La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH) denunció esta semana una masacre perpetrada por la coalición criminal Viv Ansanm (“Vivir juntos”) en la localidad de Laboderie, al norte de Puerto Príncipe, que dejó más de cincuenta personas muertas, decenas de viviendas incendiadas y cientos de familias desplazadas. La organización, una de las principales entidades locales dedicadas al monitoreo de abusos, calificó el ataque como “extremadamente cruel”, señalando que las agresiones estuvieron dirigidas deliberadamente contra la población civil.

“Hasta este domingo, los cuerpos de varias víctimas aún no se habían recuperado, mientras que cadáveres aún yacían en los matorrales, devorados por perros”, denunció la RNDDH en su informe. La organización también reportó que algunos sobrevivientes lograron refugiarse en comunidades cercanas, mientras otros escaparon por mar en canoas, intentando huir de la violencia.

Según la RNDDH, los atacantes justificaron la masacre acusando a los residentes de Laboderie de colaborar con la policía como informantes. No obstante, la organización subrayó que la población civil ha quedado atrapada entre facciones armadas sin acceso a protección estatal ni a recursos básicos.

Estos hechos se producen en un contexto de colapso institucional y crisis política aguda. Desde inicios de 2024, las bandas armadas han ampliado su control territorial, lo que provocó la renuncia del entonces primer ministro Ariel Henry en abril de ese año. Actualmente, según estimaciones de la ONU, aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está bajo dominio de pandillas, lo que ha intensificado el desplazamiento interno y generado un clima generalizado de temor e inseguridad.

El Consejo Presidencial de Transición órgano que asumió la jefatura del Estado tras la salida de Henry expresó su «profunda indignación» ante estos «actos bárbaros» a través de un comunicado oficial. En el documento, las autoridades hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para reforzar las capacidades estatales y responder tanto a la crisis de seguridad como a la emergencia humanitaria que vive el país.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó el “ataque brutal” mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que instó a la comunidad internacional a fortalecer el respaldo a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia. Esta fuerza, desplegada en Haití desde mediados de 2024, tiene como objetivo apoyar a la Policía Nacional Haitiana (PNH), que continúa operando con serias limitaciones de recursos y equipamiento.

A pesar de la presencia de la MMAS, las bandas han seguido consolidando su dominio sobre los principales núcleos urbanos del país. La falta de respuesta estatal efectiva y el acceso restringido de la ayuda humanitaria han profundizado la crisis, según organismos internacionales.

El informe de la RNDDH concluye que la situación en múltiples regiones de Haití sigue siendo «crítica», con comunidades enteras expuestas a ataques armados, desplazamientos forzados, despojos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ante esta realidad, la comunidad internacional reitera la urgencia de fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar operaciones efectivas que protejan a la población civil haitiana.

Hasta el cierre de este informe, las autoridades no habían podido recuperar todos los cuerpos de las víctimas, mientras que algunos cadáveres aún yacían en la zona de los matorrales, siendo devorados por perros. La respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, y muchos sobrevivientes han sido desplazados sin la posibilidad de acceder a recursos básicos ni a un refugio seguro.

El llamado a la comunidad internacional sigue siendo urgente, mientras las condiciones en Haití empeoran. La situación de inseguridad es cada vez más grave, y la población civil continúa siendo víctima de ataques y desplazamientos forzados sin una respuesta efectiva del Estado.