Mientras que estados como Texas y Florida siguen implementando políticas antiinmigrantes, mediante la aprobación de leyes que permiten la detención y el castigo de personas indocumentadas, una ciudad en Pensilvania ha optado por una dirección completamente opuesta.

Las autoridades de Lancaster, Pensilvania, han aprobado políticas que les permitirán restringir su colaboración con las autoridades federales de inmigración. El consejo de la ciudad, conformado exclusivamente por demócratas, aprobó por unanimidad una orden que prohíbe a la policía local y a cualquier otro funcionario de la ciudad interrogar sobre el estatus migratorio de una persona.

Según esta orden, a menos que sea requerido por la ley estatal o federal, o bajo una orden judicial, las personas no estarán obligadas a revelar su situación migratoria. Esto contrasta con lo que ocurre en estados como Florida, donde las autoridades están obligadas a indagar sobre ese dato.

Además, se prohíbe proporcionar cualquier información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que pueda resultar en acciones civiles o no penales relacionadas con la ley de inmigración.

El objetivo de esta política es mantener a Lancaster como una ciudad donde los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados puedan sentirse seguros y tengan acceso a servicios públicos, así como la capacidad de denunciar cualquier delito cometido en su contra.

Jaime Arroyo, vicepresidente del consejo de Lancaster, mencionó a NBC que estas medidas no comprometerán la seguridad de nadie, ya que la policía seguirá cooperando con ICE si es necesario.

Las medidas respaldadas por Lancaster se basan en la Ley de Confianza, también conocida como Trust Act, que permite a los residentes, sin importar su estatus migratorio, transitar y acceder a los servicios públicos para sus familias sin temor. Varias organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su apoyo a esta ley, señalando que muchos indocumentados sienten temor ante cualquier contacto con la policía, preocupados por la posibilidad de ser separados de sus familias.

Lancaster sirve como ejemplo del respaldo a esta ley. Sus defensores consideran que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, merecen seguridad, protección y refugio. Sin embargo, las autoridades han aclarado que la ciudad no se considera un santuario, sino simplemente acogedora.

Según informa Telemundo, en Lancaster, el 40 por ciento de la población se identifica como hispana y alrededor del 11 por ciento tiene limitaciones en el dominio del inglés.