Persecución en Cuba: la dictadura detuvo a familiares de presos de las protestas del 11J
Las fuerzas de seguridad del régimen de Miguel Díaz-Canel evitaron que las personas se dirigieran a la sede de la embajada de Estados Unidos, con motivo de la visita a la isla de la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.
El colectivo cubano Justicia 11J denunció este miércoles la detención de seis familiares de personas detenidas por manifestarse el 11 de julio de 2021, en las mayores movilizaciones contra la dictadura castrista en décadas en la isla.
Las detenciones se efectuaron –según esta organización– “para impedir su presencia” en la embajada de Estados Unidos en Cuba, en donde se encuentra una delegación del Departamento de Estado de visita en la isla.
Tres de los familiares ya han sido liberados y dos más no han podido abandonar sus casas por tener un cerco policial afuera de sus hogares, de acuerdo con la ONG.
El medio independiente El Toque agregó que los hechos ocurrieron este miércoles y que los involucrados intentaron ir a la sede de la embajada “con motivo de la visita” de la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala.
La norteamericana encabezó la delegación que celebró este martes en La Habana una ronda de conversaciones sobre migración irregular con representantes del régimen cubano, encabezados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio.
Los juicios -arbitrarios e irregulares- en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021 se han ido sucediendo en Cuba desde finales de ese mismo año.
Familiares de los condenados y ONG han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas de carácter ejemplarizante.
Los medios extranjeros, en tanto, no tienen acceso a los juicios. Amnistía Internacional solicitó sin éxito poder asistir a los procesos.
El Supremo cubano asegura que se ha observado el debido proceso en todas las causas abiertas a raíz del 11J.
Según la ONG Cubalex y Justicia 11J, tras las protestas del año pasado se han dictado cerca de 600 sentencias, algunas de hasta 30 años de cárcel.
Desde julio de este año se han registrado protestas en todo el país, sobre entre septiembre y octubre por los prolongados y frecuentes apagones y la gestión de los efectos del huracán Ian en el sistema eléctrico nacional.
El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), con sede en Miami (EEUU), contabilizó 589 protestas en octubre, cinco más que las que registró en julio de 2021.
La Fiscalía General de Cuba advirtió a inicios del mes pasado de que está investigando las recientes protestas y que los hechos delictivos “recibirán la respuesta jurídico penal que corresponda”.
Por su parte, seis manifestantes del 11J fueron sentenciados hasta con 13 años de prisión por “atentado, desacato y desórdenes públicos” mientras que una más fue sancionada con cuatro años de “trabajo correccional sin internamiento”. En conjunto, los sancionados acumulan 52 años, con una pena de cárcel menor de 7 años.
La sentencia, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, está fechada el 23 de septiembre y no es firme.
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Miles de migrantes estarían enfrentando consecuencias legales después de no presentarse a sus audiencias en tribunales de inmigración. En algunos casos, las personas aseguran que nunca recibieron correctamente los avisos con la fecha y el lugar de la audiencia.
Un estudio ha identificado situaciones en las que los inmigrantes recibieron posteriormente órdenes de deportación en ausencia y multas que pueden alcanzar hasta los 5,000 dólares.
El problema se relaciona, en parte, con fallas en el sistema de notificaciones postales y con cambios en las fechas o lugares de las audiencias. Para muchos inmigrantes, una notificación que no llega a tiempo puede tener consecuencias extremadamente graves.
Abogados de inmigración recomiendan que las personas con casos pendientes mantengan actualizada su dirección ante las autoridades, revisen constantemente el estado de sus procesos y consulten con un profesional especializado ante cualquier duda.
Nuevas guías emitidas por reguladores financieros estadounidenses advierten a las instituciones bancarias sobre los riesgos asociados con la concesión de préstamos a personas que no cuentan con documentación migratoria regular.
Aunque las directrices no necesariamente prohíben que los bancos otorguen créditos a inmigrantes indocumentados, sí podrían generar mayor cautela por parte de las instituciones financieras al evaluar solicitudes de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos bancarios.
Para muchos inmigrantes, el acceso al sistema financiero formal ya representa un desafío. La posibilidad de enfrentar mayores restricciones podría obligar a más personas a depender del dinero en efectivo, una situación que puede dificultar la compra de viviendas, vehículos y otros bienes importantes.
Organizaciones comunitarias advierten que limitar el acceso al crédito podría aumentar la dependencia de alternativas financieras más costosas y, en algunos casos, de prestamistas informales.