Una niña de cuatro años nacida en México, diagnosticada con síndrome de intestino corto, podrá permanecer legalmente en Estados Unidos por un año adicional, tras la intervención de autoridades migratorias estadounidenses.
La menor, identificada como S.G.V., había sido notificada en abril de 2025 de la revocación de su permiso humanitario, una medida que también afectó a su madre, Deysi Vargas. Ambas ingresaron legalmente a EE.UU. en julio de 2023 por razones médicas.
El caso fue reportado por distintos medios, luego de que la familia alertara que una posible deportación interrumpiría el tratamiento especializado que mantiene con vida a la menor. La condición médica, según médicos tratantes, requiere 14 horas diarias de nutrición intravenosa y no puede ser replicada en México debido a la falta de infraestructura hospitalaria y personal especializado para la atención ambulatoria.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó oficialmente el 3 de junio que la familia había recibido una extensión del permiso humanitario por un año, hasta el 1 de junio de 2026. La decisión llegó después de una campaña pública de respaldo, incluyendo una carta firmada por 38 legisladores del Congreso de EE.UU. y gestiones diplomáticas por parte del gobierno mexicano.
¿Por qué fue revocado el permiso humanitario de la niña mexicana?
Según NBC News, la familia recibió una notificación oficial en abril de 2025 informando que su permiso humanitario había sido cancelado antes de la fecha de vencimiento original, junto con la autorización para trabajar. El documento advertía que, si no abandonaban voluntariamente el país, serían sujetos a procesos legales y posibles acciones penales, multas civiles y deportación.
La revocación fue parte de una serie de medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, orientadas a revertir programas migratorios implementados durante el gobierno de Joe Biden. Los Angeles Times reportó que miles de personas en situación similar recibieron comunicados con el mismo contenido, incluyendo instrucciones para utilizar la aplicación migratoria CBP Home, un sistema promovido para la auto expulsión voluntaria.
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Un mes después de ser detenidos, Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen encarcelados en Nueva York, aguardando una audiencia judicial programada para marzo.
Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia
El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen recluidos en una cárcel federal tras declararse inocentes de los delitos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia de Estados Unidos, mientras aguardan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.
En ese contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes posponer la próxima audiencia del proceso penal. El órgano fiscal pidió al juez Alvin Hellerstein que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes, con el objetivo de resolver cuestiones logísticas y concluir el intercambio de pruebas con la defensa.
Maduro y Flores se encuentran presos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, salieron brevemente del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos ante un juez federal en un tribunal de Manhattan.
En esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, afirmó durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.
La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro decuatro delitos federales. Tres de ellos corresponden a conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. El cuarto cargo es por posesión de esas armas. En el caso de Flores, la imputación incluye otros cuatro cargos: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.
Las acusaciones forman parte de un amplio expediente presentado por la Justicia de Estados Unidos en 2020, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles, organización designada terrorista por Washington y que atribuía su liderazgo a Maduro. Sin embargo, tras la captura del ex mandatario, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no presenta a Maduro como su jefe.
Encalló un buque de desembarco de la Armada de Venezuela durante ejercicios de defensa
El navío Capana (T-61) quedó varado cerca de la costa de Falcón, con el casco sumergido por debajo de su línea de flotación habitual, sin posibilidad de recuperar la flotabilidad ni zafarse por sus propios medios
El buque de desembarcoCapana (T-61) de la Armada Bolivariana de Venezuela quedó parcialmente sumergido durante un ejercicio militar en aguas del estado Falcón, al norte del país, según imágenes difundidas en redes sociales.
En las tomas, el casco del navío aparece hundido por debajo de su línea de flotación habitual, con el agua alcanzando el número identificatorio del buque. El hecho ocurre menos de dos años después de que la nave recibiera una modernización integral.
Según los videos y fotografías tomadas desde la costa, el buque se desplomó de proa luego de encallar y no pudo recuperar su capacidad de flotación ni liberarse por sus propios medios. La embarcación quedó varada cerca de la playa, con el agua cubriendo parte importante del casco.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Defensani el Comando Estratégico Operacional de la FANB han emitido un comunicado sobre el episodio ni sobre la situación de la tripulación.
El Capana T-61 es uno de los cuatro buques de desembarco clase Capana-Alligator, encargados originalmente a astilleros de Corea del Sur en 1982 y en servicio desde 1984. Con un desplazamiento de 4.070 toneladas, 104,8 metros de eslora y una capacidad operativa para transportar hasta seis tanques o 18 vehículos blindados, estos buques están equipados para mover tropas y material en grandes volúmenes.
Su dotación regular es de 130 tripulantes, aunque en esta operación se estima que llevaba más de 300 personas entre militares y personal de apoyo, según reportes extraoficiales.
Entre 2020 y 2023, el ARV Capana fue sometido a una revisión de media vida en los astilleros nacionales DIANCA, culminando en abril de 2023. El proceso incluyó la modernización de sistemas de armamento, motores, compartimientos, comunicaciones, rampa de proa y cubierta de vuelo, entre otras áreas críticas.
“El barco fue actualizado y puesto nuevamente en servicio tras una amplia modernización que costó varios años”, informó un reporte oficial sobre las tareas de mantenimiento.