El fallo de la Corte de Apelaciones evitará que la ley antimigrante de Texas se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional.
Una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial, entre en vigencia mientras ese tribunal lo examina.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Este tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos -primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios- el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.
El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.
El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha argumentado que la SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.
Una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial, entre en vigencia mientras ese tribunal lo examina.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Este tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos -primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios- el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.
El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.
El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha argumentado que la SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.
”Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, entre otros factores, detalló en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.
La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara bloquearla temporalmente.
Una corte de apelaciones de EE.UU. rechazó la solicitud de Texas de permitir que su nueva y polémica ley migratoria SB-4, que le permite al estado arrestar y deportar migrantes en la frontera y se presta para la discriminación racial, entre en vigencia mientras ese tribunal lo examina.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “es una victoria importante para los derechos de los inmigrantes y evitará que la ley se aplique hasta que el tribunal decida si es inconstitucional”, señaló uno de los grupos civiles demandantes, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
Este tribunal de Nueva Orleans (Luisiana) escuchará los argumentos -primordialmente sobre la exclusividad del Gobierno federal en asuntos migratorios- el próximo miércoles 3 de abril sobre si debe confirmar la orden judicial.
El fallo permite que se mantenga vigente una decisión de un tribunal inferior, que bloquea la decisión de la SB-4 de entrar en vigor mientras el caso sea litigado.
El pasado 20 de marzo un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones celebró una audiencia sobre este caso que tiene enfrentados al Gobierno federal con el de Texas, liderado por el republicano Greg Abbott.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha argumentado que la SB-4 es una violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera, mientras que Abbott critica que el presidente Joe Biden tiene “abierta” la frontera.
”Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración (la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos) es exclusivamente un poder federal”, entre otros factores, detalló en el fallo, publicado la noche del martes, la jueza Priscilla Richman.
La decisión se produce después de días de agitación legal, durante los cuales la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la ley entrara en vigor durante unas horas antes de que el Quinto Circuito dictaminara bloquearla temporalmente.
De entrar en vigencia la ley, las policías a nivel estatal, de condado y local estarían autorizados para detener, encarcelar y procesar a los migrantes sospechosos de ingresar de forma ilegal a Estados Unidos.
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México ha entregado a EEUU a 55 líderes de cárteles de droga en operaciones secretas durante el 2025
El operativo incluyó sigilo extremo, drones de vigilancia y sustitución de personal penitenciario. Las autoridades temían fugas, atentados y motines de último minuto
En una de las operaciones conjuntas más ambiciosas entre México y EstadosUnidos, 55 líderes de cártelesmexicanos fueron entregados este año a la justicia estadounidense en dos misiones bajo estrictas medidas de seguridad. La acción, resultado de una presión diplomática ejercida principalmente por la administración de Donald Trump, representa un golpe a las estructurascriminales y un giro en la cooperación bilateral frente al tráficodedrogas.
De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), los reos trasladados representan las cúpulas de organizaciones como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Entre los extraditados figuran nombres emblemáticos como Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y prófugo de la justicia estadounidense por décadas.
Durante sus estancias en prisiones de México, estos reclusos contaban con redes de corrupción que les permitían acceso a armas, drogas, mujeres y dispositivostelefónicos. Según funcionarios estadounidenses y mexicanos, desde sus celdas coordinaban el envío de toneladas de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia EstadosUnidos, además de ordenar homicidios y secuestros.
El proceso de extradición se mantuvo en completo sigilo ante el temor de fugas, motines y posibles atentados contra los propios capos, quienes representaban riesgos de filtración de información sensible. “Nunca en la historia de nuestra agencia hemos visto la remoción de este nivel de criminales desde México”, señaló Derek Maltz, exjefe interino de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La transferencia de los líderescriminales requirió la movilización de 2.000 efectivos de fuerzas especiales mexicanas. “Fue una misión que no podía fallar. Cualquier filtración habría encendido alarmas y disparado la violencia”, aseguró un alto funcionario mexicano al WSJ.
El nivel de secreto fue tal que los propios detenidos desconocían su destino hasta pisar territorio estadounidense. “Welcome to America!”, exclamó Maltz al recibir al primer grupo de extraditados. Los raslados se ejecutaron en dos bloques: la primera hace nueve meses y la segunda en agosto. Los prisioneros desembarcaron en ciudades como Chicago, Phoenix, San Antonio, Nueva York y Washington D.C..
Entre los extraditados sobresalen los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, antiguos jefes de Los Zetas, organización responsable de una oleada de violencia. Conforme a fuentes oficiales mexicanas, los Treviño controlaban desde prisión una red de más de 600 internos y han sido vinculados al asesinato de 18 custodios penitenciarios.
Nicolás Maduro recurre a custodios cubanos y se esconde en múltiples lugares ante el temor de un ataque de Estados Unidos
El dictador chavista ha cambiado su rutina, teléfonos y lugares de descanso, y ha delegado responsabilidades clave de su protección en agentes de inteligencia de La Habana
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reforzado de manera significativa su seguridad personal, incluyendo el cambio de lugar donde duerme, y ha recurrido a Cuba, su principal aliado, ante la creciente amenaza de una intervención militar estadounidense en el país.
Así lo confirman varias personas cercanas al gobierno venezolano. Describen un clima de tensión y preocupación dentro del entorno íntimo del mandatario, aunque aseguran que Maduro considera que mantiene el control y que podrá superar este desafío, el más grave en sus 12 años de gobierno.
Para protegerse de un posible ataque de precisión o de una incursión de fuerzas especiales, Maduro ha cambiado repetidamente de lugar para dormir y de teléfono celular, según dichas fuentes. Estas precauciones se intensificaron desde septiembre, cuando Estados Unidos empezó a acumular buques de guerra y a atacar embarcaciones que la administración de Trump afirma que traficaban drogas desde Venezuela.
Para reducir el riesgo de ser traicionado, Maduro también ha ampliado el papel de los guardaespaldas cubanos en su equipo de seguridad personal y ha incorporado más oficiales de contrainteligencia cubanos al ejército venezolano, indicó una de las fuentes.
Sin embargo, en público, Maduro ha intentado minimizar las amenazas de Washington, mostrándose relajado y despreocupado, haciéndose presente en actos públicos sin previo aviso, bailando y publicando videos propagandísticos en TikTok.
Las siete personas cercanas al gobierno entrevistadas para este artículo pidieron el anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizadas a hablar con la prensa. El Ministerio de Comunicación de Venezuela, responsable de las consultas de medios, no respondió a la solicitud de comentarios sobre el artículo.
La administración Trump ha acusado a Maduro de liderar un “cártel narcoterrorista” que inunda a Estados Unidos de drogas, una narrativa que, según muchos funcionarios actuales y anteriores en Washington, busca en última instancia un cambio de régimen. Sin embargo, Trump ha combinado esas amenazas con menciones a una posible solución diplomática. Él y Maduro conversaron por teléfono el mes pasado para discutir una posible reunión.