JOH, como se le conoce en Honduras, aún tiene cartas bajo la manga. El 21 y el 22 de marzo pasado, Ana Rosalinda García de Hernández, esposa del exmandatario, traspasó parte de los bienes familiares a FICOHSA, un banco hondureño, para intentar que el Estado no pueda confiscar bienes a la familia cuando Hernández sea extraditado a Estados Unidos.

En total, García de Hernández ha hecho traspasos de propiedades valoradas en 165.2 millones de lempiras, unos USD6.7 millones, según documentos del registro público hondureño en poder de Infobae. Además de las transacciones con FICOHSA, la exprimera dama había hecho en 2020 otra similar con el Banco Atlántida.

En los movimientos de estos millones de dólares están involucradas propiedades y sociedades que implican a toda la familia Hernández. Además de la expareja presidencial, aquí aparecen los nombres de Juan Antonio “Tony” Hernández e Hilda Hernández, hermanos del expresidente. Tony fue condenado y sentenciado en 2021 en Estados Unidos a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional por delitos de narcotráfico. Hilda, fallecida en 2017, fue el cerebro financiero del clan hasta su muerte en un extraño accidente aéreo.

Los documentos públicos que dan fe de los traslados de bienes a través de los bancos hondureños implican a la Sociedad Inversiones del Río S. De R.L, constituida en diciembre de 2010 por JOH y Tony y en la cual aparece como gerente y socia Ana Rosalinda García de Hernández, la exprimera dama; Hilda Hernández era socia también.

No todo el dinero traspasado a los bancos quedará en manos de la familia Hernández, según explicó un analista financiero consultado en Honduras, quien habló con Infobae bajo condición de anonimato. “El truco es que estos son bienes adquiridos con financiamiento de estos bancos. Ellos devuelven la propiedad, el banco se cobra lo que le deben y ellos se quedan con el resto del valor”, dijo el especialista.

Infobae también conoció que, en la burocracia hondureña, el trámite para inscribir una venta de inmuebles puede tardar entre dos semanas y un mes. En el caso de los bienes del expresidente, las inscripciones se hicieron en media hora.

Es imposible decir a ciencia cierta cuánto dinero en efectivo ha asegurado Juan Orlando Hernández en los últimos días. Lo cierto es, sin embargo, que ahora todas esas propiedades están a nombre de los bancos FICOHSA y Atlántida. Es decir, el banco se queda con las propiedades, lo cual las vuelve intocables para el Estado, y los Hernández se quedan con una parte del efectivo.

Hasta el pasado 22 de marzo, la exprimera dama García de Hernández, actuando como gerente general de Inversiones del Río, como representante de su marido y como deudora y dadora ante los bancos había traspasado ya cuatro propiedades. En general, lo que los bancos dieron por las propiedades que entregó García de Hernández excede con creces lo que la ex familia presidencial había pagado por ellas.

Consta en el instrumento público número 47 del registro público en San Pedro Sula, por ejemplo, que, el 22 de marzo de 2022, García de Hernández entregó al Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. (FICOHSA) un predio de 1,200 metros cuadrados por el que el banco pagó 14.5 millones de lempiras, unos USD 600,000. En 2006, según el instrumento público número 68 del 16 de marzo de ese año, Juan Orlando Hernández adquirió esa propiedad por USD 99,844.

El mismo 22 de marzo pasado, la exprimera dama entregó otro lote urbano a FICOHSA por 28.25 millones de lempiras, equivalentes a unos USD 1.16 millones. El expresidente Hernández había comprado ese lote en 2013 por USD 240,995, de acuerdo con el instrumento público número 50 del 3 de marzo de aquel año.

Un día antes, el 21 de marzo, García de Hernández había negociado dar en pago una finca rústica llamada El Higuerito, de 945,610.45 metros cuadrados, por 28.99 millones de lempiras, unos USD 1.8 millones. La misma Ana García había comprado la finca en julio de 2016 por poco menos de la mitad del precio en que la dio al banco.

Los tratos con FICOHSA incluyen otra cláusula ventajosa para los Hernández: el banco le da 12 meses para desocupar y entregar las propiedades. Es decir, la familia del expresidente podrá seguir utilizando los lotes y la finca que ya dio al banco aunque, en el papel, ya no sean de ellos.

Juan Orlando Hernández y su esposa, de hecho, habían empezado a deshacerse de sus bienes en octubre de 2020. Aún faltaba, entonces, tiempo para que el Partido Nacional de Hernández perdiera las elecciones y para que el presidente se quedara sin la protección judicial que le daba su cargo. A esas alturas, sin embargo, ya Tony Hernández enfrentaba en Estados Unidos un juicio por narcotráfico y empezaba a acumularse la evidencia que implicaba también a JOH en la empresa del tráfico de cocaína desde Honduras.

El instrumento público número 227 del registro público del 6 de octubre de 2020 da fe de que la entonces primera dama, en su calidad de gerente general de Inversiones del Río, otorga a Banco Atlántida, también bajo la figura jurídica de dación en pago, “diez caballerías de tierra, treinta manzanas y quince séptimos de caballerías de la finca conocida como San Francisco de Corral en el departamento de Olancho. En total, 945,610 metros cuadrados que el banco valoró en 41.2 millones de lempiras, unos USD 1.7 millones.

Para los movimientos más recientes, realizados con el Banco FICOHSA, los Hernández contaron con la complicidad del Estado hondureño, que Juan Orlando Hernández controló sin oposición hasta que su partido perdió la elección presidencial en noviembre del año pasado. Aun en marzo de 2022, cuando ya JOH estaba en una celda de la Policía Nacional (PN) en Tegucigalpa en espera de una decisión judicial que ratificara la petición de extradición hecha por Estados Unidos, su esposa pudo hacer el traslado de propiedades.

Las movidas de último minuto

Juan Orlando Hernández perdió su libertad la mañana del 15 de febrero de 2022, cuando salió de su casa en un barrio exclusivo de Tegucigalpa y se entregó al contingente de la PN y el ejército que lo esperaba afuera desde la noche anterior, cuando el Estado de Honduras dio por recibida la petición de extradición girada por un juez en Nueva York, Estados Unidos, para que el expresidente responda por tres delitos relacionados con el tráfico de 500,000 kilogramos de cocaína.

Pocas horas después de la captura, la Secretaría de Seguridad resguardó las propiedades de Hernández y su familia, en espera de que el Ministerio Público de Honduras certificara una orden de aseguramiento e incautación.

El 17 de marzo, casi un mes después de la captura, Manuel Díaz Galeas, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), pidió al Ministerio Púbico, a través de una carta oficial, “de manera inmediata solicitar ante el órgano jurisdiccional competente medidas de aseguramiento e incautación de todos los bienes que posea a su nombre el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, esto en razón de la solicitud de extradición presentada por el gobierno de los Estados Unidos, autorizada por el juez natural nombrado por la Corte Suprema de Justicia.”

Edwin Ortez, el juez nombrado para decidir sobre la extradición de Hernández, la había autorizado ese mismo día, el 17 de marzo. Dos días después, el 19, la defensa del expresidente presentó una apelación ante la Corte Suprema. La PGR, entonces, dio marcha atrás con la incautación de bienes.

A través de un comunicado, la Procuraduría informó que “en el marco del respeto al debido proceso y la legalidad, en vista del recurso de impugnación presentado por el ciudadano Juan Orlando Hernández y hasta tanto no se evacúe, el oficio dirigido al fiscal general Óscar Chinchilla queda sin valor y efecto”.

El Ministerio Público, dirigido por Chinchilla, un funcionario cercano a Juan Orlando Hernández, solo dijo que procedería en coordinación con otras agencias.

El limbo que Procuraduría y Fiscalía crearon abrió la ventana que la exprimera dama Ana García de Hernández no dudo en aprovechar para, entre el 21 y 22 de marzo, hacer los movimientos bancarios que blindaron parte del patrimonio familiar. El 28 de marzo, seis días después, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de extradición.

Así, los Hernández aseguraron parte de un patrimonio inmobiliario que, según investigaciones preliminares realizadas por Infobae y otros medios de comunicación en Honduras, consiste en al menos 109 bienes muebles e inmuebles, cuyo valor llega a los 226.6 millones de lempiras, unos USD 9.3 millones de dólares. La fortuna total del expresidente hondureño, sin embargo, puede ser mucho mayor, según un alto oficial de la fuerza pública de Honduras consultado.

Y, al parecer, los abogados de JOH aún no han agotado los intentos por retrasar la inminente extradición. El 29 de marzo, Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema hondureña, confirmó que la defensa del expresidente interpuso un recurso de amparo a la decisión tomada por la misma corte de confirmar la extradición. Esto puede dar más semanas a Juan Orlando Hernández en la celda hondureña en la que ahora pasa las noches.

Como fue el pleno de 15 magistrados de la CSJ el que conoció el recurso de apelación al fallo en favor de la extradición dado por el tribunal de primera instancia, todos deben de excusarse de conocer el amparo. Magistrados suplentes deberán, entonces, convocar al tribunal constitucional que decidirá sobre este último recurso judicial. Esto puede tomar varias semanas.

Mientras tanto, si la PGR y el Ministerio Público no cambian su decisión de no asegurar la incautación de los bienes de JOH y su familia, la exprimera dama podrá seguir negociando traspasos con bancos del sistema hondureño que, a juzgar por lo ya actuado, no tienen reparo alguno en recibir las fincas, lotes y propiedades del extraditable.

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