Desde el pasado 7 de febrero, docentes e indígenas de Asoinca (Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca) se encontraban acampando a las afueras del Capitolio, en Bogotá. Aunque en horas recientes líderes de la organización comentaron que no saldrían de allí hasta no llegar a un acuerdo con el Gobierno Nacional, en cabeza de Gustavo Petro, en la mañana de este 20 de febrero se reportó que ya se habría pactado un trato con la administración actual. Así se informó desde el Ministerio del Interior.

“Estuvimos hasta altas horas de la noche dialogando con ellos (maestros) y espero que en este momento estén en proceso de salida los representantes del magisterio del Cauca que estaban en la entrada del Capitolio. Ellos reclaman para tener una mejor salud, una mejor prestación del servicio y lo entendemos, pero claramente cualquier tipo de acción se tiene que dar dentro del marco de las autoridades competentes y previo a los estudios técnicos que demuestren las deficiencias que ellos han mencionado”, dijo Alfonso Prada, ministro del Interior, en Noticias RCN.

“Queremos ayudar en los estudios técnicos que nos muestren el camino para que lo más importante tenga salida, que es la salud de los maestros en el Cauca (…) Hubo acuerdo y el efecto por parte de ellos es que comienzan en este momento su retorno al departamento del Cauca y nosotros quedamos con el compromiso de realizar los estudios técnicos”, añadió.

Lo que se concluyó entre ambas partes es que a cambio de levantar el paro y regresar al Cauca, se hará un estudio técnico que llevará a tener un mejor sistema de atención en lo que respecta a la salud. Desde hoy, entonces, se espera que quienes se encontraban aglomerados en la Plaza de Bolívar de la capital colombiana abandonen ese espacio.

En una entrevista con Blu Radio, Dimas Sauca, presidente de Asoinca, explicó que las manifestaciones eran producto de la inconformidad que existe respecto al ‘pésimo servicio de salud’ que tienen los profesores que residen en Cauca. “Lo que estamos denunciando es que todo el sistema de intermediación no sirve, al final, lo que menos les interesa son los docentes y lo que buscan es acumular capital. 129 muertes de maestros del Cauca se habrían podido impedir si tuviéramos el acceso adecuado a salud. Pedimos una reforma al sistema”, aseguró en su diálogo con esa emisora.

Explicó que es necesario que el Estado analice que pasó desde 1989 con la ley 91, momento en el que se privatizó el servicio de salud para los profesores. “Estamos bajo un sistema criminal que se está convirtiendo en una especie de genocidio en contra el magisterio”, agregó Dimas en Blu Radio.

“Nosotros queremos que las directivas de Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) proclamen la región número 11 constituida por el departamento del Cauca y el municipio de Popayán como las dos entidades certificadas en educación, y de esa manera poder tener un seguimiento y control de lo que nos compete en cuanto al sistema de salud”, concluyó el directivo en su entrevista con ese portal informativo.

Mientras se hace público este anuncio, a través de sus redes sociales, el senador Jota Pe Hernández denunció que existe una supuesta financiación sobre aquellas manifestaciones. Para argumentar sus acusaciones, hizo públicos videos en los que se ve cómo se le estaría entregando dinero a unos manifestantes. Quienes entregan el efectivo, posterior a ello, llenan una planilla cuyo objetivo se desconoce.

“Se me acercó una persona a manifestarme que tiene conocimiento de algunas irregularidades que están ocurriendo en esta protesta. Estas personas tienen unos turnos de seis horas, se rotan y por estor turnos reciben 40.000 pesos y 100.000 pesos los que están en guardia; algunos de ellos tendrían en su poder armas blancas (…) Se ve claramente como les pagan con planilla en mano. Como senador mi deber es poner en conocimiento esto y solicitar a la Procuraduría que se investigue si hay irregularidades”, dijo el senador en testimonios recogidos por la FM.