El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que permite a los gobiernos locales remover personas sin hogar de las calles e internarlas en centros de tratamiento sin su consentimiento, si padecen enfermedades mentales o representan un peligro para otros.

Puntos clave de la medida:

• Se prioriza la seguridad pública como eje central de la política.
• Se condicionan fondos federales a ciudades que prohíban el consumo de drogas y el acampe en espacios públicos.
• Se ordena a agencias como Justicia, Salud, Vivienda y Transporte a favorecer jurisdicciones con políticas estrictas contra la indigencia visible.
• No se incluyen garantías legales ni mecanismos de revisión judicial para quienes sean removidos, lo que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles.

Críticos advierten que esta medida podría criminalizar la pobreza y contradice principios del debido proceso legal, mientras que Trump la presenta como una estrategia para restaurar el orden urbano y reforzar su narrativa electoral.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció un endurecimiento de sus políticas migratorias, confirmando que arrestará a cualquier persona que se encuentre en el país sin documentos, incluso si no tiene antecedentes penales.

El jefe interino de ICE, Todd Lyons, explicó que aunque la prioridad sigue siendo detener a personas con crímenes graves, ahora se ha ampliado el espectro de acción para incluir a inmigrantes sin historial delictivo. Esto incluye los llamados arrestos colaterales, es decir, personas que no eran el objetivo principal de una operación pero que fueron encontradas sin estatus legal durante redadas en comunidades, lugares de trabajo o tribunales.

Desde enero de 2025, ICE ha deportado a 150.000 personas, de las cuales 70.000 tenían condenas, muchas por infracciones menores como tráfico o migración. Además, se retomaron las redadas laborales suspendidas por la administración anterior, con operativos en plantas de carne, hipódromos y granjas de cannabis, donde se detuvieron a cientos de personas, incluidos menores de edad.

Lyons también anunció que ICE perseguirá a los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, argumentando que estas prácticas pueden facilitar explotación laboral y tráfico de personas. El objetivo del gobierno es alcanzar un millón de deportaciones en un año, respaldado por una inyección presupuestaria multimillonaria aprobada por el Congreso.

Este giro ha generado preocupación entre organizaciones proinmigrantes, comunidades latinas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el impacto emocional, legal y económico de estas medidas.