En un giro inesperado en la crisis política que sacude Venezuela, el secretario nacional del partido opositor Acción Democrática (AD), Piero Moroún, fue detenido en Caracas la noche del viernes por agentes no identificados. La detención, ocurrida mientras Moroún cenaba con su familia en un restaurante a las 22:20 hora local (2:20 GMT del sábado), ha desatado una ola de protestas y condenas tanto a nivel nacional como internacional.

La noticia del arresto fue confirmada por Henry Ramos Allup, secretario general de AD, y la líder opositora María Corina Machado, quienes exigieron la liberación inmediata de Moroún. La detención se produce en un contexto de tensión creciente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que resultaron en la victoria del actual mandatario Nicolás Maduro, un resultado que ha sido ampliamente cuestionado por la oposición y por la comunidad internacional.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, denunció que la persecución contra los líderes opositores no cambiará la voluntad del pueblo venezolano, que votó mayoritariamente por el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia. Mientras tanto, el partido Primero Justicia ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro de violar los derechos humanos y de llevar a cabo una persecución sistemática contra aquellos que exigen el respeto a la voluntad popular.

El arresto de Moroún ocurre en un momento crucial, justo antes de que el antichavismo participe en una «protesta mundial» destinada a exigir justicia y el reconocimiento de la presunta victoria de González Urrutia. Esta protesta se enmarca en un contexto de intensas manifestaciones poselectorales, con más de 2.400 personas detenidas hasta la fecha.

A nivel internacional, 22 países junto con la Unión Europea han solicitado la publicación inmediata de todas las actas electorales y han instado a las autoridades venezolanas a poner fin a la violencia y liberar a los detenidos, incluidos los representantes de la oposición. El Consejo Permanente de la OEA también ha aprobado una resolución que exige a Venezuela respetar los derechos humanos y publicar las actas electorales de manera expedita.