Ha pasado un mes desde las elecciones presidenciales de Venezuela en las que las instituciones alineadas al régimen aseguraron, sin pruebas, que Nicolás Maduro habría ganado los comicios.

Desde la jornada del pasado 28 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país afirmó que Maduro se había quedado una vez más con el Palacio de Miraflores, en una contienda que lo enfrentó con el candidato de María Corina Machado, el opositor Edmundo González.

Ese supuesto resultado fue validado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que también está integrado por magistrados afines al régimen de Maduro, una resolución que las instituciones del chavismo validan pese a que las actas electorales en poder de la oposición dan cuenta del triunfo del candidato González.

En ese escenario, el informe Radar Colombia Venezuela del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, alertó sobre la grave situación que vive el país vecino, resaltando que los venezolanos están viviendo en medio de una agudización de la represión.

“Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se ha consumado el fraude electoral que ha dado el triunfo a Nicolás Maduro, en medio de protestas, de una feroz represión, del rechazo de la comunidad internacional democrática y de iniciativas de mediación que aún no han dado sus frutos por parte de países como Colombia y Brasil”, aseguró ese centro de estudios, que lleva 20 años haciendo seguimiento a la situación de Venezuela.

Los supuestos resultados electorales ya fueron proclamados por las instituciones afines al régimen y este comenzó una persecución contra los opositores, entre los que están la propia María Corina Machado y Edmundo González, quienes se han visto obligados a vivir en el anonimato ante el riesgo de ser encarcelados. Empero, la juramentación del próximo presidente de ese país será el próximo año, según el calendario electoral.

Por eso, el Observatorio de Venezuela señala que “todavía hay un margen de maniobra hasta el 10 de enero de 2025 cuando el nuevo presidente de Venezuela deberá asumir su cargo”.

Precisamente, los contactos diplomáticos, informes de organizaciones internacionales, movilizaciones que tengan lugar dentro y fuera de Venezuela y las pruebas que se presenten sobre esta situación son determinantes para definir qué pasará en el Palacio de Miraflores durante los próximos seis años.

En el reporte de Radar Colombia Venezuela los investigadores advierten que los resultados del 28 de julio dan cuenta del deseo de la población de poner fin a un ciclo político donde el chavismo ha venido progresivamente perdiendo base social.

“Las actuales autoridades venezolanas han optado por radicalizarse y, ante las protestas que se han generado en el país, ha desplegado una profunda y amplia represión”, escribió el Observatorio de Venezuela en el documento que se publicó este martes 27 de agosto.

Las estadísticas dan cuenta de la grave situación que se vive en Venezuela, donde ya se cuentan 1.377 detenidos entre julio y agosto (según la organización Foro Penal), 23 fallecidos en las manifestaciones (de acuerdo con la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU), perfilamiento de ciudadanos opositores a través de la “Operación Tun Tun” que lidera el régimen, casos de cancelación de pasaportes y acoso a los medios de comunicación, entre otras conductas.

“La andanada represiva está afectando seriamente el Estado de derecho en Venezuela, toda vez que se están produciendo desapariciones, detenciones y allanamientos de casas sin órdenes judiciales, se está anulando arbitrariamente el pasaporte a dirigentes políticos y ciudadanos comunes, se está despidiendo injustificadamente a funcionarios públicos, la Policía revisa los celulares de la gente en las calles y si encuentra algo en contra del Gobierno procede a detener o extorsionar a sus propietarios, por solo citar algunas de las medidas que se han tomado”, agregaron los investigadores.

Asimismo, llamaron la atención sobre que la izquierda democrática de la región quedó en medio de un debate entre ser cómplices de la dictadura, buscar la negociación o condenar los hechos que han ocurrido en ese país, como lo ha hecho el presidente de Chile, Gabriel Boric.