A partir de hoy entran en vigor las nuevas normas aprobadas por el presidente Joe Biden con respecto al accionar que deben llevar adelante los agentes del servicio de migraciones y control de aduanas en el país (ICE por sus siglas en inglés). Basados en estas normas se determina quién puede ser arrestado por temas migratorios y quién puede ser deportado. Los cambios se aprobaron el pasado 30 de septiembre, pero se hacen efectivos hoy. Los esfuerzos de la administración se concentrarán en deportar a los indocumentados que suponen una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, además de quienes haya cruzado la frontera recientemente teniendo menos lazos en el país.

“El hecho de que un individuo sea indocumentado no debe ser por si solo la base para aplicar la ley en su contra”, afirmaba Alejandro Mayorkas, Secretario del Departamento de Seguridad Nacional y un inmigrante él mismo que llegó al país siendo un niño proveniente de la isla de Cuba.

Ahora las autoridades migratorias tienen la potestad de evaluar si una persona cometió algún tipo de delito en los años que estuvo en Estados Unidos, o inclusive antes de llegar aquí si es que tienen esa información disponible. Basándose en el tipo de delito y en el hecho de si se usó o no un arma de fuego, el agente deberá decidir si esa persona es candidato a ser deportado.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es si se trata de personas jóvenes o mayores y qué impacto su deportación tendría en otros miembros de su familia que posiblemente sean ciudadanos estadounidenses. Esta norma está basada en un reclamo hecho por años por las asociaciones de ayuda al inmigrante. Hay infinidad de casos de padres o madres de familia deportados que dejaron en este país hijos que nacieron en EEUU. La ley migratoria indica que una persona cuyo hijo es ciudadano de este país no puede solicitar estatus migratorio hasta que el el hijo cumpla los 21 años.

De esta manera, quedan excluidos de la lista de prioridad de deportación los trabajadores agrarios sin récord criminal que en años anteriores fueron objeto de persecución del departamento de inmigración, en administraciones tanto republicanas como demócratas.

“¿Vamos a perder el tiempo deportando al trabajador agrícola que se rompe la espalda para recoger la fruta que luego comemos? Porque si perseguimos a ese individuo, estaremos desperdiciando recursos que podríamos usar en detener a alguien que sí representa un peligro para nuestra nación”, reflexionaba Mayorkas.

El proyecto de esta nueva norma, presentado originalmente a comienzos de este año, indicaba que los agentes de inmigración debían tener el visto bueno de sus supervisores para tomar este tipo de decisiones, para que haya una mayor uniformidad en el cumplimiento de la norma. Sin embargo, la versión aprobada a finales de septiembre les da potestad a los agentes de tomar sus propias decisiones.

Algunas organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes critican este cambio, alegando que hay agentes con ideas racistas que no harán caso a la nueva norma. Sin embargo, desde la oficina de Mayorkas se explica el cambio argumentando que confían en los trabajadores de ICE y que esto acelerará los procesos.

Estos son cambios en el procedimiento y no una modificación de la ley, que solo pudiera llegar a través de una aprobación en ambas cámaras del Congreso.