La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) emitió el miércoles 8 de octubre una alerta sobre una nueva estafa que afecta a millones de adultos mayores en Estados Unidos, quienes dependen mensualmente de los beneficios de Seguridad Social.

Según informó Newsweek, la advertencia destaca la aparición de cartas falsas que suplantan a la Corte Suprema de Estados Unidos, con la intención de obtener información personal y dinero de las víctimas.

Más de 70 millones de personas reciben pagos mensuales de la Administración del Seguro Social. De acuerdo con datos recogidos por Newsweek, la magnitud de la afectación hace particularmente vulnerable a la población de adultos mayores, que frecuentemente recibe intentos de fraude relacionados con estos beneficios.

La SSA OIG advirtió de manera contundente: “alerta: la SSA OIG advierte sobre una estafa de impostores gubernamentales usando cartas falsas de la Suprema Corte. No comparta información personal ni dinero“, se indicó en la red social X.

El engaño se materializa mediante una carta que aparenta ser un certificado oficial de la Corte Suprema de Estados Unidos, con firmas falsificadas del presidente de la Corte, John Roberts, y la jueza asociada, Sonia Sotomayor.

Según detalló Newsweek, el documento presiona a los destinatarios para que colaboren enviando dinero y datos personales, aduciendo supuestos procesos legales en los que resultan como sospechosos principales. Uno de los puntos más importantes del esquema radica en la personalización: la misiva va dirigida a nombre del destinatario e incluye su dirección, generando un falso sentido de urgencia.

Los estafadores aseguran que, conforme a supuestas “investigaciones” de la SSA y una agencia erróneamente nombrada como “Drug Enforcement Agency”, la víctima fue objeto de robo de identidad y que su número de Seguro Social ha sido comprometido. Además, la carta falsa advierte que la “Corte” ha solicitado congelar los activos financieros del destinatario y que el único modo de evitar consecuencias legales es cooperar completamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las exigencias del documento abarcan la prohibición de mantener más de 10.000 dólares en cualquier banco o poseer entre 80.000 y 100.000 dólares en inversiones.