Mundo
EEUU les quitó la visa a 60 altos funcionarios centroamericanos
La medida fue anunciada por el secretario de Estado Antony Blinken y sanciona a personas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles que ha sancionado y negado el ingreso a su territorio a 60 centroamericanos, entre ellos, magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos a quienes señala de haber participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción u obstrucción de investigaciones de corrupción en la región.
Individuos de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua han sido incluidos en la conocida como “lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a EEUU y que no podrán obtener visados para viajar a este país.
El documento con 60 nombres fue filtrado la noche del jueves pero no se hizo oficial sino hasta el miércoles. La lista es un requerimiento por ley que debe hacer el gobierno estadounidense y entregar al Congreso.
En el caso de Guatemala, la lista incluye a 16 personas, entre las que se destacan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina, por presuntamente haberse coludido con políticos y particulares para amañar la elección de cortes. Nunca fueron investigados.
La sanción a este país incluye también a José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por obstruir investigaciones de actos de corrupción desbaratando casos contra funcionarios de alto perfil y levantando aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG fue un organismo de Naciones Unidas que durante 12 años —2007 a 2019— desarticuló en el país centroamericano estructuras paralelas de corrupción y otros delitos que estaban incrustadas en el Estado guatemalteco.
Entre los políticos sancionados está la diputada y ex vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, por hacer mal uso de su investidura política y por vínculos con narcotráfico. La directora del Instituto de la Víctima, Mayra Alejandra Carrillo, fue sancionada por al parecer minar la democracia usando su cargo público. Su esposo, el diputado Felipe Alejos, también fue sancionado hace meses, retirando la visa de entrada de aquel país y aplicándole la Ley Magnitsky, que prohíbe a toda empresa vinculada al sistema financiero estadounidense hacer transacciones financieras con los señalados.
En el caso de El Salvador, la lista incluye a seis personas, entre ellos, al vocero presidencial José Ernesto Sanabria por socavar la democracia y usar su cargo indebidamente, así como la influencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele para presionar a opositores a renunciar bajo amenazas de iniciarles cargos penales.
Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado y jefe de bancada del partido oficial salvadoreño, también fue incluido en la lista por socavar la democracia votando por una ley antipandillas que criminaliza la diseminación de mensajes de pandillas en los medios, lo que es considerado por observadores como un intento de censura a medios. Al conocer la existencia del listado, Guadrón negó las acusaciones.
También se incluyó al asesor presidencial Francisco Javier Argueta Gómez por ser autor intelectual del proceso de destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de El Salvador.
Entre los 15 hondureños sancionados se encuentran ex funcionarios de bancos, entre ellos, Elmer Jeovanny Ordoñez por malversar fondos destinados a combatir la pobreza rural. También el diputado Edgardo Antonio Casaña por estar comprometido en significante corrupción.
Los 23 sancionados en Nicaragua son varios jueces y fiscales que han investigado y condenado de forma expedita a opositores políticos al régimen de Daniel Ortega. Entre ellos destacan los jueces Ulisa Yahoska Tapia Silva, Nadia Tardencilla Camila Rodríguez, Felix Ernesto Salmeron Moreno y los fiscales Marling de Jesús Castro Rodríguez, María Francis Pérez Mojica, por investigar y sancionar a opositores políticos y críticos al régimen de Ortega, usando discreción procesal y presentando cargos falsos para encarcelar a opositores previo a las elecciones de aquel país.
Mundo
México ha entregado a EEUU a 55 líderes de cárteles de droga en operaciones secretas durante el 2025
El operativo incluyó sigilo extremo, drones de vigilancia y sustitución de personal penitenciario. Las autoridades temían fugas, atentados y motines de último minuto
En una de las operaciones conjuntas más ambiciosas entre México y EstadosUnidos, 55 líderes de cárteles mexicanos fueron entregados este año a la justicia estadounidense en dos misiones bajo estrictas medidas de seguridad. La acción, resultado de una presión diplomática ejercida principalmente por la administración de Donald Trump, representa un golpe a las estructuras criminales y un giro en la cooperación bilateral frente al tráfico de drogas.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), los reos trasladados representan las cúpulas de organizaciones como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Entre los extraditados figuran nombres emblemáticos como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y prófugo de la justicia estadounidense por décadas.
Durante sus estancias en prisiones de México, estos reclusos contaban con redes de corrupción que les permitían acceso a armas, drogas, mujeres y dispositivostelefónicos. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, desde sus celdas coordinaban el envío de toneladas de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de ordenar homicidios y secuestros.
El proceso de extradición se mantuvo en completo sigilo ante el temor de fugas, motines y posibles atentados contra los propios capos, quienes representaban riesgos de filtración de información sensible. “Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México”, señaló Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La transferencia de los líderes criminales requirió la movilización de 2.000 efectivos de fuerzas especiales mexicanas. “Fue una misión que no podía fallar. Cualquier filtración habría encendido alarmas y disparado la violencia”, aseguró un alto funcionario mexicano al WSJ.
El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. “Welcome to America!”, exclamó Maltz al recibir al primer grupo de extraditados. Los raslados se ejecutaron en dos bloques: la primera hace nueve meses y la segunda en agosto. Los prisioneros desembarcaron en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C..
Entre los extraditados sobresalen los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, organización responsable de una oleada de violencia. Conforme a fuentes oficiales mexicanas, los Treviño controlaban desde prisión una red de más de 600 internos y han sido vinculados al asesinato de 18 custodios penitenciarios.
Mundo
Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos y se esconde en múltiples lugares ante el temor de un ataque de Estados Unidos
El dictador chavista ha cambiado su rutina, teléfonos y lugares de descanso, y ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado de manera significativa su seguridad personal, incluyendo el cambio de lugar donde duerme, y ha recurrido a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país.
Así lo confirman varias personas cercanas al gobierno venezolano. Describen un clima de tensión y preocupación dentro del entorno íntimo del mandatario, aunque aseguran que Maduro considera que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave en sus 12 años de gobierno.
Para protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de fuerzas especiales, Maduro ha cambiado repetidamente de lugar para dormir y de teléfono celular, según dichas fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que la administración de Trump afirma que traficaban drogas desde Venezuela.
Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, indicó una de las fuentes.
Sin embargo, en público, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington, mostrándose relajado y despreocupado, haciéndose presente en actos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.
Las siete personas cercanas al gobierno entrevistadas para este artículo pidieron el anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, responsable de las consultas de medios, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el artículo.
La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un “cártel narcoterrorista” que inunda a Estados Unidos de drogas, una narrativa que, según muchos funcionarios actuales y anteriores en Washington, busca en última instancia un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado esas amenazas con menciones a una posible solución diplomática. Él y Maduro conversaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.
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