civiles, que denunciaron que el texto de la pregunta no era suficientemente claro, en un intento de “desinformar y confundir por parte de quienes se oponen al aborto”, según la organización Planned Parenthood.

En el caso de que se hubiese impuesto el “sí” a la reforma constitucional, habría sido el legislativo estatal el encargado de aprobar leyes sobre el procedimiento, que habrían podido apostar por una mayor restricción de tiempos o excepciones o por la prohibición total, como está sucediendo en otros estados.

Desde que el 24 de junio el Tribunal Supremo -con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas- acabara con la protección federal del derecho al aborto (vigente desde 1973 gracias a la sentencia “Roe contra Wade”), muchas mujeres de estados como Texas, Oklahoma y Missouri han viajado a Kansas para poder abortar, ante las restricciones impuestas en estos estados.

Unas horas antes este mismo martes, el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, anunció una demanda contra el estado de Idaho por considerar que su ley contra el aborto “criminaliza a los médicos” e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.

El Departamento de Justicia demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el aborto es “el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente”.

Se trata de la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde el fallo del Supremo, y no será la única, según explicó en rueda de prensa el propio Garland.

El fiscal apuntó que el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la decisión del Supremo se está dedicando a evaluar “el panorama cambiante de las leyes estatales” y ya se están estudiando “litigios adicionales” contra otros estados.

Todo ello para “hacer todo lo posible para garantizar el acceso legal continuo a los servicios reproductivos” en estos “tiempos aterradores e inciertos para las mujeres embarazadas y sus proveedores”, apuntó por su parte la fiscal general adjunta de EEUU, Vanita Gupta.

Con la denuncia de hoy se busca poner freno a esta ley de Idaho que entra en vigor el próximo 25 de agosto e impone a los médicos la carga de probar en el juicio que no son penalmente responsables, después de ser arrestados y acusados.

(Con información de EFE)