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Mascotas

4.000 beagles destinados a experimentos farmacológicos en EEUU buscan hogar

Distintos refugios del país han empezado a recibir a los perros, que serán examinados y vacunados antes de estar disponibles para su adopción.

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beagles buscan hogar

Alrededor de 4.000 beagles están buscando un hogar después de que organizaciones de rescate de animales empezaran a sacarlos de una instalación de Virginia que los criaba para venderlos a laboratorios para experimentos con drogas.

“Vamos a tardar 60 días en sacar a todos estos animales, y vamos a trabajar con nuestros socios de refugios y rescates de todo el país para conseguir que estos perros finalmente tengan un hogar donde los amen”, dijo Kitty Block, presidenta y directora ejecutiva de la U.S. Humane Society.

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Refugios desde South Elgin, Illinois, a Pittsburgh han empezado a recibir a los perros, que serán examinados y vacunados antes de estar disponibles para su adopción.

En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Envigo RMS LLC alegando violaciones de la Ley de Bienestar Animal en las instalaciones de Cumberland (Virginia).

En junio, la empresa matriz Inotiv Inc dijo que cerraría las instalaciones, y un mes después Envigo llegó a un acuerdo con el Gobierno sin pagar ninguna multa. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters.

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Inspectores del Gobierno descubrieron que allí se mataba a los beagles en lugar de atenderlos por afecciones fácilmente tratables y se negaba la comida a las madres lactantes.

Además, la comida que recibían los animales contenía gusanos, moho y heces; y en un periodo de ocho semanas, 25 cachorros de beagle murieron por exposición al frío, dijo la Humane Society en un comunicado. Algunos resultaron heridos al ser atacados por otros perros en condiciones de hacinamiento, añadió la entidad.

Envigo, una organización de investigación que fue adquirida el año pasado por Inotiv y que trabaja con las industrias farmacéutica y biotecnológica, señaló mediante un comunicado en julio que había aceptado el plan de traslado de los perros. La empresa dice en su sitio web que cría “animales sanos y sin problemas de socialización” que se venden para fines de investigación y tiene una licencia expedida por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés) para criar y vender los perros. La empresa afirmó en junio que el cierre del centro en Cumberland supondría menos del uno por ciento de los ingresos totales de Inotiv.

(Con información de Reuters)

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Italia indignada por la muerte del perro policía Bruno, envenenado con clavos

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Italia está conmocionada por el brutal asesinato de Bruno, un perro policía de 7 años que participó en múltiples misiones de rescate. Fue hallado muerto en su cobertizo en Tarento tras ingerir comida mezclada con clavos, lo que le provocó un sufrimiento extremo y daños internos irreparables.

Su entrenador, Arcangelo Caressa, denunció que el crimen podría estar vinculado a su labor como activista en el rescate de animales maltratados, especialmente perros usados en peleas clandestinas. Sospecha que el ataque fue una represalia dirigida hacia él, y no directamente contra Bruno.

La primera ministra Giorgia Meloni calificó el hecho como “vil, cobarde e inaceptable”, mientras que la diputada Michela Vittoria Brambilla presentó una denuncia penal bajo la nueva Ley Brambilla, que endurece las penas por maltrato animal hasta 4 años de prisión y 60.000 euros de multa.

Bruno había rescatado a cinco personas con vida y localizado cuatro cuerpos durante su carrera. Su muerte ha generado una ola de indignación en redes sociales, medios y sectores políticos, que exigen justicia y mayor protección para los animales de servicio.

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Florida sanciona con multas de hasta USD 1.000 a dueños de mascotas que no cumplan esta norma

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Florida endureció su legislación sobre tenencia de perros con historial violento mediante la aprobación de la ley HB 873, conocida como la “Pam Rock Act”. La norma impone sanciones penales a los dueños que no controlen adecuadamente a sus animales cuando estos causan daños graves o mortales a personas. El proyecto fue aprobado en la sesión legislativa de 2024 y lleva el nombre de Pamela Jane Rock, una trabajadora postal que murió en 2022 tras ser atacada por varios perros.

La ley establece nuevas responsabilidades legales para los propietarios, con penas que incluyen multas económicas, cárcel y el posible sacrificio del animal. Su aplicación busca reducir los incidentes relacionados con animales peligrosos, especialmente en contextos donde ya se ha emitido una advertencia previa por comportamiento agresivo. El marco legal establece también reglas estrictas para la adopción de perros con antecedentes violentos, así como confinamientos obligatorios bajo vigilancia.

Esta legislación surge como respuesta directa a un hecho que generó conmoción pública a nivel estatal y motivó el debate en comités legislativos y medios locales. La muerte de Rock provocó llamados por parte de trabajadores postales y organizaciones de seguridad pública para que se actualizara el tratamiento legal de animales potencialmente peligrosos. El proyecto fue sancionado por el gobernador Ron DeSantis tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso estatal, según registros del Senado de Florida.

¿Qué es la “Pam Rock Act” en Florida?

La Ley HB 873 fue promovida en memoria de Pamela Jane Rock, empleada del Servicio Postal de Estados Unidos, quien fue atacada por cinco perros mientras entregaba correspondencia en el condado de Putnam. La víctima sufrió heridas graves y murió poco después en el hospital, de acuerdo con el informe del sheriff del condado, citado por News4JAX. Los animales involucrados no estaban cercados adecuadamente y habían escapado de una propiedad privada.

La “Pam Rock Act” establece que un propietario puede ser procesado penalmente si su perro hiere gravemente o causa la muerte de una persona, y si ya había recibido advertencias documentadas por la conducta del animal. En tales casos, la sanción puede alcanzar el nivel de delito grave de segundo grado, lo que puede conllevar hasta 15 años de prisión, conforme al Código Penal de Florida, administrado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley del estado (FDLE).

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