Camiones refrigerados repletos de migrantes sin papeles, grupos de personas abandonadas a su suerte en el desierto o una mujer traficada y explotada sexualmente. Las historias de horror de tantas personas que pasan la frontera de Estados Unidos sin papeles son variadas, pero muchas, tal vez la mayoría, tienen un factor en común: un traficante —el coyote, el pollero— que “facilita” la entrada al país. Para identificar y detener a los líderes de las mafias que hay detrás el Departamento de Justicia, con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional, creó en 2021 un grupo de trabajo especializado llamado Alpha. El grupo especial de investigaciones contra la trata y el tráfico de personas del Gobierno de Estados Unidos ha hecho balance de sus tres años de existencia y sus números muestran un aumento del 25% de las detenciones. “Si esto fuera un negocio diríamos que ha tenido un crecimiento excepcional. El grupo está realizando un trabajo de impacto”, afirma James Hepburn, codirector del programa.

Aunque reconocen que aún están en las primeras etapas y con muchas investigaciones en marcha, sus responsables se vanaglorian de haber conseguido más de 300 detenciones nacionales e internacionales, con 242 condenas a nivel nacional y 175 acusados que han recibido una imposición de pena. El equipo de trabajo especial opera desde su concepción con el objetivo de detener a los responsables del tráfico de personas que operan en el Salvador, Guatemala, Honduras y México. En las investigaciones colaboran cinco oficinas federales de la frontera sur que incluyen a California, Texas, Nuevo México y Arizona.

Además de detener a los responsables de las redes, el grupo tiene como objetivo prevenir el surgimiento de nuevos casos, que intentan conseguir con penas mayores a las habituales. Si normalmente las condenas por tráfico de personas se fijan entre cuatro y diez meses de prisión, las penas de los casos llevados por Alpha alcanzan los 405 meses.

Sus responsables defienden la imposición de condenas más altas como una medida disuasoria. “No queremos que sigan operando con impunidad”, afirma Ian Hanna, codirector de Alpha. Para aumentar las penas se tienen en cuenta agravantes, como que se transporten más de 100 personas, que haya alguna muerte o que trafiquen menores no acompañados.

La innovación del grupo, señalan sus responsables, es ir tras los cabecillas de estas organizaciones, no solo en Estados Unidos, sino también en el extranjero. “Si hay una conexión con Estados Unidos vamos a investigar, vamos a proceder y con nuestros socios en el extranjero vamos a extraditarlos”, afirma Hanna.

La elección de los casos a investigar llega por dos vías. Por un lado, la reactiva, cuando ocurre alguna tragedia, como un accidente de un tráiler que transporta personas ilegalmente. Por otro, la proactiva, que se centra en la información recabada por los países que colaboran y que en muchos casos llega por redes sociales.

El balance de Alpha se produjo un día después de que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva que cierra la frontera a los migrantes al pasar la barrera de 2.500 cruces ilegales por día. Hanna afirmó que es su “esperanza” que el decreto frene el tráfico de personas, pero se mostró escéptico de que lo elimine. También indicó que todos los carteles mexicanos tienen alguna relación con el movimiento ilícito de personas, con el tráfico de migrantes, pero no tanto con la trata de personas, que implica que haya una finalidad de explotación laboral o sexual.

Los responsables de Alpha, no obstante, subrayaron que el grupo no se ocupa de los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente, pues su objetivo son los cabecillas de las mafias que trafican con ellos.