La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche de este martes la decimoprimera ampliación de un régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.

El gobierno salvadoreño solicitó la ampliación de la suspensión de garantías constitucionales, que se aprobó originalmente en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

Los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la petición, sin un estudio o discusión previa, con 67 votos de los 84 diputados.

“El país ya cambió, no vamos a dar un paso atrás, y es por los resultados exitosos que se están teniendo en la calle, en donde vamos a sacar a todos los pandilleros”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.

La medida suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.

“Transformar un país en el que no había justicia, es algo en lo que tenemos que trabajar fuertemente los tres órganos de Estado, liderados por nuestro presidente”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud de ampliación.

De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 64.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros, además de la incautación de 2.326 armas de fuego y 1,7 millones de dólares en efectivo.

Villatoro adelantó que “esta medida terminará hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas”.

La diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, se mostró en contra de ampliar la media y señaló que mantendrá su postura “mientras no hay un plan integral” y “respeto de las personas inocentes”.

Pidió que haya una “liberación pronta de inocentes y mecanismos que garanticen el debido proceso para que la Justicia llegue a las víctimas, no solo para sumar números”.

Ortiz recordó que existen propuestas, como el presentado por las madres de desaparecidos, para “dar respuestas” a las víctimas y que estas no se han abordado en el Congreso.

“Es muy fácil estar prorrogando el régimen de excepción cada mes, pero lo que es complejo es buscar realmente la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas de estos delitos gravísimos de parte de los grupos del crimen organizado”, subrayó.

Criticó que “no hay una solución que se vea en el corto plazo”.

El régimen de excepción se aprobó horas después que el presidente Bukele asegurara, en un mensaje en Twitter, que el país “ha llegado a 300 días sin homicidios”, sin brindar estadísticas.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57% menos que en 2021.

Human Rights Watch (HRW) sugirió al gobierno de Bukele a finales de 2022 “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo “con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”. La respuesta del presidente fue un tajante “no”.

Recientemente, el gobierno inauguró en el sureste del país, en las afueras del poblado de Tecoluca, una megacárcel donde serán recluidos 40.000 presuntos pandilleros y que ha sido denominada “Centro de Confinamiento del Terrorismo” (CECOT).

(Con información de EFE y AFP)