Aunque en principio se dijo que la víctima se suicidó, la Fiscalía recopiló pruebas que indicarían que Jorge Enrique Pulido es el responsable del hecho ocurrido en Santa Marta, en 2018.

La investigación por la muerte de la profesora Gladys Rodríguez Cañón, quien trabajaba en el Liceo Pedagógico de Soacha, acaba de tener un giro total. La Fiscalía dejó de considerar que se trató de un supuesto suicidio tras una discusión de pareja y llevó a imputación al exesposo de Rodríguez, el ahora señalado feminicida Jorge Enrique Pulido Gaviria.

Rodríguez Cañón murió el 10 de octubre de 2018, tras caer de un apartamento ubicado en el piso 17 de un edificio de Santa Marta. En principio, las autoridades investigativas estimaron que se trató de un suicidio, pues Jorge Enrique Pulido así lo señaló, agregando que todo ocurrió en el marco de una discusión de pareja.

No obstante, el Cuerpo Técnico de Investigación asumió las actividades de policía judicial para obtener más claridad de lo sucedido, realizando entrevistas a personas allegadas a la víctima, encontrando que, según los conocidos, la profesora no tenía motivaciones para quitarse la vida.

“De otra parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses certificó que la mujer no se encontraba en estado de alicoramiento, ni había consumido sustancias psicoactivas o medicamentos que la incitarán a asumir un comportamiento en contra de su integridad”, señaló la Fiscalía en un comunicado.

Según indicó el fiscal del caso en la audiencia de imputación, por el delito de feminicidio, los investigadores realizaron análisis físicos y reconstrucciones de la escena en 3D, las cuales fueron contrastadas con las evidencias halladas en la escena. Concluyeron que Pulido Gaviria estaría mintiendo, que su versión inicial no coincide con las pruebas buscadas en el apartamento y que, en realidad, habría asesinado a su entonces esposa.

La Policía capturó a Pulido en las últimas horas y fue llevado ante un juez de Garantías, ante el cual le fue imputado el delito de feminicidio en condición de agravación. El procesado no aceptó el cargo, pero, por disposición del juez, fue decretada medida de aseguramiento en su contra en una cárcel.