En un operativo conjunto en Bethlehem, Pensilvania, agentes de ICE detuvieron a 17 migrantes indocumentados que trabajaban en la restauración del complejo Five 10 Flats, afectado por un incendio en mayo.

Entre los detenidos hay 13 venezolanos, 2 mexicanos, 1 ecuatoriano y 1 nicaragüense. Según ICE, los trabajadores fueron contratados por un subcontratista y no contaban con autorización legal para trabajar en EE.UU.

El operativo forma parte de una estrategia nacional para reforzar el cumplimiento de leyes migratorias en entornos laborales. ICE argumenta que estas prácticas protegen a los trabajadores legales y evitan la explotación laboral.

Aunque no se ha revelado si el subcontratista enfrentará sanciones, la agencia advirtió que continuará con inspecciones similares en sectores como la construcción y la agricultura, donde se ha detectado un aumento en el empleo informal de migrantes.

Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad. La tensión comenzó el pasado 9 de junio, cuando el gobierno federal decidió implementar una serie de redadas sorpresa en comunidades con alta concentración de inmigrantes, llevando así al arresto de más de 100 personas en los primeros operativos.

Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decidió llevar el asunto a los tribunales para bloquear el despliegue de tropas, considerando que era ilegal e inconstitucional y que vulneraba tanto los derechos de los inmigrantes como la autonomía del estado de California.

A lo largo de la semana, grupos de ciudadanos, comunidades latinas y asociaciones de defensa de los derechos humanos marcharon en varias zonas de Los Ángeles para expresar en forma pacífica pero contundente el rechazo de lo que consideran una persecución injustificada hacia los más vulnerables.

La mayoría de las protestas se han mantenido en forma pacífica, pero en determinados puntos se produjeron enfrentamientos aislados, detenciones y el uso de gas pimienta para dispersar multitudes. La opinión pública en el estado continúa muy dividida en torno a la gestión de esta crisis.