El fiscal de Puerto Príncipe, Bed-Ford Claude, que está a cargo del caso del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, emitió este martes cinco nuevas órdenes de arresto a un empresario, dos líderes políticos y dos pastores por considerarlos “sospechosos”.

Entre los señalados por el fiscal están el miembro del partido ‘Tét Kale’, al que pertenecía Moise, Liné Balthazar, así como el líder del partido Inifos, Paul Denis, además del empresario Samir Handal y los pastores protestantes Gérard Bataille y Gérard Forges, informa el medio haitiano ‘Alter Presse’.

Bataille y Forges han sido parte activa de protestas contra el presidente al formar parte de la denominada Comisión Protestante contra la Dictadura de Haití, según recoge el medio haitiano.

Las órdenes de búsqueda y captura fueron emitidas al acusarlos de “tentativa de homicidio, robo a mano armada y asesinato” en perjuicio del presidente. Recientemente, también se publicó una orden de búsqueda contra la jueza Wendel Coq Thélot.

Algunas voces y activistas de Derechos Humanos se han alzado contra estas decisiones al considerar que se tratan de “persecuciones políticas” e “ilegales”.

Moise fue tiroteado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano.

Más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos una veintena de ex militares colombianos y cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías.

TEMEN IMPUNIDAD

Pese a las detenciones realizadas hasta ahora en la isla por el magnicidio, muchos temen que el hecho pudiera quedar impune debido al deteriorado sistema judicial de Haití.

Los interrogatorios prosiguen mientras docenas de sospechosos, incluido un ex senador haitiano y un ex funcionario judicial, continúan prófugos. Sin embargo, el proceso judicial ya ha topado con tropiezos importantes, entre ellos amenazas de muerte y denuncias de alteración de pruebas.

Expertos e incluso la Oficina para la Protección de los Ciudadanos, una agencia gubernamental similar a una defensoría del pueblo, advirtieron que el país enfrenta muchísimas dificultades para manejar en forma adecuada un caso muy complicado.

“El sistema judicial continúa como rehén de ciertos sectores y debilitado por un cuerpo disciplinario… que protege a jueces deshonestos y corruptos, pero que persigue, mediante falsas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, a quienes son honestos”, señaló la agencia el domingo en un comunicado.

Brian Concannon, asesor del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, dijo estar preocupado de “tanto extravío intencional” mientras se avanza en la investigación del magnicidio.

“La gran cuestión es si habrá una estructura que pueda aportar la verdad”, señaló. “Es posible que haya personas buenas que lleguen a la verdad, pero hay bastante acción para desviar la atención, intimidación (y) personas que al parecer están manipulando la evidencia… No tengo confianza en que estemos acercándonos a la verdad con el proceso en marcha”.

La Oficina para la Protección de los Ciudadanos señaló que 32 homicidios importantes que se remontan a 1991 jamás fueron esclarecidos, incluidos los de ex funcionarios, abogados, académicos y periodistas. La oficina también ha acusado a jueces corruptos de liberar a sospechosos y subrayó que en las últimas dos décadas es notable la ausencia de procesos penales en casos importantes de homicidio.

(Con información de Europa Press y AP)

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