Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad. La tensión comenzó el pasado 9 de junio, cuando el gobierno federal decidió implementar una serie de redadas sorpresa en comunidades con alta concentración de inmigrantes, llevando así al arresto de más de 100 personas en los primeros operativos.

Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decidió llevar el asunto a los tribunales para bloquear el despliegue de tropas, considerando que era ilegal e inconstitucional y que vulneraba tanto los derechos de los inmigrantes como la autonomía del estado de California.

A lo largo de la semana, grupos de ciudadanos, comunidades latinas y asociaciones de defensa de los derechos humanos marcharon en varias zonas de Los Ángeles para expresar en forma pacífica pero contundente el rechazo de lo que consideran una persecución injustificada hacia los más vulnerables.

La mayoría de las protestas se han mantenido en forma pacífica, pero en determinados puntos se produjeron enfrentamientos aislados, detenciones y el uso de gas pimienta para dispersar multitudes. La opinión pública en el estado continúa muy dividida en torno a la gestión de esta crisis.

Una niña de cuatro años nacida en México, diagnosticada con síndrome de intestino corto, podrá permanecer legalmente en Estados Unidos por un año adicional, tras la intervención de autoridades migratorias estadounidenses.

La menor, identificada como S.G.V., había sido notificada en abril de 2025 de la revocación de su permiso humanitario, una medida que también afectó a su madre, Deysi Vargas. Ambas ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023 por razones médicas.

El caso fue reportado por distintos medios, luego de que la familia alertara que una posible deportación interrumpiría el tratamiento especializado que mantiene con vida a la menor. La condición médica, según médicos tratantes, requiere 14 horas diarias de nutrición intravenosa y no puede ser replicada en México debido a la falta de infraestructura hospitalaria y personal especializado para la atención ambulatoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó oficialmente el 3 de junio que la familia había recibido una extensión del permiso humanitario por un año, hasta el 1 de junio de 2026. La decisión llegó después de una campaña pública de respaldo, incluyendo una carta firmada por 38 legisladores del Congreso de EE.UU. y gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano.

Según NBC News, la familia recibió una notificación oficial en abril de 2025 informando que su permiso humanitario había sido cancelado antes de la fecha de vencimiento original, junto con la autorización para trabajar. El documento advertía que, si no abandonaban voluntariamente el país, serían sujetos a procesos legales y posibles acciones penales, multas civiles y deportación.

La revocación fue parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a revertir programas migratorios implementados durante el gobierno de Joe Biden. Los Angeles Times reportó que miles de personas en situación similar recibieron comunicados con el mismo contenido, incluyendo instrucciones para utilizar la aplicación migratoria CBP Home, un sistema promovido para la auto expulsión voluntaria.