Elon Musk anunció que abandona su puesto como asesor del presidente Donald Trump tras encabezar los esfuerzos para reducir y revisar la burocracia federal.
El multimillonario empresario publicó el miércoles su decisión en X, su página web en las redes sociales: “A medida que mi tiempo programado como Empleado Especial del Gobierno llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente @realDonaldTrump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo. La misión del @DOGE solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierta en una forma de vida en todo el gobierno”.
El DOGE, sigla del Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue una creación impulsada por Musk con el objetivo de reformar el gasto estatal. En sus primeros meses, el magnate sudafricano aspiraba a eliminar dos billones de dólares del gasto público, pero la cifra se redujo progresivamente a 150 mil millones.
En ese proceso, enfrentó resistencia dentro de la administración y múltiples litigios. “La situación de la burocracia federal es mucho peor de lo que pensaba”, dijo al Washington Post. “Sabía que había problemas, pero realmente es una batalla cuesta arriba tratar de mejorar las cosas en Washington, por decir lo menos”, mencionó.
La salida de Musk se produce un día después de que criticó la pieza central de la agenda legislativa de Trump, diciendo que estaba“decepcionado” por lo que el presidente llama su “gran proyecto de ley hermosa”.
La legislación incluye una mezcla de recortes de impuestos y una mayor aplicación de la inmigración. En una entrevista con CBS, Musk lo describió como un “proyecto de ley de gasto masivo” que aumenta el déficit federal y “socava el trabajo” de su Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE.
“Creo que un proyecto de ley puede ser grande o puede ser hermoso”, dijo Musk. “Pero no sé si podría ser ambas cosas”.
Desde la Cámara de Representantes, el presidente Mike Johnson agradeció públicamente a Musk: “La Cámara está ansiosa y lista para actuar sobre los hallazgos del DOGE”.
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El reciente estudio de WalletHub ha generado un debate sobre la calidad de vida familiar en el sur de Florida. Aunque Miami, Hialeah y Fort Lauderdale son destinos turísticos populares, el análisis las posiciona entre las 20 peores ciudades de EE.UU. para criar una familia en 2025.
WalletHub evaluó 182 ciudades con base en 45 métricas, agrupadas en cinco dimensiones clave: diversión familiar, salud y seguridad, educación y cuidado infantil, asequibilidad y situación socioeconómica. En el ranking general, Hialeah ocupa el puesto 173, Miami el 164 y Fort Lauderdale el 163, lo que las sitúa en el grupo de ciudades menos favorables para la vida familiar.
Este resultado contrasta con la imagen habitual de la región, que suele destacarse por su atractivo turístico y comercial. Sin embargo, el estudio pone el foco en factores esenciales para las familias, como el acceso a servicios básicos, la seguridad y el costo de vida.
Este informe podría influir en la percepción pública y en las decisiones de residencia de muchas familias en busca de un entorno más adecuado para la crianza de sus hijos.
Más allá del glamour y la vibrante actividad comercial, estos hallazgos invitan a reflexionar sobre las condiciones reales de bienestar en la región y el impacto que pueden tener en el futuro de las comunidades locales.
Protestas en Los Ángeles: El pueblo rechaza redadas a inmigrantes
Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad.
Miles de manifestantes salieron a las calles en Los Ángeles en rechazo a las redadas de ICE y al despliegue de tropas de la Guardia Nacional en varias comunidades de la ciudad. La tensión comenzó el pasado 9 de junio, cuando el gobierno federal decidió implementar una serie de redadas sorpresa en comunidades con alta concentración de inmigrantes, llevando así al arresto de más de 100 personas en los primeros operativos.
Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decidió llevar el asunto a los tribunales para bloquear el despliegue de tropas, considerando que era ilegal e inconstitucional y que vulneraba tanto los derechos de los inmigrantes como la autonomía del estado de California.
A lo largo de la semana, grupos de ciudadanos, comunidades latinas y asociaciones de defensa de los derechos humanos marcharon en varias zonas de Los Ángeles para expresar en forma pacífica pero contundente el rechazo de lo que consideran una persecución injustificada hacia los más vulnerables.
La mayoría de las protestas se han mantenido en forma pacífica, pero en determinados puntos se produjeron enfrentamientos aislados, detenciones y el uso de gas pimienta para dispersar multitudes. La opinión pública en el estado continúa muy dividida en torno a la gestión de esta crisis.