Luego de los estrictos requisitos de inmigración impuestos por el gobierno de Donald Trump, el proceso se tornará más sencillo, al menos para los inmigrantes de bajos recursos. La nueva regulación entrará en vigor el 23 de diciembre próximo, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde esa fecha se analizarán los estándares que establecen cuándo un inmigrante es considerado una carga económica para el país o una carga pública.

Un inmigrante que entre en la clasificación de carga pública, sería descalificado para obtener la residencia permanente. Sin embargo, según nueva reglamentación, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), esa categoría se restringirá a casos en que sea “probable” que el solicitante “en algún momento dependan principalmente del gobierno para su subsistencia”.

Según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, esta acción “garantiza un trato justo y humano para los inmigrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses”. Agregó: “De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas porque accedan a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.

La medida del gobierno de Joe Biden busca frenar el efecto adverso que las regulaciones anteriores tuvieron en los hogares de inmigrantes. Muchos se negaron a recibir beneficios para los que podían calificar, por miedo a no poder acceder luego a una Green Card.

Durante el mandato de Trump el DHS había ampliado la cantidad y tipos de beneficios gubernamentales utilizados por algunos inmigrantes, y que podrían hacerlos inelegibles para la residencia. Tal era el caso de los cupones de comida, subsidios de vivienda, o el seguro de salud Medicaid.

La regulación de Trump también consideró los ingresos, la edad, las condiciones médicas y el tamaño de la familia para determinar si en el futuro era probable que dependieran de estos beneficios. Aunque entonces se argumentó que las reglas promovían la autonomía económica de los inmigrantes, hubo denuncias por el modo en que esa política repercutió negativamente contra miles de inmigrantes que esperaban convertirse en residentes permanentes.