Donald Trump es desde el jueves el primer expresidente de la historia de Estados Unidos condenado en un juicio penal. Un jurado de Manhattan lo halló culpable por unanimidad de 34 delitos derivados de la ocultación de pagos a su abogado para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña electoral de 2016, que ganó por sorpresa. Queda ratificada así la novedosa teoría del fiscal, discutida por los expertos, de que al ocultar esos pagos Trump buscaba influir en las elecciones, lo que eleva la falsedad contable a un delito electoral. Este viernes, en una comparecencia con aire de mitin, Trump dijo que el juicio estaba “amañado”, cargó contra el juez y el fiscal y anunció que recurrirá la decisión.
Los delitos por los que ha sido condenado acarrean penas de hasta cuatro años de cárcel. La sentencia se conocerá el próximo 11 de julio, apenas cuatro días antes de que sea previsiblemente aclamado como candidato del Partido Republicano a la presidencia por tercera vez, algo que será por sí mismo insólito sin contar con el hecho de que puede ir a la cárcel. La ausencia de antecedentes juega a su favor, pero la actitud desafiante ante la justicia hace muy real esa posibilidad. Las leyes no impiden a Trump ser candidato desde la cárcel, incluso ser presidente. Suena disparatado, pero ese es el circo asfixiante en el que Trump mantiene la democracia estadounidense desde hace una década.
Hace solo un año, la mera posibilidad de imputar un delito a un expresidente era un debate teórico entre constitucionalistas. El sistema judicial no se había enfrentado a esa situación en 250 años de democracia, en los que ha habido presidentes de toda calaña. Pero ninguno de ellos había forzado así los límites legales, ni se había aprovechado con tanta desfachatez de la reverencia con la que EE UU trata a sus jefes de Estado. El desprecio de Trump por la ley le ha llevado a estar imputado en otras tres causas penales: en Florida (por los papeles sustraídos de la Casa Blanca), Washington (la incitación al asalto al Capitolio) y Georgia (el intento de revertir el resultado electoral de 2020). Ha sido una causa menor en un juzgado local de su ciudad la que le ha convertido finalmente en un convicto.
Es un perfecto ejemplo de igualdad ante la ley ver a Trump en el banquillo como un ciudadano más, con todas las garantías de un proceso judicial, desvestido del aura prepotente con la que transmite cierta imagen de invencibilidad. Un jurado popular lo ha condenado, y si no está de acuerdo, tiene derecho a presentar un recurso, como cualquiera de sus compatriotas. No vale con discursos insultantes para excitar a sus seguidores. La tormenta retórica no puede distraer de lo esencial. Trump es, ahora sí, oficialmente, un delincuente.
La campaña presidencial entra en un terreno desconocido. Hay evidencias de que los procesos judiciales, lejos de perjudicar al líder republicano, están fortaleciendo el apoyo de sus bases. Minutos después del veredicto, pedía dinero a sus seguidores declarándose “preso político”. Pero que Trump no pierda votantes no significa que los gane. Nadie puede predecir en este momento el efecto de esta situación inaudita sobre la campaña. Esto explica la prudencia de los demócratas, que han renunciado ya a tratar de escandalizar a unos votantes curados de espanto y se centran en el mensaje de que un regreso de Trump a la Casa Blanca amenaza la democracia misma, entendida como el imperio de la ley. Esa y no otra es la verdadera cuestión, y no la puede resolver ningún juzgado, sino los votantes en las urnas.
