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La investigación sobre la desaparición de los cuatro menores en Ecuador comenzó 15 días después pese a las evidencias en video
Aunque las grabaciones fueron entregadas a las autoridades al día siguiente de los hechos, el análisis sobre la posible responsabilidad de los 16 militares involucrados no comenzó sino hasta varios días después, cuando la presión de las familias y las organizaciones de derechos humanos forzó su inicio
La desaparición de cuatro niños el 8 de diciembre en Guayaquil, Ecuador, sigue generando conmoción, especialmente tras la revelación de videos de vigilancia donde se observa a soldados deteniendo a dos de ellos.
La desaparición de cuatro niños el 8 de diciembre en Guayaquil, Ecuador, sigue generando conmoción, especialmente tras la revelación de videos de vigilancia donde se observa a soldados deteniendo a dos de ellos.
Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), pese a que las grabaciones fueron entregadas a las autoridades un día después de los hechos, la investigación sobre el posible rol de los militares comenzó recién 15 días más tarde, tras la presión pública ejercida por las familias y organizaciones de derechos humanos.
Los menores, Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, junto a Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), desaparecieron luego de participar en una práctica de fútbol en el barrio Las Malvinas, en Guayaquil.
Las imágenes difundidas esta semana muestran como hombres en uniformes militares detuvieron a dos de ellos cerca de un centro comercial, los golpearon y los subieron a una camioneta.
El martes 19 de diciembre, cuatro cadáveres calcinados fueron hallados cerca de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil.
Según funcionarios, la identificación de los cuerpos podría tardar hasta un mes debido al avanzado estado de carbonización, que impide realizar pruebas dactilares.
Los médicos forenses intentarán extraer fragmentos de ADN de los huesos o dientes para confirmar si se trata de los niños desaparecidos. Además, a los cuerpos se les va a realizar muestras radiográficas y las respectivas autopsias.
El hallazgo de los cuerpos desencadenó el arresto de 16 soldados de la base de Taura, quienes deberán comparecer ante una audiencia el próximo martes, cuando se les formularán cargos por desaparición forzada.
Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, los soldados también serán investigados por un tribunal militar, ya que la patrulla que interceptó a los niños actuó sin autorización. “La responsabilidad de esta operación recaerá sobre quienes infringieron los protocolos establecidos”, afirmó el ministro.
Las familias de los menores, acompañadas por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), proporcionaron información antropológica sobre los niños, como su edad, estatura y características físicas, con el fin de cotejarla con los cuerpos hallados.
Según Billy Navarrete, director del CDH, si las pruebas iniciales no arrojan resultados concluyentes, se procederá a realizar exámenes de ADN, que podrían tardar hasta 30 días. No obstante, el Ministerio del Interior, en colaboración con una universidad extranjera, prometió resultados en un plazo de cinco días.
Una jueza determinó que el caso debe ser investigado como una desaparición forzada con responsabilidad estatal, y subrayó que durante la audiencia del hábeas corpus presentado por las familias, se demostraron incumplimientos de los protocolos militares.
Por su parte, organizaciones estatales y civiles conformaron una mesa de atención integral para casos de uso ilegítimo de la fuerza, con el objetivo de garantizar justicia en este y otros casos similares.
El gobierno del presidente Daniel Noboa, quien enfrenta elecciones en febrero, se apoyó en el ejército para combatir la creciente violencia relacionada con el narcotráfico.
Sin embargo, este caso pone en entredicho las acciones de las fuerzas armadas. Incidentes previos, como la desaparición de dos niños en agosto en Los Ríos y la muerte de un joven en un control militar en Guayaquil, también incrementaron las críticas hacia las fuerzas de seguridad.
(Con información de Associated Press y EFE)
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México ha entregado a EEUU a 55 líderes de cárteles de droga en operaciones secretas durante el 2025
El operativo incluyó sigilo extremo, drones de vigilancia y sustitución de personal penitenciario. Las autoridades temían fugas, atentados y motines de último minuto
En una de las operaciones conjuntas más ambiciosas entre México y EstadosUnidos, 55 líderes de cárteles mexicanos fueron entregados este año a la justicia estadounidense en dos misiones bajo estrictas medidas de seguridad. La acción, resultado de una presión diplomática ejercida principalmente por la administración de Donald Trump, representa un golpe a las estructuras criminales y un giro en la cooperación bilateral frente al tráfico de drogas.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), los reos trasladados representan las cúpulas de organizaciones como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Entre los extraditados figuran nombres emblemáticos como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y prófugo de la justicia estadounidense por décadas.
Durante sus estancias en prisiones de México, estos reclusos contaban con redes de corrupción que les permitían acceso a armas, drogas, mujeres y dispositivostelefónicos. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, desde sus celdas coordinaban el envío de toneladas de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de ordenar homicidios y secuestros.
El proceso de extradición se mantuvo en completo sigilo ante el temor de fugas, motines y posibles atentados contra los propios capos, quienes representaban riesgos de filtración de información sensible. “Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México”, señaló Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La transferencia de los líderes criminales requirió la movilización de 2.000 efectivos de fuerzas especiales mexicanas. “Fue una misión que no podía fallar. Cualquier filtración habría encendido alarmas y disparado la violencia”, aseguró un alto funcionario mexicano al WSJ.
El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. “Welcome to America!”, exclamó Maltz al recibir al primer grupo de extraditados. Los raslados se ejecutaron en dos bloques: la primera hace nueve meses y la segunda en agosto. Los prisioneros desembarcaron en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C..
Entre los extraditados sobresalen los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, organización responsable de una oleada de violencia. Conforme a fuentes oficiales mexicanas, los Treviño controlaban desde prisión una red de más de 600 internos y han sido vinculados al asesinato de 18 custodios penitenciarios.
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Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos y se esconde en múltiples lugares ante el temor de un ataque de Estados Unidos
El dictador chavista ha cambiado su rutina, teléfonos y lugares de descanso, y ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado de manera significativa su seguridad personal, incluyendo el cambio de lugar donde duerme, y ha recurrido a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país.
Así lo confirman varias personas cercanas al gobierno venezolano. Describen un clima de tensión y preocupación dentro del entorno íntimo del mandatario, aunque aseguran que Maduro considera que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave en sus 12 años de gobierno.
Para protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de fuerzas especiales, Maduro ha cambiado repetidamente de lugar para dormir y de teléfono celular, según dichas fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que la administración de Trump afirma que traficaban drogas desde Venezuela.
Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, indicó una de las fuentes.
Sin embargo, en público, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington, mostrándose relajado y despreocupado, haciéndose presente en actos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.
Las siete personas cercanas al gobierno entrevistadas para este artículo pidieron el anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, responsable de las consultas de medios, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el artículo.
La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un “cártel narcoterrorista” que inunda a Estados Unidos de drogas, una narrativa que, según muchos funcionarios actuales y anteriores en Washington, busca en última instancia un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado esas amenazas con menciones a una posible solución diplomática. Él y Maduro conversaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.
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