Infobae Colombia accedió al documento completo que oficializó también el estado de emergencia ecológica tras la semana de gobernanza del presidente y su gabinete en el departamento
El presidente declaró la emergencia social y económica para atender la situación de La Guajira el jueves 29 de junio. Presidencia.
El jueves 29 de junio el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia social y económica en La Guajira tras gobernar junto con todo su gabinete durante la última semana de ese mes en el departamento. En el anuncio, manifestó que las medidas que se tomarán estarán centradas en contrarrestar los efectos climáticos generados por el fenómeno de El Niño y solucionar a mediano plazo la falta de agua potable en varios municipios.
Al respecto, en la noche del domingo 2 de julio, Infobae Colombia tuvo acceso al documento completo correspondiente al decreto 1085 firmado este mismo día por el jefe de Estado y a través del cual quedó oficialmente declarado el estado de emergencia económica, social y ecológica en el departamento.
Dicha declaratoria tendrá vigencia de 30 días contando la fecha de expedición del decreto. De igual manera establece que “el Gobierno nacional ejercerá las facultades y obligaciones a las cuales se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, la Ley 137 de 1994 y las demás disposiciones que requiera para conjurar la crisis”.
El documento también precisó que el Gobierno nacional también acudirá a sus competencias para emitir, a través de decretos legislativos, los mecanismos adicionales para hacer frente a la crisis y evitar que agudicen sus efectos. De igual manera, estableció que dispondrá las operaciones presupuestales para llevar a cabo esas medidas.
Las razones puntuales que llevaron a decretar el estado de emergencia
El decreto 1085 del 2 de julio de 2023, firmado también por todo su gabinete ministerial (incluyendo Francia Márquez, designada el 29 de junio como jefa de la cartera de Igualdad y Equidad), expresó en 11 puntos las problemáticas estructurales que padece La Guajira y sobre las que la actual administración espera atender a mediano y largo plazo.
En principio, el objetivo es acatar la sentencia T-302 de 2017 emitida por la Corte Constitucional y en la que fue declarado el estado de cosas inconstitucional en La Guajira. Sumado a eso, el Gobierno indicó con la normatividad expedida el domingo que se busca atender, en primer lugar, el acceso al agua potable para consumo humano.
1. Salud
Se requieren medidas legislativas para “reorganizar la estructura y funcionamiento del sistema de salud en La Guajira” a través de un modelo intercultural propio concertado con las autoridades tradicionales del pueblo wayuu y otras comunidades asentadas en el departamento.
2. Agua y saneamiento básico
De acuerdo con el decreto, se necesita la disposición de fuentes de recursos para priorizar “la estructuración e· implementación de intervención en infraestructura y esquemas de gestión de agua y saneamiento básico, en el departamento de La Guajira”.
Además, la nación dispondrá de las competencias establecidas en la Ley 142 de 1994 para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua y saneamiento básico durante el tiempo que dure la emergencia o hasta que las entidades correspondientes asuman una prestación eficiente.
3. Sector agropecuario y rural
A fin de garantizar la soberanía alimentaria, “se requieren medidas extraordinarias que permitan flexibilizar los requisitos y condiciones de la contratación de las entidades del sector agropecuario cuando se trate de convenios o contratos con personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, Cabildos Indígenas, Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas y Consejos Comunitarios de las comunidades negras regulados por la Ley 70 de 1993″.
4. Sector ambiente
Se necesita, de acuerdo con el decreto, expedir medidas que permitan “conjurar la crisis actual” respecto de los fenómenos climáticos que se aproximan para el departamento, así como resulta necesario “fortalecer los sistemas de monitoreo ambiental” ante los efectos del cambio climático y sus profundas variaciones en esta zona del Caribe colombiano.
5. Sector educación
Ante la crisis humanitaria, el Gobierno analizará las políticas públicas relacionadas con infraestructura, alimentación, recursos tecnológicos, saneamiento y agua potable, transporte escolar, calidad educativa y del cuerpo docente con enfoque diferencial. Además, sentenciaron que se vuelve importante adoptar medidas sobre la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento.
6. Sector energía
“Se precisa la necesidad de subsidiar la implementación de techos solares, las microredes, los proyectos de energía distribuida y el almacenamiento de energía, además de implementar la transformación de termoguajira”, mencionó el decreto en este apartado.
7. Sector transporte
De acuerdo con el Ejecutivo, es necesario adoptar medidas “de rango legislativo” que permitan reforzar la infraestructura aérea en La Guajira, con el primer objetivo de facilitar la interconexión y prestación de los servicios públicos esenciales.
8. Tributos e inversiones
Es necesario, de acuerdo con el decreto, dictar mecanismos para hacer modificaciones presupuestales “con el fin de focalizar los recursos destinados a ese propósito”; así como explorar la relevancia y establecer otros tributos “o incluso generar incentivos a las inversiones y el turismo en el departamento” para que el sector productivo aporte a la superación de la crisis.
9. Inclusión
Es necesario adoptar medidas de atención para la primera infancia; disponer, enajenar y sanear bienes propiedad del Icbf “con el fin de obtener recursos que permitan ampliar la cobertura para la atención”.
10. Sector TIC
“Se hace necesario adoptar medidas de rango legislativo que permitan agilizar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones”, reseñó el decreto.
11. Sector de medidas presupuestales, planeación y contratación
Finalmente, el Gobierno Petro decretó que se deben acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la sentencia de 2017 proferida por la Corte Constitucional. En ese orden, se requieren hacer modificaciones presupuestales para lo cual se priorizará el uso de recursos provenientes del Sistema General de Regalías para paliar la crisis en los apartados ya mencionados.
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Un reciente brote de ébola en África ha encendido las alertas de salud pública en Estados Unidos y otros países de Norteamérica a pocas semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que atraerá a cientos de miles de visitantes de todo el mundo.
Aunque las autoridades sanitarias estadounidenses consideran poco probable un brote importante de ébola en el país, la llegada masiva de aficionados, atletas y turistas ha reavivado las preocupaciones sobre la posible propagación de enfermedades transmisibles durante el torneo.
En respuesta a la situación, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México anunciaron medidas sanitarias coordinadas para viajeros procedentes de las regiones africanas consideradas de mayor riesgo. Según un comunicado conjunto, estas acciones buscan proteger tanto a los residentes como a los millones de personas que asistirán al campeonato, sin interrumpir significativamente el flujo de viajes y comercio.
La administración del presidente Donald Trump también ha reforzado sus controles sobre viajeros internacionales y ha implementado políticas destinadas a evitar que personas infectadas o expuestas al virus ingresen al territorio estadounidense.
Expertos en salud pública advierten que, aunque enfermedades como el ébola y el hantavirus son mucho menos contagiosas que el COVID-19, la magnitud de un evento internacional de esta escala exige una preparación rigurosa. Algunos especialistas han expresado preocupación por la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias tras años de recortes y cambios en las estructuras de salud pública.
Mientras tanto, la República Democrática del Congo habría solicitado a la FIFA el reembolso de entradas para aficionados afectados por restricciones de viaje relacionadas con el brote. Además, la selección nacional congoleña y su personal ya habrían abandonado el país para cumplir con requisitos de cuarentena previos a la competencia.
No obstante, especialistas señalan que los riesgos sanitarios más probables durante el Mundial podrían provenir de enfermedades comunes y conocidas, para las cuales ya existen herramientas de prevención y control.
A medida que se acerca el inicio del torneo, autoridades federales, estatales y locales continúan coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad sanitaria de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.
BOGOTÁ, Colombia — El candidato independiente Aberaldo de la Espriella, conocido por su postura firme contra el crimen, obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, lo que lo enfrentará en una segunda vuelta con Iván Cepeda, aliado del presidente saliente Gustavo Petro.
Al no alcanzar ninguno de los aspirantes la mayoría absoluta requerida para ganar en la primera ronda, los colombianos volverán a las urnas en junio para definir al próximo mandatario.
Tras conocerse los resultados preliminares, Cepeda y Petro expresaron dudas sobre el proceso electoral, afirmando —sin aportar evidencias— que pudo haber existido manipulación de votos e injerencia extranjera en la elección.
Cepeda señaló que esperará la revisión completa de los resultados por parte de las autoridades electorales antes de emitir una posición definitiva sobre los comicios.
“Nos pronunciaremos cuando las comisiones escrutadoras hayan esclarecido plenamente lo sucedido”, afirmó el candidato, aunque reconoció que todo apunta a una segunda vuelta electoral.
Con el 99,98 % de las mesas escrutadas, De la Espriella registraba cerca del 44 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzaba aproximadamente el 41 %, de acuerdo con cifras oficiales.
Iván Cepeda, senador de tendencia progresista, ha prometido dar continuidad a la controvertida política de “paz total”, una iniciativa que busca alcanzar acuerdos con grupos guerrilleros y organizaciones criminales para reducir la violencia en el país.
Aunque Cepeda lideró de manera constante las encuestas durante gran parte de la campaña, en las semanas previas a la votación del domingo Aberaldo de la Espriella logró un rápido ascenso en la intención de voto, impulsado por su promesa de combatir con mayor firmeza a los grupos armados y reforzar la seguridad en Colombia.
El ajustado resultado de la primera vuelta podría representar un desafío para Iván Cepeda en la segunda ronda electoral, ya que se espera que Aberaldo de la Espriella atraiga el respaldo de los votantes que apoyaron a otros candidatos conservadores en la primera fase de la contienda.
De la Espriella, un recién llegado a la política nacional apodado “El Tigre”, ha intentado proyectarse como un aliado ideológico del presidente estadounidense Donald Trump, destacando posiciones de firmeza en materia de seguridad y orden público.
Durante un enérgico discurso la noche del domingo, pronunciado detrás de un cristal blindado frente a sus simpatizantes, el candidato hizo un llamado a la observación internacional de la segunda vuelta.
“Que Estados Unidos y las fuerzas democráticas supervisen esta segunda vuelta electoral. Yo lideraré esta batalla; seré el mejor guerrero de Colombia”, afirmó De la Espriella mientras golpeaba su pecho ante la multitud.