El debate quedó aplazado para el 16 de junio a las 8:00 a. m., el presidente del Senado levantó la sesión antes de votar la ponencia del proyecto, que cursaba su último debate
Los senadores de la Alianza Verde se enfretaron a gritos y obligaron a levantar el octavo y último debate del proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia. Twitter
Una pelea entre los senadores de la Alianza Verde Inti Asprilla y Jonathan Ferney Pulido Hernández, que no pudo controlar la mesa directiva del Senado, obligó a que se levantara el último debate del proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia. El presidente de la corporación, el senador del Pacto Histórico, Alexander López, citó para el 16 de junio, a las 8:00 a. m.
Los senadores, en un video que circula en redes sociales, discutieron interrumpiendo al senador Humberto de la Calle, que intervenía en el debate, antes de que se procediera a votar la ponencia positiva del proyecto, que por primera vez llega a su octavo debate.
En uno de estos videos se escucha al senador Hernández decirle al senador Asprilla, entre otras cosas: “…maricón, o no quiere, o qué quiere que haga”. Este le contesta, según lo poco que se puede escuchar, “¿cuál maricón?”, para después espetarle a Hernández más cosas que no tampoco se escuchan y este último, alzando la voz, le dice, manoteando, a la mesa directiva del Senado: “Vayan viendo las garantías que les va a dar Inti”.
Asprilla siguió con la discusión contestándole a Hernández: “Será que usted va a dar muchas”, a lo que este último le contesta “sí, muchas, muchas garantías”, después dice algo que tampoco se entiende para añadir “… pidiendo que se levante, vayan viendo las garantías que va a dar Inti”.
El senador Asprilla con sorna le dijo, aplaudiendo, “¡ay gracias! Levántele la mano a otro, entonces”, mientras que Hernández le gritaba “¡vacíado!”. Ante esto, Asprilla también gritó y le dijo “¡Vaciado usted, pendejo!”.
Entre medias, el presidente del Senado, Alexander López, pedía calma y respeto a la intervención del senador Humberto de la Calle, que fue interrumpido por la gritería de Asprilla y Hernández:
“Por favor senadores, senadores un llamado al orden… senadores respetemos el uso de la palabra del senador de la Calle, son tan amables. El senador de la Calle tiene el uso de la palabra… un segundito senador… senador Jota Pe y senador Inti… senador Jota Pe y senador Inti, por favor… senador Jota Pe… senador Jota Pe y senador Inti, por favor un llamado al orden para que respetemos el uso de la palabra del senador de la Calle. Excúseme, usted, senador de la Calle un momentico… senadores… senadores…”
Los senadores, que parecían no escuchar al presidente del Senado, siguieron su discusión, en el video se escucha a Asprilla decir “conmigo se equivocó, hermano, conmigo se equivocó, hermano”.
Al ver que no podía controlar el orden en la sesión, el senador López decidió levantar la sesión y citarla para la mañana del viernes 16 de junio.
Cómo fue octavo debate del proyecto de ley
Más allá de la pelea y los improperios que se lanzaron entre sí los dos senadores verdes, durante el 15 de junio se discutía, en su octavo y último debate, el proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia, permitiendo su venta, regulada por el Estado, para así subsanar la contradicción que, para los autores y ponentes del proyecto, existe en el país, pues la ley colombiana permite el porte, consumo e incluso el cultivo de hasta 20 plantas para el consumo propio.
La senadora María José Pizarro, coordinadora ponente del proyecto, dijo que hay tres razones para aprobar la regulación del uso adulto del cannabis: la legalización reduce el negocio ilegal y narcotráfico; que el mercado legal de cannabis tiene potencial de traer nuevos inversionistas y que podría reducirse el conflicto en los territorios, pues se van a eliminar la rutas e implementar licencias. Y puso de ejemplo las políticas que adoptado el Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos sobre este particular.
También reparó en que el proyecto no busca “la legalización del consumo, porte o cultivo, pues eso ya está regulado por la Corte Constitucional (…) es la venta lo que es ilegal”, advirtiendo que, regulada, o no, la venta de marihuana las plantas se “van a seguir sembrando, en vez de darle la oportunidad a la marihuana de aportar a la productividad de este país”.
Durante la jornada, los senadores Jonathan Ferney Pulido Hernández y Paloma Valencia, propusieron el archivo del proyecto, que fue negado con 48 votos negando la propuesta contra 29 que respaldaban el archivo.
Hernández argumentó que el proyecto, más que acabarle el negocio a las mafias, provocaría un incremento en el consumo de marihuana en el país: “De verdad, ustedes creen que si se aprueba esto, los narcos y los jibaros van a decir que se acabó el negocio”. También dijo que si bien el proyecto contempla la creación de impuestos a la venta y compra de la marihuana, “el consumidor prefiere comprar la marihuana al valor del jibaro, que con impuestos (…) Va a salir ganando el ilegal porque va a vender a un menor precio”.
La senadora Valencia también advirtió que el proyecto beneficiaría a las estructuras ilegales “que se benefician de la marihuana y que con este proyecto será cada vez más difícil combatirlos”, pues, a su juicio, “va a ser más difícil hacer seguimiento e incautar el cannabis ilegal, pues nos vamos a quedar sin herramientas para combatir el narcotráfico”.
Por otro lado, desde el partido Conservador anunciaron que no apoyarán el proyecto y que votarán en contra: “Quince senadores que integramos la bancada hemos tomado la decisión de votar negativo el proyecto, para que ustedes empiecen a descontar. Esa decisión también la van a tomar otros partidos”, anunció el senador Germán Blanco.
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Panamá dio un paso formal en su aspiración de ingresar al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program, VWP) de Estados Unidos con la conformación del Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Exención de Visas, liderado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos.
Este grupo fue establecido en una reunión que reunió a representantes de diversas instituciones del Gobierno, con el objetivo de definir los requisitos técnicos, operativos y de seguridad que Panamá deberá cumplir para avanzar en el proceso de ingreso al programa estadounidense.
El encuentro marcó el inicio formal de un proceso que implica una coordinación interinstitucional intensa, con miras a fortalecer la seguridad fronteriza, la gestión migratoria y el intercambio de información.
La mesa de trabajo operará de manera conjunta con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y representantes del Departamento de Seguridad Nacional del país norteamericano, en una etapa que se presenta como compleja y de largo plazo.
Durante la reunión, el ministro encargado Hoyos explicó que la integración del grupo responde a un esfuerzo del Estado panameño por cumplir con los estándares técnicos y operativos exigidos por el Programa de Exención de Visas, que no solo cubre aspectos migratorios, sino también seguridad, gestión documental y cooperación bilateral.
Según Hoyos, avanzar en este proceso requiere del aporte coordinado de múltiples entidades nacionales, desde migración hasta aeronáutica civil, con un enfoque de corresponsabilidad para cumplir los requisitos que establece la ley estadounidense.
El funcionario subrayó además que el programa no solo representa una posible facilidad migratoria para los ciudadanos panameños, sino una herramienta para fortalecer los vínculos sociales, académicos y empresariales entre Panamá y Estados Unidos, siempre bajo estándares elevados de seguridad y confiabilidad.
Enfatizó que la exención de visas debe verse en el marco de una visión estratégica de largo plazo, con beneficios potenciales en turismo, comercio y movilidad educativa.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, presente en el encuentro, señaló que su gobierno está compartiendo información técnica y apoyo con las autoridades panameñas para avanzar en el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación estadounidense.
Hoy comienza la edición 2026 de la Copa Libertadores con el inicio de la Primera Fase, una instancia que marca el arranque oficial del certamen más importante de clubes en Sudamérica. El primer partido tendrá lugar en La Paz, donde The Strongest recibirá a Deportivo Táchira a las 21:30 horas en el estadio Hernando Siles, con el arbitraje de Paulo Cesar Zanovelli da Silva. Este encuentro abre la serie E1 y el ganador avanzará a la siguiente ronda, en busca de un lugar en la fase de grupos.
La primera semana de acción continúa el miércoles con el duelo entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima de Perú, seguido el jueves por el enfrentamiento entre Juventud de Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. Todos los partidos de este tramo inicial se disputarán a las 21:30 horas, y la próxima semana se jugarán los encuentros de vuelta para definir a los equipos que seguirán en carrera.
En la Fase 1 participan clubes de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, federaciones que buscan dejar su huella en el certamen desde el primer día. Argentina no cuenta con representantes en esta instancia preliminar. Los tres equipos que superen la Fase 1 se sumarán a otros 13 que ya tienen su lugar asegurado en la Fase 2, cuyos partidos se disputarán entre el 17 y el 26 de febrero.
La estructura del torneo establece que tras la Fase 2, los ocho ganadores avanzarán a la última etapa previa, la Fase 3, donde se definirán los cuatro equipos que accederán a la fase de grupos. Aquellos clubes que no logren superar la Fase 3 tendrán la oportunidad de disputar la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
En la fase de grupos de la Libertadores competirán 32 equipos de los diez países sudamericanos, incluidos los campeones vigentes de la Libertadores y la Sudamericana, junto a los que logren avanzar desde las rondas previas. Así se pone en marcha una nueva edición del máximo torneo continental, con el sueño intacto de la “Gloria Eterna”.